Deuda estatal: pública pero sin freno

La iniciativa de Felipe Calderón sobre Contabilidad Gubernamental obligaría a transparentar pasivos; la norma no controlará el endeudamiento, pero se sabrá el destino de los recursos, dicen expertos.
javier lozano  (Foto: Notimex)
Isabel Mayoral Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La iniciativa de Contabilidad Gubernamental que el presidente de México envió el sábado al Senado no detendrá el endeudamiento en el que han incurrido los estados y municipios -que al segundo trimestre de 2012 rebasa 400,000 millones de pesos-, coinciden expertos.

"Con esta propuesta preferente, por primera vez los gobiernos locales y municipales estarán obligados a transparentar información presupuestal y contable para que la gente sepa de dónde salen esos ingresos, cuál es su fuente, en qué se gastan, cómo, para qué y qué resultados obtienen de la aplicación de esos recursos", detalló el senador del PAN, Javier Lozano.

"No es una reforma que vaya a imposibilitar el endeudamiento, sino que va a transparentar el uso de los recursos", acotó el coordinador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Diego de la Mora.

"Esta reforma no habla de regular el endeudamiento de los estados y municipios y no tendría por qué hacerlo, porque ya hay otras que están abiertas para este tema, pero abona a una mayor transparencia y eso es positivo", dijo por su parte el director de Finanzas Publicas de Fitch, Humberto Panti.

Para el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, esta iniciativa obliga a la Federación, las entidades y los municipios a transparentar todos sus pasivos y a comprometer flujos de recursos futuros, sin que hoy necesariamente se contemplen como un pasivo que deba tener la atención del Congreso.

El funcionario precisó que la propuesta incluye un modelo específico de sanciones a quien dolosamente no proporcione ni haga pública la información, y si como resultado de esa omisión se genera un perjuicio patrimonial en cualquiera persona distinta a la entidad.

Javier Lozano destacó que la iniciativa toca diversos puntos relevantes, entre ellos que toda la información deberá presentarse de forma homogénea.

"En algunas leyes de ingresos de los órdenes de gobierno se señalan algunas operaciones que no son deuda, pero son pasivos y mientras sean pasivos con independencia de si son clasificados o no como deuda, deberán incluirlos", refirió.

Los gobiernos locales y municipales deberán registrar forzosamente documentos que justifiquen y comprueben el gasto para que  haya un control mínimo y prevenir de malversaciones y desvíos de recursos públicos.

Se establece que los pagos que realicen los gobiernos deberán ser por medios electrónicos y "con ello vamos a poder rastrear fácilmente el dinero", agregó el ex secretario del Trabajo.

"Los estados tendrán que abrir una cuenta específica para cada fondo, programa, subsidio y convenio", adelantó.

En los gasto de educación y salud los gobiernos van a tener que indicar plazas, gastos de nomina, personal comisionado del sindicato, licencias, estímulos, pagos adicionales y bonos, para ver qué hacen con ese dinero.

Las sanciones a estados y municipios

Javier Lozano puntualiza que las sanciones son las que ya prevé la misma legislación, sobre todo dependiendo si se trata de recursos federales. "Son sanciones donde más les duele -que puede ser en cuanto a transferencias, participaciones federales-, pero también las que sean aplicables conforme a la legislación y de acuerdo a las autoridades de cada uno de los estados de la Republica".

El director de Finanzas Publicas de Fitch, Humberto Panti, precisa que la ley contempla sanciones de origen civil, penal y ciertas multas.

"También habla de una obligación para que no solamente los funcionarios que operan o hacen ciertas irregularidades sean sancionados, sino los superiores que autorizaron a que se realizara ese tipo de actividades. Son puntos importantes de llamar la atención", subraya el experto de la calificadora Fitch.

"Se le da un poco más de potestades a los órganos de la Auditoría Superior de la Federación y a las  auditorias estatales; sin embargo,  en ese tema veo que esos órganos de auditoría están obligados nada más a revisar e informar; hay que trabajar para que se detecten irregularidades en forma más expedita".

Para Diego de la Mora, de Fundar, la iniciativa es buena y de ser aprobada por el Congreso sería positiva porque habría avances en términos de transparencia presupuestaria.

Sin embargo, resalta que la reforma de armonización contable lleva ya casi 4 años tratando de implementarse y aunque se han dado algunos avances sigue muy atrasada. "Se supone que a finales de 2012 los estados ya deberían haber implementado esta reforma y lo han hecho solo algunos; ahí hay un problema de implementación".

Agregó que en la reforma "faltaría la parte de Ingresos, información sobre la base gravable, la distinción entre qué parte de ingresos aportan las personas físicas y morales qué tanto aportan hombres, qué tanto aportan las mujeres, cosas que no están publicadas y podrían ser parte del paquete".

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"En la parte de Egresos hay cosas similares. No se habla de techos presupuestarios, anteproyectos, sí hay un avance considerable, porque la reforma lo que hace es poner un piso mínimo muy similar al que publica la SHCP para todos los estados y municipios, pero no va más allá de lo que ya se publica actualmente para los recursos federales", aseguró.

En su opinión, hay alguna obligación específica sobre la deuda, pero no es una ley que diga cómo usar los recursos. "Más bien, lo que hace es solicitar una serie de información que tiene que estar publicada con relaciona a la deuda, pero también a otra parte del presupuesto como el gasto, ingresos entre otros".

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