La IP apoya reforma laboral

Un México moderno no puede depender de una Ley del Trabajo que data de 1970, afirma el CEESP; del total de personas ocupadas en México, sólo 35.4% tiene acceso a instituciones de salud, agrega.
trabajadores  (Foto: Notimex)
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

La reforma laboral que necesita México debe flexibilizar las condiciones de contratación, pues redundaría en un estímulo del mercado interno, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo sostuvo que la dificultad de crear nuevos empleos es un problema, pero también lo es la baja calidad de los existentes y los que se han generado, lo que inhibe el repunte del mercado interno.

Ya se comprobó que la situación actual del sector laboral no ha contribuido al proceso de crecimiento económico y bienestar de la población, afirmó en su reporte semanal "Análisis económico ejecutivo".

Por ello, señaló, este es el mejor momento para concretar los cambios que se requieren y aprovechar la disposición que se percibe en las diferentes fracciones políticas por lograr los mejores acuerdos para el país.

Un México moderno no puede depender de una Ley del Trabajo que data de 1970, las condiciones actuales son diferentes a las de hace poco más de cuatro décadas, apuntó.

"Es evidente que una reforma laboral debe apoyarse en un ambiente en el que prevalezca el Estado de derecho, una regulación eficiente y reducidos costos, de tal manera que flexibilice las condiciones de contratación, tanto para empresas como para trabajadores", indicó .

Esto implicaría un estímulo del mercado interno en materia de crecimiento, productividad, competitividad e inversión, subrayó.

Aseguró que parte importante de la meta de un crecimiento económico por arriba del 6.0% anual se apoya en un mercado laboral eficiente.

De no consensar acuerdos en materia laboral, advirtió, se desalentaría la creación de nuevos trabajos formales, y se fortalecería el empleo mal remunerado, sin prestaciones y poco productivo a través de una mayor informalidad.

Además, seguirán sin registrarse mejoras en la productividad laboral por el hecho de que los incrementos salariales o compensaciones continuarán dependiendo mayormente de la antigüedad y no del desempeño de los trabajadores.

Expuso que la inseguridad jurídica prevalecerá debido a la dificultad de dirimir los problemas legales que se presenten en temas como contratación y despido por parte de las empresas, pero también ante la demanda de derechos de los trabajadores.

Afirmó que el desafío más importante que enfrenta la economía mexicana es la posibilidad de crear los empleos que se requieren para cubrir las necesidades de la población que cada año se integra al mercado laboral.

Aunque México ha logrado un nivel de estabilidad macroeconómica importante, no ha sido suficiente para generar el ambiente propicio en el que las empresas cuenten con incentivos para abrir más puestos de trabajo y mejores condiciones de contratación, abundó.

Refirió que este entorno se complica cuando se observa que el país atraviesa por un periodo de transición demográfica, ya que entre 2006 y 2028 la Población Económicamente Activa (PEA) será mayor que la población dependiente, de tal manera que el mercado laboral se verá más presionado por la cantidad creciente de personas en edad de trabajar.

Para cumplir el objetivo de mejorar el mercado laboral formal se requieren mayores esfuerzos, pues no sólo se trata de aumentar el número de plazas disponibles, sino también su calidad; es decir, empleos que además de ofrecer mejores ingresos, cuenten con seguridad social, lo que incidiría en la informalidad que existe en el país, anotó.

De acuerdo con las cifras oficiales, expuso, al cierre del segundo trimestre de 2012 la población ocupada total en el país ascendió a 48.4 millones de personas, de las cuales 29.3% se concentró en la informalidad; es decir, 14.2 millones.

Esta cifra representó un aumento de 830,000 personas tan sólo respecto al mismo lapso del año pasado, en tanto que en 2005 el porcentaje de informalidad fue de 28.1%, añadió el organismo.

Indicó que la precarización del empleo se distingue cuando del total de ocupados en el país, sólo 35.4% tiene acceso a instituciones de salud, cuatro décimas de punto porcentual menos que en el segundo trimestre de 2005.

El aspecto salarial también refleja un importante deterioro, pues del total de ocupados que reciben ingreso (se excluyen los rubros de quienes no reciben ingreso y los no especificados), 90.4% percibe hasta un máximo de cinco salarios mínimos; es decir, subsisten con 3,630 pesos al mes.

El CEESP puntualizó que resolver la problemática del empleo en términos de cantidad y calidad requiere de una economía más dinámica y un ambiente de negocios mucho más favorable en el que las empresas tengan importantes atractivos para generar empleos formales.

Reducir los costos de contratación formal automáticamente eleva el costo de colocarse en la informalidad, aseguró el organismo.

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