Pensiones en México: reformas o crisis

México corre el riesgo de enfrentar un choque en sus finanzas públicas similar al que vive Europa, si no toma medidas para garantizar los pagos de los trabajadores que cobrarán una pensión en las próximas décadas, advierten especialistas.

El país necesitará 12.78 billones de pesos -equivalentes al 97% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2010- para garantizar los pagos de las pensiones hacia 2050, pero sólo cuenta con tres opciones para lograrlo: combatir la informalidad, elevar la recaudación o renegociar los sistemas pensionarios con los sindicatos, a decir de los expertos.

"A menos que el PIB crezca sustancialmente o los ingresos del Gobierno crezcan como porcentaje del PIB, habrá un choque en las próximas décadas", afirma el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Tapen Sinha en el estudio "Estimación de las futuras obligaciones de pensiones del Estado Mexicano".

La deuda en los esquemas de pensiones públicos abarca a los trabajadores del ISSSTE, IMSS, Pemex, los gobiernos estatales y las fuerzas armadas, detalla el documento.

El actual esquema pensionario mexicano se basó en dos supuestos: que la gente cobraría una pensión por pocos años, y que habría un empleo remunerado para todos, por lo que se podría estar cotizando y contribuyendo a la seguridad social, agrega el economista Pedro Vásquez Colmenares.

"(Sin embargo) los gastos aumentaron porque envejeció la población, hay más pensionados que viven más y cobran durante más tiempo", señala el experto. "En México, el 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) es informal, no tiene un trabajo estable, legalmente reconocido, y por lo tanto no cotiza a la seguridad social", agrega.

En los últimos tres sexenios, el Gobierno mexicano ha concretado reformas a los sistemas pensionarios del IMSS en 1997 y del ISSSTE en 2007, pero aquellos que no han cambiado seguirán añadiendo presión a las finanzas públicas a un ritmo mayor.

Además, la longevidad no esperada en la población es calificada como "un riesgo financiero para los Gobiernos y los proveedores de planes de pensiones, quienes deberán pagar más de lo esperado en beneficios de seguridad social y pensiones", advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre la estabilidad financiera mundial de abril pasado.

En medio de la crisis financiera de deuda que azota a Europa, Portugal tuvo que congelar las pensiones y el salario de los funcionarios para contener el déficit, mientras que Grecia, en su más reciente paquete de austeridad incluye un recorte a los salarios y pensiones, alza en edades de jubilación, además del aumento en los impuestos. En España, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció a fines de septiembre que utilizaría 3,063 millones de euros de un fondo de reserva para pagar las pensiones.

En México, la gran mayoría de los 4 millones de pensionados actuales está en el formato de pensiones de reparto, donde los trabajadores activos financian las pensiones de quienes están retirados.

Este esquema genera un riesgo por la composición demográfica del país, pues en el futuro habrá menos trabajadores que financien los beneficios de quienes reciban pensiones, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su reporte de la Cuenta Pública 2010.

"Para el año 2050, 15 de cada 100 mexicanos estará en edades preescolares y escolares, mientras que los adultos mayores representarán 25 de cada 100 habitantes del país", destaca la institución.

Abatir la informalidad o negociar

Elevar la recaudación fiscal y reducir el número de personas que viven en la informalidad es más complicado que negociar con los sindicatos las reformas a sus sistemas pensionarios, asegura el académico del ITAM, Tapen Sinha. 

"Supongamos que con magia podemos quitar a los informales y convertirlos a la economía formal. Van a pagar impuestos y la recaudación del Gobierno va a aumentar, como le sucedió a los Estados Unidos en los años 30. El problema es que desde 1980, el sector formal está estancado al 30% de la población económicamente activa", explica.

"La única solución que veo es renegociar la parte de pensiones que el Gobierno ha prometido; eso no le gustaría a nadie", añade.

Al cierre del segundo trimestre de 2012, cerca de 14.2 millones de mexicanos encontraban sustento en la economía informal, por lo que carecen de un esquema que les garantice un ingreso durante su vejez. Esto provoca que el Gobierno deba crear programas como "Seguro Popular" y "Setenta y Más", que son financiados con recursos públicos y sus presupuestos deben ser aprobados por el Congreso.

"La informalidad alta implica que esos trabajadores no están afiliados a un sistema de pensión público y no están contribuyendo a este tipo de pensiones. Por otro lado, estos programas públicos no cubren a toda la población y se tiene que recurrir a programas de transferencia, eso va generando distorsiones que incentivan más la informalidad", señala el académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Alejandro Villagómez.

Para el ex director del IMSS, Santiago Levy, se trata de la ejecución de malas políticas económica y social.

"La seguridad social contributiva se convierte en un impuesto al trabajo asalariado (...), y la seguridad social no contributiva genera un subsidio al empleo informal, porque se le dice a alguien ‘si tú no tienes un empleo formal, te regalo un beneficio social, pero si tienes un empleo formal te lo quito y luego te lo cobro'", indicó el ex funcionario el pasado 19 de septiembre en el foro "A 15 años de la reforma del sistema de pensiones en México".

Pese a la magnitud del problema, parte de la falta de acción para resolver el problema pensionario se debe a la naturaleza de los ciclos político-administrativos en México. Por ejemplo, un presidente municipal que dura tres años en el gobierno no tiene tiempo para hacer los estudios y negociar con sus trabajadores su propio sistema pensionario, explica Vásquez Colmenares.

Prueba de la necesidad de hacer reformas es el esquema pensionario de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La paraestatal enfrenta un alto riesgo para cubrir los pagos a sus trabajadores pensionados, pues éstos, a diferencia de quienes cotizan en el IMSS, no hacen alguna contribución para su retiro y la paraestatal toma como base el último salario recibido y los años de servicio, de acuerdo con el economista Pedro Vásquez Colmenares.

"(En Pemex) tienen pensiones muy altas, pero no contribuyen un solo centavo, nunca han dado nada, viven 100% de prestado", dice el economista.

Vásquez Colmenares urge a una reforma para garantizar los pagos, pero advierte oposición por parte de los empleados de la paraestatal.

"El contrato colectivo de trabajo tiene beneficios inusuales dentro del mercado laboral mexicano. Esos beneficios muy generosos nadie los quiere perder, yo creo que además de la oposición que tuviera el sindicato, una natural dificultad es que los trabajadores de Pemex entiendan que su sistema es por definición inviable".

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