Reforma hacendaria: ahora o nunca

Los cambios al marco hacendario de México ya no admiten demoras y aunque pueden implicar decisiones políticas difíciles son necesarios para sostener las finanzas del Gobierno y demostrar a los contribuyentes que sus recursos serán bien utilizados, coinciden fiscalistas.

"La recaudación debe tener un destino correcto y transparente, además de responsabilidad del gasto o de las inversiones dirigidas a crear más infraestructura y generar más fuentes de trabajo", destaca el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.

La reforma debe ser tanto del lado del gasto como del ingreso a nivel federal, estatal y municipal , menciona.

Para poder apoyar las iniciativas que prevé el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el PRI modificó el pasado 3 de marzo sus estatutos básicos. Gracias a esos cambios, los legisladores priistas podrán votar libremente en el Congreso de la Unión a favor de generalizar la tasa de 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para alimentos y medicinas.

Para el segundo semestre de este año, particularmente para el periodo de sesiones que comienza el 1 de septiembre, se espera que el Ejecutivo envíe al Congreso las propuestas de reformas fiscal y energética.

Y aunque faltan varios meses para ello, la discusión ya comenzó. Posturas a favor y en contra se han vertido desde distintas trincheras políticas.

El viernes pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que "hoy nuestro compromiso es mover y transformar a México; tenemos que mover todo lo que se tenga que mover: la gente, la mentalidad, las instituciones".

El esfuerzo fiscal requerido (de recaudación), como mínimo, es de al menos 4% del Producto Interno Bruto (PIB), e incluso podría ser más, estima el analista de Accival Julio R. Zamora, para quien los objetivos serán difíciles de conseguir eligiendo entre un aumento de la base gravable o un incremento de las tasas impositivas.

"Consideramos que la reforma fiscal necesitará una combinación de mayores impuestos y medidas para aumentar la base tributaria, así como una mayor simplificación y supervisión. Además, deberá impactar tanto a compañías como a individuos, incluyendo los causantes menores o pequeños contribuyentes", subraya en un análisis.

Los básicos de la reforma

También se necesitará una mayor simplificación para reducir los incentivos al empleo informal, así como abordar la transición de informalidad a formalidad. Además, la eficacia de los gastos gubernamentales también debería incluirse en la reforma.

El presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del  IMEF, Felipe León Gámez, plantea dos escenarios para la reforma fiscal: la ideal y la posible. Esta última estará dentro del rango de lo que los propios actores políticos puedan negociar, sobre todo en el tema del IVA.

En cambio, la reforma ideal debe ser una que generalice el IVA a medicinas y alimentos, dejando la tasa en 16%, y disminuir el ISR a rangos de 28% o 25%.

En la parte del ISR lo ideal sería que desapareciera el IETU y que se incorporara dentro del primero como un impuesto mínimo, pero ya no tener dos impuestos a las ganancias.

"Consideramos que estos tres impuestos serían la columna vertebral de nuestro régimen de recaudación, los demás gravámenes complementarios como a cigarros, cerveza, alcohol y demás, no son tan relevantes para la recaudación del Gobierno", indica.

El analista aclara que el esquema de la reforma fiscal ideal parte de la base de que el dinero extra que tenga el Gobierno lo dedique a planes que van directamente a la gente que menos tiene. "Es la forma de transferir la riqueza de quien más tiene y consume y paga más impuesto a quien menos tiene y ni siquiera puede consumir. Por lo tanto tiene que ser sujeta a programas sociales".

Anticipa que los puntos álgidos de la reforma serán IVA, ISR y el IETU. "Vamos a ver una reforma fiscal y será importante, pero estará sujeta a muchas negociaciones. Creo que puede llegar a (recaudar) unos 300,00 millones de pesos anuales".

"Esperamos una reforma que realmente corrija nuestro sistema fiscal. Siguiendo la tendencia mundial, se debe revisar el régimen de los impuestos indirectos que tenemos en México, gravar todos los productos incluyendo alimentos y medicinas, y quizás no a la tasa generalizada de 16%, sino a una menor como sucede en algunos países europeos", agrega el socio de Impuestos Corporativos de KPMG México, Manuel Rico.

IETU e ISR, un solo impuesto

En materia del ISR se debe revisar el IETU -que no es un motivador real de la inversión en México- para que sea un gravamen mínimo en el ISR, que permita la deducción de intereses y mano de obra y que sea complemento, señaló Manuel Rico.

"El IETU no permite la deducción de algunos conceptos como los intereses. Si un inversionista quiere iniciar un nuevo negocio lo tendría que estar financiado prácticamente con capital propio, lo cual es imposible en un ambiente real de negocios", precisa.

"Es evidente que los ingresos del erario público tienen que salir de los impuestos, pero al mismo tiempo los impuestos deben tratar de fomentar la inversión", destaca.

Pedro Carreón, de la firma consultora PwC, recomienda que se deberían verificar todas las exenciones y tasas diferenciadas en materia del IVA y ver si su existencia se justifica. Por ejemplo, exenciones a la educación, en venta de casa habitación nueva.

La tasa diferenciada que existe en las fronteras de 11% y la del resto del país de 16%, si en realidad es bueno tenerlos o es mejor tener una tasa única para evitar tentaciones de operaciones dudosas en la frontera con el único objeto de bajar la tasa.

Alimentos y medicinas es todo un tema que el fiscalista considera si prospere o no, pero en su opinión es conveniente que algunos alimentos no gocen de la tasa cero porque en realidad a quién beneficia es a la gente que tiene recursos para poder gastar de manera importante en alimentos.

Aunque hay pocos detalles de la reforma fiscal, dice Banamex, existen algunos requisitos que ayudan a definirla como que tendrá que buscar recursos para reemplazar los fondos que Pemex invertirá en exploración y producción para aumentar sus reservas, desarrollar sus tecnologías de aguas profundas y de fracturación hidráulica (fracking), y explotar nuevos yacimientos.

También tendrá que recaudar recursos para financiar los objetivos de seguro social propuestos por la administración, los cuales podrían incluir la separación de los seguros de desempleo y de salud y pensiones de las contribuciones laborales (de compañías y empleados), financiando estas tres partidas con impuestos generales.

Además tendrá que simplificar la legislación fiscal de México, aumentando la eficacia de la recaudación de impuestos y reduciendo los incentivos al empleo informal. Según el INEGI, el 60% de la población económicamente activa de México pertenece al sector informal, definidos como trabajadores que no reciben beneficios del seguro social.