La deuda estatal une al PRI y al PRD

Javier López, del oficialismo, presentó iniciativa para controlar la contratación de créditos; Mario Delgado, senador opositor, señaló que el secreto bancario no ampara la deuda subnacional.
javier lopez mario delgado  (Foto: Especial / Cortesía ADN Político)
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se unieron, cada quien en su Cámara, para pronunciarse por un mayor control y transparencia en la deuda estatal El diputado Javier López Zavala ( PRI) presentó una iniciativa de reforma para fijar límites en la contratación de créditos, luego de denunciar que en los últimos 12 años el saldo de estados y municipios creció más de 130% al pasar de 106,000 millones de pesos a casi 244,000 millones de pesos sin que se conozca su destino, las tasas y las razones.

Por su parte, el senador Mario Delgado sostuvo que el secreto bancario no es aplicable en las deudas estatales y municipales, por lo que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán proporcionar en breve detalles de toda la deuda subnacional solicitada bajo la Ley de Transparencia.

En este sentido, el PRI presentó el 12 de febrero en el Congreso un proyecto de reforma que busca meter en cintura a los estados y municipios imponiendo límites a su desordenado endeudamiento que, de seguir creciendo, podría sacudir las finanzas nacionales.

Senadores del partido oficialista presentaron la iniciativa, que modificaría la Constitución para prohibir a las autoridades locales contratar deuda, a menos que los recursos sean destinados a proyectos de inversión pública productiva.

En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció 27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer en febrero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

López Zavala propuso reformar los artículos 115 y 117 de la Constitución para que con nuevos mecanismos se garantice un tratamiento homogéneo e integral de la rendición de cuentas, frenar la deuda, modificar la distribución de los recursos federales y fijar porcentaje máximo de endeudamiento.

Precisó que las legislaturas de los estados aprobarían la deuda pública que se contrate para el estado o ayuntamiento, y se destinará exclusivamente a inversión pública productiva; es decir, obras públicas, adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa de las entidades públicas del estado o municipio.

La reforma, que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, establece que se podrán contraer compromisos hasta por los montos del 50% de las participaciones programadas. El diputado aseveró  que el proyecto generará certidumbre entre los posibles inversionistas y proveedores de servicios.

En tanto, Mario Delgado insistió en que la información de deuda pública es de libre acceso, pues se va a pagar con los ingresos tributarios de los mexicanos.

En estas semanas, el Senado está por dictaminar en Comisiones las diversas iniciativas de reformas constitucionales presentadas para regular las deudas de estados y municipios -una de ellas de Delgado- por lo que es importante que el público en general y los legisladores en particular "contemos con información de los registros de la deuda pública, pues esto nos permitirá conocer su situación real de manera estadística y con datos que den plena certeza de las condiciones financieras actuales".

Detalló que la información solicitada es sobre los créditos reportados por las instituciones de crédito que hayan otorgado a entidades federativas y municipios, ya sea de corto, mediano o largo plazo, durante los  ejercicios 2009 a 2013.

Se  pide que de cada operación se reporte nombre de la institución que otorgó el crédito; estado o municipio acreditado; monto, plazo, tasa y comisiones del crédito; garantías otorgadas; reservas constituidas por parte de la institución de crédito para cada operación; calificación otorgada al estado o municipio para el otorgamiento del crédito; fecha en la que se contrajeron las obligaciones financieras, y señalar si la operación forma parte de la cartera vencida o presenta retraso en el pago.

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