Deuda de estados, un desorden financiero

La falta de controles empeora la opacidad en que operan gobiernos estatales y municipales: expertos; se desconoce con exactitud a cuánto ascienden los pasivos y es un tema que urge resolver,...
deuda  (Foto: Thinkstock.)
Isabel Mayoral Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La falta de controles y reglamentos para supervisar la deuda en la que han incurrido los estados y municipios, y que ha contado con la displicencia del Gobierno federal, ha permitido que la opacidad en las cifras genere abusos entre gobernadores y presidentes municipales, advierten expertos.

"Hay mucha desorganización en el tema de endeudamiento. Hasta ahorita nadie tiene la responsabilidad legal de generar un reporte detallado y esa opacidad ha permitido grandes abusos, como en el caso de Tamaulipas y Tabasco", dice el senador por el Distrito Federal, Mario Delgado.

Al cierre del primer trimestre de 2013, la deuda de estados y municipios -únicamente de largo plazo- ascendió a 436,242.3 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En 10 años, el aumento en este concepto es de 246%.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) precisa que la cartera de créditos de la banca múltiple y banca de desarrollo con estados y municipios (incluye deuda de corto plazo) fue de 376,382 millones de pesos al cierre de febrero.

El senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) indica que la cifra más detallada es la deuda estructurada que reporta la SHCP; se desconoce a cuánto ascienden los pasivos de corto plazo, la tasa que se cobra, el plazo y el destino de los recursos.

"Como no se tiene ningún reporte que informe de los créditos de corto plazo, éstos incluso pueden ser dos o tres veces (más) los 436,000 millones de pesos del dato que da a conocer Hacienda", advierte el senador.

La CNBV no está incluyendo en su reporte las emisiones bursátiles que son aproximadamente 60,000 millones de pesos más, agrega la directora de calificaciones de estados y municipios de Standard and Poor's (S&P), Daniela Brandazza.

De ahí que las cifras de la SHCP son las que más se acercan al monto de financiamiento real de las entidades, pero habría que agregar la deuda de corto plazo que tienen los bancos, la cual es más inestable y menos transparente de conocerse.

Brandazza considera que en México el tema de la situación financiera de los subsoberanos tiene más que ver más con la transparencia fiscal -cómo se manejan los recursos públicos- y con el acceso al financiamiento de una forma más sustentable, que con el monto de deuda, y eso necesita fortalecerse para que puedan impactar positivamente en la calificación en los próximos años.

Estima que para 2013 el monto de deuda de las entidades subsoberanas en México pueda representar alrededor de 30% de los ingresos operativos, en promedio, cuando hay entidades en España, por ejemplo, que superan 130% de los ingresos, pero las calificaciones se están acercando, son entidades que empiezan ya a ser comparables.

El punto de diferencia estructural (entre entidades mexicanas y españolas) es que el marco institucional, el manejo de deuda, el acceso de financiamiento es mucho más sólido en España, aunque con situaciones fiscales más débiles y niveles de deuda mucho más elevados.

Opacidad, la madre de todos los vicios

Con relación a las participaciones federales, las obligaciones financieras reportadas a marzo pasado representan 81.5%, cifra que si bien es menor a la de diciembre pasado (86.1%), en 2003 significaban 54.7%, en 2003.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de la SHCP, hay entidades cuya deuda rebasa 100% de las participaciones federales. Tal es el caso de Coahuila (285.2%); Quintana Roo (208.9%); Nuevo León (197.2%); Chihuahua (167.5%), o Veracruz, con más de 124%.

El senador Mario Delgado argumenta que la opacidad permite que haya muchos abusos por parte de algunos funcionarios y algunos bancos. Si la información se hace pública, entonces podrá cuestionarse a los estados y municipios por qué contratan los créditos, a qué tasa, las comisiones y por qué un banco presta más caro o más barato en un estado que en otro.

La reforma para regular la deuda de estados y municipios (que aprobó el Senado, pero que la Cámara de Diputados rechazó) debe ser prioridad por el tamaño de los escándalos en los que han incurrido algunos subsoberanos, pero el senador cree que si los datos reales salen a la luz pública "será un buen acicate, porque así todos nos enteramos".

En las investigaciones que ha realizado encontró créditos con una tasa de interés de 18%, a lo que califica de locura, por ser un préstamo avalado con participaciones federales.

Incluso, dice que hay créditos de corto plazo que no se reportan a Hacienda y pone el caso de Tabasco, que a septiembre de 2012 declaró una deuda de 1,800 millones de pesos, pero tenía un pasivo de corto plazo de 4,000 millones de pesos no registrado.

CNNExpansión buscó a la CNBV para confrontar los datos del legislador, sin obtener respuesta.

El regulador financiero tiene la información sobre las cuentas de todos los créditos de corto plazo, que incluye quirografarios y líneas de crédito revolvente de los estados y municipios, pero muchas veces el pasivo de corto plazo no se reporta, indica Delgado.

Es una deuda oculta que termina poniendo en duda y riesgo la solvencia financiera de algún estado o municipio, de ahí la necesidad de incorporar en un reporte consolidado esa información y tener en el listado todos los créditos, tanto de corto como de largo plazos.

Ricardo Corona, coordinador de deuda pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) menciona al respecto que no hay un incentivo para que los estados y municipios generen mecanismos que aumenten su recaudación.

Ellos reciben su dinero seguro del Gobierno federal y eso da lugar a que algunos municipios lleguen a contratar deuda incluso para cubrir su gasto corriente, como son los salarios de sus trabajadores.

Deuda, ¿una bomba de tiempo?

Los estados y municipios se amparan en su "famosa autonomía, que no puede ser invadida", indica Corona, si es así entonces también tiene una responsabilidad y deben cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de sus recursos; "pero parece que es algo que se les olvida".

"De entrada, con independencia de lo que generen Hacienda o la CNBV, los estados son autoridades y están obligadas a transparentar información y en ello se encuentra el cómo gastan los recursos públicos y cómo se endeudan", expone el experto del IMCO.

De acuerdo con su informe de transparencia de estados 2012, sólo 3 de 32 entidades mencionaron cuál es el saldo de su deuda, dos comentaron la tasa de interés que pagan; 4 indicaron con qué banco contrataron el crédito, y ninguna mencionó el plazo de contratación de la deuda. Ahí ya hay muestras de opacidad.

Aunque avala la posición de la autoridad, que señala que la deuda equivalente a 3.0% del PIB estatal no es un riesgo, si se siguen tolerando las condiciones bajo las cuales se da esa contratación, sí puede detonarse un problema.

En julio de 2011, CNNExpansión informó que por lo menos 150,000 millones de pesos (mdp) de deuda contratada por estados y municipios fue ocultada por sus respectivos gobiernos en los últimos años, de acuerdo con la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República.

Al primer trimestre de ese año, las obligaciones financieras de los gobiernos subnacionales ascendieron a 315,000 millones de pesos y "con mucha certeza puedo decir que la Comisión estima que al menos un 50% adicional serían pasivos ocultos, otros 150,000 millones de pesos adicionales", dijo el entonces senador panista Ramón Galindo, quien presidía esa comisión.

El 3.0% del PIB no es riesgoso, incluso hay países como Estados Unidos o Brasil que están cerca de 20%, pero las condiciones en las que se están dando las contrataciones de deuda pueden llevar a que el siguiente año salgan seis casos como los de Coahuila o Tabasco, y ahí ya se empezarán a generar problemas que incidirán en afectaciones al sistema financiero nacional.

Cada quien recibe cifras distintas, pero el sujeto obligado inicial, quien debe publicar en principio este tema de manejo de finanzas públicas, son los mismos estados y municipios. Esto es algo que hemos intentado empujar en el IMCO, puntualiza el investigador.

"Cómo es posible que municipios reciben 3,000 millones de pesos de presupuesto al año y lo publican en tres líneas diciendo cómo lo van a gastar, sin desglosar en qué lo van a gastar, ni cuanto deben, ni cuánto emiten de deuda y uno o dos años después, brincan problermas como la quiebra de Acapulco. Ahí es donde está esa responsabilidad que deben cumplir estados y municipios", expone Ricardo Corona del IMCO.

El director de Finanzas Públicas de la calificadora Fitch Ratings, Gerardo Carrillo Aguado, también está de acuerdo cuando se dice que la deuda de los subsoberanos no es un riesgo sistémico que ponga en riesgo las finanzas a nivel nacional, y que la mayoría de estados y municipios todavía pueden acceder a mayores niveles de endeudamiento y continuar siendo financieramente viables.

Para el experto, el tema que sí consideran preocupante es que ha habido una cantidad no despreciable de estados -6 o 7- y algunos municipios grandes con presupuestos de más de 1,000 o 2,000 millones de pesos al año, que han incurrido en endeudamientos de manera no necesariamente responsable y siguiendo criterios no prudenciales.

"A lo mejor pensamos en  un estado, luego fueron dos, ahora son 7 que han seguido esta trayectoria. Ciertamente, si se mantuviera la tendencia y en vez de 7 estados tuviéramos 25 con problemas de este tipo ya estaríamos hablando de un asunto quizás a nivel nacional".

Tras un informe que Fitch dio a conocer en septiembre de 2011 ya se hablaba de la conveniencia de emitir lineamientos prudenciales para la contratación de deuda y establecer topes con relación a los presupuestos locales, que debieran cumplirse en cuanto a razones de endeudamiento.

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No solo eso, también destacaron entonces que el origen de todo ese desequilibrio muchas viene por el lado del gasto y mencionaban que -desde su punto de vista- se debería o se podría obligar a las entidades  subnacionales a destinar cuando mucho un porcentaje de sus ingresos a gasto corriente y dejar un porcentaje libre para gasto de inversión, un poco para tener flexibilidad en el largo plazo, subraya Carrillo Aguado.

"Sentimos que sí debería existir una regulación, desafortunadamente dejarlo al mercado (...) hemos visto que el mercado no ha podido autorregularse".

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