Rousseff propone una consulta

El Gobierno convocará a un plebiscito sobre la reforma política que exigen los protestantes; los manifestantes anuncian marchas para este miércoles.
dilma  (Foto: AP)
BRASILIA (Reuters) -

El Gobierno brasileño anunció este martes que antes de octubre convocará a un plebiscito sobre la reforma política que se exige en las calles, aunque eso no aplacó a los "indignados" que volvieron a manifestar y anuncian grandes protestas para el miércoles.

La mandataria Dilma Rousseff dedicó el día a analizar su propuesta con diversos sectores del país, pero recibió más rechazos que adhesiones y pareció que su idea agonizaba antes de nacer.

Pero al caer la noche tomó forma y finalmente será un plebiscito, aunque sin la Asamblea Constituyente que había planteado el lunes.

"No hay tiempo para realizar una Constituyente", como este lunes propuso Rousseff, y la "Cámara de Diputados se manifestó en contra", por lo que "la única convergencia posible es el plebiscito", dijo el ministro de Educación, Aloizio Mercadante.

La decisión de convocar la consulta en ese plazo obedece a que se pretende que la reforma política esté en vigor para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebrarán en octubre del 2014 y, según la ley, para eso debe ser aprobada un año antes.

En el plebiscito, los brasileños opinarán sobre diversos aspectos de la reforma, como si la financiación de las campañas debe ser sólo pública o tener participación privada, aunque Mercadante aclaró que las preguntas serán definidas en los próximos días, incluso junto con los líderes de la oposición.

"Queremos una reforma política con una amplia participación popular", aseguró.

El anuncio fue hecho en medio de nuevas protestas, convocatorias de otras manifestaciones para el miércoles y la adhesión de los sindicatos al malestar, con un llamado a una "jornada de luchas" para el 11 de julio próximo.

La decisión de Rousseff pareció espolear al Parlamento, que desde hace quince años discute la reforma política sin ningún resultado y este martes anunció su intención de desempolvar una serie de proyectos que tramitan desde hace años y están en línea con las exigencias de las manifestaciones, que claman por mejores servicios públicos.

En relación a la reforma política, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, declaró que el legislativo "no quiere" llegar al extremo de una Asamblea Constituyente.

"La cámara va a hacer ese debate, pero no quiere que sea por la vía de una Constituyente, porque eso retardaría más una discusión que el Congreso tiene que hacer y debe hacer", declaró Alves, quien se comprometió a resolver el tema en el segundo semestre.

Más allá fue el presidente del Senado, Renan Calheiros, quien dijo que esa cámara discutirá sendos proyectos de ley que proponen destinar el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) a la salud y el mismo porcentaje para la educación, cuya pésima calidad también es blanco de los manifestantes.

Calheiros también pidió votar proyectos que agravarán las penas para los delitos de corrupción y otro que destina la totalidad de las regalías que genere el petróleo que yace en aguas profundas del Atlántico a la educación, tal como pide el Gobierno.

Además, dijo que si se aprueba ese proyecto el petróleo podría financiar el transporte gratuito para todos los estudiantes, que fueron quienes iniciaron las protestas precisamente por un aumento de la tarifa de autobús.

Pero mientras en el Congreso se vivía ese frenesí de anuncios de intenciones, en las calles las protestas no cesaban.

Sin la intensidad de jornadas anteriores, los indignados tomaron las calles de una veintena de localidades y al caer la noche las protestas se mantenían en varias ciudades, como Montes Claros, en el estado de Minas Gerais, donde se concentraban unas 10,000 personas.

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, vivió una jornada de tensión, pero no por las protestas, sino por las que están convocadas para mañana en torno al estadio Mineirao, donde las selecciones de fútbol de Brasil y Uruguay jugarán una semifinal de la Copa Confederaciones, contra la que también apunta la indignación.

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Diversos movimientos sociales han convocado a protestas frente al estadio y calculan que serán respaldadas por unas 100,000 personas.

La policía de Minas Gerais ha asegurado que no permitirá que los manifestantes se acerquen a menos de tres kilómetros del estadio y aseguró que, si pretenden hacerlo, "el combate será inevitable".

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