Nueva York ‘pelea’ con agencia Reuters

El estado indaga los tiempos de divulgación de la información que brinda la empresa a sus clientes; la investigación podría ser una oportunidad para ajustar las leyes sobre el uso de datos.
reuters1  (Foto: Cortesía de Fortune)
Roger Parloff
FORTUNE -

Esta semana quedó manifiesta la confusa interrelación entre las leyes estadounidenses -cargadas de excepciones sobre las operaciones con información privilegiada- los agresivos fondos de cobertura y las universidades y empresas periodísticas hambrientas de recursos.

Todo a propósito de las negociaciones entre el Fiscal General del Estado de Nueva York, Eric Schneidermanm, y Thomson Reuters, que llegaron a un punto muerto provisional mientras las autoridades investigan la liberación anticipada de Thomson de ciertos datos de confianza del consumidor capaces de mover el mercado a favor de los clientes que pagan una prima.

En espera de los resultados de la investigación, Thomson acordó no permitir que sus clientes premium vean los resultados de la encuesta bisemanal de confianza de los consumidores dos segundos antes de dar la misma información a los suscriptores ordinarios (que sigue siendo, por cierto, cinco minutos antes de que el resto de nosotros, pobres mortales, recibamos esos datos).

Estas prácticas inusuales -o, quizá prácticas no tan inusuales, dependiendo de lo que Schneiderman descubra- fueron destacadas en una historia del 12 de junio de Eamon Javers de CNBC, y luego exploradas más ampliamente al día siguiente en un artículo de primera plana del Wall Street Journal por un equipo de reporteros encabezado por Brody Mullins.

Las revelaciones también fueron objeto de una demanda de un denunciante, presentada en un tribunal del estado de Nueva York en abril pasado, que fue lo que impulsó la investigación de Schneiderman, de acuerdo con una fuente en su oficina.

La Universidad de Michigan publica los resultados de la encuesta al público en general los viernes a las 10 de la mañana a través de un comunicado de prensa. Sin embargo, Thomson paga a la universidad más de 1 millón de dólares al año por el derecho exclusivo de distribuir esas mismas conclusiones cinco minutos antes, a las 9:55 de la mañana, a sus suscriptores. (En ese momento, los resultados comienzan a filtrarse al público en general a través de diversos medios de prensa que a su vez son suscriptores de Thomson Reuters, incluyendo Dow Jones y The New York Times).

Antes del anuncio del lunes, Thomson "también" daba a conocer los resultados de su encuesta dos segundos antes, a las 9:54:58, en un formato legible por máquina a ciertos clientes premium: fondos de cobertura que se especializan en operaciones de alta velocidad. Tales fondos son capaces de negociar millones de acciones dentro de esa pequeña ventana de ventaja inicial. Según el Journal, la suscripción premium cuesta 5,000 dólares al mes, más otros 1,025 dólares por el cargo de conexión. Thomson Reuters dice que sus prácticas habían sido completamente reveladas.

"Thomson Reuters cree firmemente que las empresas de noticias y comunicación pueden distribuir legalmente datos no gubernamentales y noticias en exclusiva a través de los servicios prestados a los suscriptores que pagan una cuota", dijo la compañía en un comunicado. "En general, se entiende que las empresas de noticias y comunicación compiten por las noticias exclusivas y por contenido diferenciado para ayudar a sus clientes a tomar decisiones de inversión y comercio mejor informadas".

Dudas

Las prácticas de divulgación selectiva no violan las leyes federales de tráfico de información privilegiada, aunque puedan parecer a muchos lectores como dolorosamente injustas. (Vamos a explicar por qué a continuación). En lugar de eso, el Fiscal General Schneiderman está escudriñando las revelaciones bajo una ley estatal mucho más amplia, conocida como la Ley Martin, que puede ser utilizada para castigar o prohibir las prácticas comerciales desleales, incluso sin demostrar la intención de defraudar. (Cuando era fiscal general, el exgobernador Eliot Spitzer utilizó la Ley de Martin ampliamente).

Sin embargo, ni el anuncio del lunes de Schneiderman ni la declaración de Thomson Reuters sugirieron que alguien tenga la intención de aprovechar la ventaja inicial de cinco minutos que los suscriptores reciben rutinariamente sobre el público que no paga.

Lo cual nos lleva a dos preguntas obvias. ¿Reconoce Schneiderman que no hay nada de malo respecto a la divulgación temprana y selectiva a los suscriptores? No sorprendería si fuera así debido a que muchas organizaciones de noticias de negocios cobran una prima por proporcionar información que potencialmente puede mover al mercado antes de que los clientes no premium puedan tener acceso a ella. (El artículo del WSJ al respecto reconoció que su propia editorial, Dow Jones, "envía cierto contenido exclusivo reporteado por su personal de noticias a los suscriptores premium antes de su publicación en sus cables generales de noticias o en su sitio web").

Si la respuesta es sí, eso nos lleva a la segunda pregunta obvia. Si no hay nada malo con esa forma de preferencia de primer nivel (los 300 segundos de ventaja inicial otorgada a los suscriptores normales), ¿qué hay de malo con la preferencia de segundo nivel, los dos segundos extra de adelanto otorgados a los clientes que pagan más?

"Yo no diría que (la ventaja de cinco minutos para los suscriptores ordinarios) está bien", dice la fuente dentro de la oficina del Fiscal General. "Estamos investigando todas estas distintas prácticas de tiempos de divulgación variados". Dijo que no podía comentar más porque es una investigación en curso. Añadió que la investigación "podría también incluir casos que no relacionados con Thomson Reuters".

Aunque ninguna de las partes está en condiciones de decirlo, una distinción muy probable entre el estado de las preferencias de primer nivel y las preferencias de segundo nivel en la situación de Thomson Reuters podría ser qué tan "plenamente revelada" fue cada una. La ventaja de primer nivel otorgada a los suscriptores de Reuters era muy conocida, y de hecho había provocado, según el artículo del Journal, quejas por parte de su rival Bloomberg durante algún tiempo. Pero la ventaja de segundo nivel parece haber estado lejos del conocimiento común. Fue revelada solamente aquí, en un enlace que, como señaló la historia de CNBC, "puede ser encontrado en la página de producto 'Noticias de lectura mecánica' de su página web, bajo el menú desplegable de 'componentes de la suite'. En la medida en que los suscriptores de primer nivel no sabían de la existencia del segundo nivel premium, podrían sentirse justificadamente engañados sobre el valor de lo que estaban recibiendo.

Responsabilidades

¿Por qué Thomson Reuters y sus suscriptores no están violando las leyes de información privilegiada? ¿No está Thomson Reuters beneficiándose de la divulgación de información material no pública a personas que planean operar con base en ella antes de que sea pública?

Hay muchas respuestas interrelacionadas a esas cuestiones, pero las más importantes son éstas. En primer lugar, no hay una "ley (federal) de abuso de información privilegiada" per se, así que lo que constituye la información privilegiada ilegal ha sido determinado por los jueces en una base caso por caso, mediante la interpretación de una estatuto estándar que prohíbe el "fraude" en la venta de valores. El fraude requiere de astucia y el engaño. Los tribunales han decidido que la mera negociación con una ventaja de información material no puede equivaler a "fraude" (porque no hay engaño involucrado) a menos que el comerciante tenga algún deber especial de confianza ante alguien, el cual esté violando al comerciar sin dar a conocer a esa persona su ventaja informativa.

Los funcionarios corporativos con información privilegiada acerca de su empresa tienen tal deber ante sus accionistas, por ejemplo. Del mismo modo, los empleados que obtienen información material no pública por parte de sus empleadores -los asociados de bufetes de abogados, por ejemplo, que se enteran de una fusión corporativa inminente en el curso de su trabajo de fusiones y adquisiciones- tienen tales deberes. De hecho, si un empleado de Thomson Reuters tuviera acceso a los resultados de la encuesta de confianza del consumidor antes de que hubieran sido liberados y operara él mismo con esa información, sería culpable de abuso de información privilegiada ante las leyes federales de valores.

Pero sí Thomson Reuters, que pagó a la Universidad de Michigan 1 millón de dólares por el resultado de la encuesta de confianza del consumidor, ciertamente no está violando ningún derecho de la universidad, de la que obtuvo la información, y la propia universidad no violó ningún deber ante nadie al salir y generar esa información a través de su propia investigación original, ingenio, trabajo duro, y así sucesivamente.

Así que el mero hecho de que alguien más rico que nosotros pueda comprar información capaz de mover los mercados más pronto de lo que nosotros podemos no significa, en sí mismo, que algún tipo de fraude haya sido cometido. Puede ser terriblemente injusto, pero no es fraude.

Entonces ¿por qué no cambiar las leyes para hacer ilegal que cualquier tipo de comercio con base en información material no pública, con independencia de cuáles oscuros "deberes" hayan sido violados? La respuesta parece ser que la mayoría de los legisladores -como los jueces del Tribunal Supremo que efectivamente crearon las normas existentes en materia de información privilegiada- creen que cualquier intento de ordenar una nivelación radical de la igualdad de condiciones de información no es posible ni deseable. Queremos alentar a la gente -analistas, gestores de fondos de cobertura, periodistas- a aplicar tiempo y esfuerzo para desentrañar y distribuir información confiable sobre el valor de las acciones. Por lo tanto, también queremos incentivarlos a hacerlo al permitirles cobrar o beneficiarse de las ventajas informativas que proporcionan. Después de todo, cuando una firma de investigación, o un vendedor en corto, o un medio de comunicación dice: "Creo que Enron es un castillo de naipes, y he aquí por qué", está realizando un servicio valioso.

Así que las leyes federales de tráfico de información privilegiada no prohíben lo que Thomson Reuters estaba haciendo aquí. Entonces, lo que el Fiscal General Schneiderman está haciendo es un asunto delicado. Está tratando de usar la famosamente maleable Ley Martin de Nueva York para tapar algunas lagunas dejadas por la ley federal que están permitiendo prácticas que le parece escandalosamente injusta - puedes llamarlas Uso de información confidencial light. Y eligió un buen lugar para empezar.

Sin embargo, el reto será la búsqueda de una base de principios para distinguir entre lo que es "justo" y "injusto", y luego explicar la distinción a todo el mundo en términos que sean lo suficientemente claros como para permitir que permanezcan en el lado correcto de la línea.

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Este proceso comenzará cuando explique por qué la ventaja inicial de 300 segundos de Thomson Reuters otorgada a los suscriptores ordinarios está bien, mientras que la ventaja inicial de 302 segundos otorgada a los suscriptores premium está prohibida.

No estoy diciendo que no pueda hacerse. Solo estoy diciendo que parte de la difícil tarea que tiene por delante.

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