Juicio a ‘peces chicos’, consuelo en EU

Los directivos de Goldman no serán investigados en el proceso contra su exoperador Fabrice Tourre; la dificultad para el Gobierno es demostrar la culpabilidad de los principales líderes bancarios.
goldman sachs  (Foto: CNN)
Elizabeth G. Olson
FORTUNE -

Los estadounidenses que están frustrados porque los banqueros no han sido enjuiciados por desencadenar la crisis económica hace cinco años pueden sentir un poco de consuelo ahora que hay alguien en el banquillo: un joven operador de Wall Street que enfrenta juicio esta semana.

Según el Gobierno, cuando trabajó para Goldman Sachs, Fabrice Tourre engañó a los inversionistas con el fin de que compraran títulos hipotecarios creados para naufragar. En esa ausencia de juicios y procesos contra banqueros temerarios, Tourre representa una excepción, pero el público puede preguntarse con razón por qué un empleado de bajo nivel ha sido señalado y acusado.

Tourre, de 34 años, se enfrenta a sanciones que pueden incluir una multa significativa o una prohibición de por vida para laborar en la industria de valores. Aunque el proceso civil, encausado por la Comisión estadounidense de Bolsa y Valores (SEC), no ofrece el final emocionalmente satisfactorio de verlo tras las rejas, algunos expertos dicen que es el camino más adecuado para vigilar a Wall Street.

El Gobierno "debe utilizar las herramientas regulatorias que están disponibles si en verdad quiere evitar enviar el mensaje de que los ricos y poderosos son inmunes al enjuiciamiento que, por otro lado, sí enfrentan los desprovistos de poder", dice un profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Toledo, Gregory Gilchrist. "Este es un ejemplo de la regulación funcionando", asegura, refiriéndose a la prueba que Tourre atraviesa en el tribunal.

Gilchrist señala que las agencias gubernamentales ya están facultadas para imponer severas sanciones civiles, como las multas y las prohibiciones de trabajar en la industria que "disuadirán y enviarán un mensaje claro".

Inculpar a alguien por la crisis económica ha sido enervante para el Gobierno, que ha encausado un número reducido de casos en contra de individuos particulares. Tourre está acusado de actuar como uno de los arquitectos del programa de títulos hipotecarios de alto riesgo comercializado por Goldman, llamado Abacus. En 2010, la firma pagó 550 millones de dólares para resolver extrajudicialmente los cargos del gobierno.

Hasta ahora, solamente los "peces chicos" de Wall Street -si bien muy bien remunerados-  han visto el interior de una sala de audiencias, y los acuerdos extrajudiciales sin ningún tipo de admisión de culpabilidad han sido la norma.

Las autoridades reguladoras también han ignorado a los altos mandos de la firma que fijaban y controlaban la política de Goldman Sachs. Tourre envió correos electrónicos personales donde hacía alarde de vender los títulos hipotecarios a viudas y huérfanos. Pero alardear no garantiza que sea encontrado culpable.

Esto se debe a que la culpabilidad es difícil de probar. "Cuando llegas a la pantanosa zona de hacer que un banco explique su criterio empresarial, es más difícil armar un caso", explica un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke que se especializa en la regulación de los servicios financieros, Lawrence G. Baxter.

"Cuando hay un delito claramente definido, es más fácil obtener condenas", señala. Él expresa que el caso del Reino Unido contra los trabajadores financieros que presuntamente manipularon la tasa Libor, utilizada para determinar el costo de los préstamos entre los bancos, puede ser más fácil de probar porque involucra información que parece confirmar la coordinación entre los diferentes individuos para amañar la tasa.

Sin embargo, hoy es más difícil que nunca llevar a cabo enjuiciamientos exitosos, asegura un profesor de la Escuela de Derecho en Yale, experto en derecho de sociedades y de valores, Jonathan Macey, porque "ahora las personas están completamente separadas de la instituciones en las que trabajan".

"Antes ser demandado por la SEC por fraude o abuso de información privilegiada era un estigma -como los cargos por abuso infantil- pero ya no es así".

Los reguladores hoy también son evaluados con criterios diferentes. La opinión pública y el Congreso miden el éxito de la Comisión de Valores, comenta Macey, "por la cantidad de casos que atraen y la cantidad de dinero que recaudan en multas. Es mucho más fácil resolver extrajudicialmente 20 casos que consumen el mismo tiempo y dinero que se necesita para llevar un caso difícil".

Entonces, ¿hay una solución? Gilchrist señala que los bancos pueden ser un objetivo esquivo porque están más interconectados que las empresas, y por temor a que la persecución pueda desestabilizarlos y afectar los depósitos de los clientes. Los bancos pueden ser "grandes, de importancia sistémica y frágiles de una manera que desaconsejaría procesarlos, no así los empleados del banco", explica.

Otra complicación, advierte, es que los cargos criminales deben ser probados más allá de toda duda razonable, algo difícil de lograr. Empero, los organismos reguladores tienen numerosas herramientas, dice, como multas y prohibiciones que "pueden imponerse por la mera imprudencia demostrada sobre la base de pruebas suficientes".

La perspectiva "de perder tus ingresos y bonificaciones del período durante el cual los delitos dentro del banco se produjeron constituiría un poderoso incentivo para supervisar, mantener el cumplimiento, y poner fin a las prácticas potencialmente criminales", argumenta Gilchrist en un artículo que se publicará en la revista Law Review de la Universidad de Colorado.

El reloj sigue avanzando para castigar a los infractores de Wall Street por la conducta que tuvo lugar hace cinco años o más, y Tourre puede terminar siendo poco más que una nota anecdótica en la saga "postrecesión".

En el futuro, la SEC podría recurrir a una táctica legal poco utilizada para responsabilizar de conductas ilícitas o irregulares a los ejecutivos corporativos. El enfoque (denominado control person liability o responsabilidad personal de quien controla) establece que los ejecutivos como los jefes de división son responsables de lo que sucede en sus feudos, de lo que hacen sus subalternos. Esto pondría fin a las investigaciones del gobierno que buscan laboriosamente pruebas en una firma financiera para identificar a los infractores, y dejaría muy claro que el ejecutivo a cargo de las actividades cuestionables sería el responsable.

Responsabilizar con este enfoque a los banqueros "les enviaría un poderoso mensaje", dice Baxter de la Universidad de Duke. "Los reguladores dicen que es difícil identificar a los infractores, pero sé por mi experiencia de haber trabajado en un banco que los examinadores conocen a las personas que supervisan todos los días".

Pero el dilema se reduce a algo más que apuntar a los trabajadores, añade. "El problema es nuestra propia ambivalencia acerca de los bancos y el papel que desempeñan".

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