Las lecciones de la quiebra de Detroit

La quiebra de la ciudad presionará al Congreso a superar su estancamiento, opina Mohamed El-Erian; la posibilidad de recibir ayuda federal empujaría al Gobierno a una ola de rescates municipales.
detroit2  (Foto: Cortesía de Fortune)
Mohamed A. El-Erian*
FORTUNE -

La fuerte e impresionante recuperación de la industria automotriz estadounidense ha sido insuficiente para impedir que la orgullosa "ciudad del motor" se declare en quiebra.

Los próximos pasos involucran cuestiones legales y financieras difíciles y complejas, algunas de las cuales entran en conflicto con los conceptos tradicionales de la justicia social. También hay dudas sobre si la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos tendrá impactos negativos que se extiendan más allá de una comunidad que ya ha sufrido muchas tragedias.

La quiebra de Detroit lleva años fraguándose. Es el resultado de la repetida mala gestión política y financiera, inadecuada ingeniería financiera y fracasos institucionales. La incapacidad inicial de la industria automotriz para resistir la competencia internacional erosionó empleos, ingresos y recaudación fiscal.

A medida que la ciudad padecía, personas, empresas y puestos de trabajo emigraron a otros lugares más prósperos. La subsiguiente erosión de la base fiscal hizo aún más difícil cubrir los gastos relacionados con los servicios públicos y las pensiones, tanto actuales como futuros.

El administrador financiero de emergencia de la ciudad, Kevyn Orr, consideró que no había otra alternativa que declarar la quiebra. Al igual que la bancarrota en 2009 de dos de los tres grandes fabricantes de autos (Chrysler y General Motors), la esperanza es que Detroit resurgirá con obligaciones financieras que se corresponden más a sus ingresos y activos.

Ya han aparecido espinosas problemáticas financieras y legales, incluyendo las interacciones a menudo conflictivas entre las leyes federales y estatales, así como los aspectos más complicados relacionados con el reparto de la carga.

Esto enfrenta a los pensionistas contra los acreedores, y a los proveedores contra los beneficiarios de los servicios públicos básicos.

¿Debe la ciudad pagar a sus tenedores de bonos mientras reduce los pagos de pensiones que reciben los jubilados? ¿Debe darle prioridad a los tenedores de bonos que financiaron las inversiones en los servicios municipales a la hora de decidir quién recibirá los pagos?

Dado que la jerarquización de los pagos implícita en los contratos legales a menudo puede entrar en conflicto con lo que muchos consideran como lo socialmente justo, ya algunas personas han sugerido la necesidad de que el Gobierno Federal rescate a Detroit.

Además de proteger las pensiones de los trabajadores municipales de profundos recortes y contrarrestar un poco la presión de una mayor emigración, este rescate también podría abrir la puerta a invalidar la llamada precedencia legal (el orden, establecido por la ley, en el que se paga), como ocurrió hace unos años con el rescate del Gobierno a las automotrices.

Sin embargo, un rescate federal está lejos de ser un asunto simple. Incluso si existiera la voluntad política (algo que no salta a la vista), los efectos secundarios pueden ser considerables:

  • A Washington le resultaría muy difícil delimitar un plan de rescate, pues existen otras ciudades y pueblos que comparten la terrible combinación que asola a Detroit; a saber, una base imponible pequeña y en contracción, grandes obligaciones en materia de pensiones y endeudamiento excesivo;
  • mientras más se aventuren los políticos en rescates municipales, mayor será la presión sobre el presupuesto federal en un momento en que las heridas asociadas al secuestro presupuestario todavía están frescas y pocos quieren ver otra crisis sobre el techo de la deuda; y
  • cuanto mayor sea el número de rescates municipales actuales y potenciales, mayor será la tentación de alterar los procedimientos legales de quiebra que tienen dos objetivos distintos: a) permitir que las entidades resurjan, si bien a un costo considerable, de la catástrofe financiera sobre una base más sólida (incluida la posibilidad de restaurar una senda de crecimiento y prosperidad frustrada por un sobreendeudamiento masivo), y b) fortalecer un principio de legalidad que juega un papel importante en mantener el flujo de financiación asequible a toda una serie de actividades e inversiones municipales.

Se mire como se mire, Detroit obliga a la administración a considerar otra opción difícil. Pero también hay un aspecto positivo, un resquicio de luz, en este nuevo nubarrón.

La tragedia de Detroit es un componente extremo de una triste realidad que aún prevalece cinco años después del inicio de la crisis financiera mundial: a causa de la polarización y la disfunción políticas que han socavado repetidamente la adecuada gobernanza económica, Estados Unidos aún tiene que abordar con eficacia y de manera integral sus problemas residuales de parco crecimiento e insuficientes motores de empleo, sumados a su excesivo endeudamiento.

Quizás el hundimiento financiero de Detroit pueda servir de catalizador para elevar significativamente la conciencia popular de esta triste e innecesaria realidad.

Tal vez  pueda servir de punto de convergencia y visión unificadora que tan ausentes han estado del Congreso durante mucho tiempo.

Quizás pueda actuar como un catalizador para las decisiones difíciles que tanto se necesitan y que el Congreso sigue eludiendo.

Esta es sin duda la esperanza de muchos que se preocupan por el persistentemente alto desempleo en EU, sus sobrepresionadas redes de seguridad social y la excesiva desigualdad de la riqueza y el ingreso.

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Tal vez, y solo tal vez, Detroit podría ser un nuevo "momento Sputnik" para los políticos estadounidenses y el electorado. Pero si esta importante esperanza sigue siendo solo eso -una esperanza y no una realidad en evolución- la gran tragedia humana de Detroit acabaría también constituyendo una nueva crisis perdida para Estados Unidos.

Mohamed A. El-Erian es CEO y codirector de inversiones de PIMCO.

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