EU, ante nueva batalla presupuestaria

Cuando el Congreso estadounidense regrese de su receso de cinco semanas en septiembre, los legisladores habrán de abordar algunos temas fiscales que como siempre han dejado para el último momento.

Todo augura una fea disputa sobre el presupuesto federal, los recortes automáticos del gasto y el techo de la deuda.

En el centro del debate está la divergencia de los dos partidos respecto al nivel del gasto en el futuro. Hay posiciones encontradas incluso en el seno de los propios republicanos.

Los expertos prevén que los acuerdos se alcanzarán en los plazos clave, pero tampoco hay garantía.

¿Qué es lo primero que los legisladores deben hacer? Financiar el 30 de septiembre al Gobierno pasado, que marca el último día del año fiscal 2013.

Dadas las serias diferencias entre la Cámara y el Senado sobre el gasto, no hay posibilidad de que aprueben un presupuesto real para el año fiscal 2014. Así que los legisladores tendrán que aprobar al menos una ley provisoria de financiación conocida como "resolución continua" el 1 de octubre.

Si dicha ley de gasto es a muy corto plazo, el Congreso tendrá que aprobar otra (o varias) antes del 31 de diciembre .

¿Es probable que aprueben una ley de financiación? Sí, pero hay muchos elementos que pudieran complicar el tema.

Cuando el Congreso aprueba una resolución continua, normalmente, lo hace según los niveles actuales de gasto. Es como si dijeran: No podemos ponernos de acuerdo sobre qué hacer, así que mantengamos las cosas como están hasta que se pueda.

Pero eso sería arriesgado en esta ocasión, porque la ley exige que entren en vigor topes de gastos inferiores en el año fiscal 2014.

Así que de aprobar la financiación provisional de acuerdo a los mayores niveles de gasto de este año significa que las agencias federales tendrán que aplicar drásticos recortes más tarde a fin de no exceder los topes. Por ley, esos recortes tendrían que producirse 15 días después del receso del Congreso en 2013 en un proceso conocido como "secuestro".

En este momento, demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de mantener vigentes esos topes de gastos. Algunos republicanos conservadores han amenazado con votar en contra de cualquier proyecto de ley de financiación que incluya dinero para la reforma sanitaria "Obamacare".

¿Qué pasa si el Congreso no aprueba esa financiación el 1 de octubre? Sin los fondos necesarios, gran parte del Gobierno Federal tendrá que suspender actividades (una situación conocida como government shutdown).

¿Qué significa la suspensión de actividades? Cientos de miles de trabajadores federales se verán obligados a tomar una licencia sin goce de sueldo. La mayor parte de las oficinas y programas federales que gestionan servicios considerados no esenciales, entre ellos museos y parques cerrarán sus puertas.

Los servicios esenciales que protegen la vida humana y la propiedad continuarían operando. Esto incluye el control del tráfico aéreo, la seguridad nacional, el manejo de residuos peligrosos, las inspecciones de alimentos y la atención de desastres.

Los empleados federales necesarios para preservar los elementos "esenciales" de los sistemas monetarios y bancarios no tendrán esas licencias obligatorias. El servicio de correos seguiría funcionando.

El presidente Obama y el Congreso seguirían acudiendo al trabajo.

Un análisis realizado por el Congressional Research Service, es más, concluye que la implementación del Obamacare seguramente prosiga en el caso de una suspensión de actividades.

¿Cuánto duraría la suspensión o cierre del Gobierno? Lo que tarde el Congreso en ponerse de acuerdo sobre los niveles de gasto y aprobar las leyes de asignación de fondos que financian a las agencias a esos niveles. La suspensión más larga duró 21 días contados a partir del término de 1995.

¿La suspensión es lo peor que puede pasar? Lamentablemente, no. Las consecuencias de no elevar a tiempo el techo estatutario de la deuda serían mucho peores.

El límite legal de endeudamiento del país se sitúa hoy en 16.699 billones de dólares. Ese nivel se alcanzó a mediados de mayo, por lo que el Tesoro comenzó a adoptar una serie de "medidas extraordinarias" para evitar que el país rebasara ese techo. Sin embargo, no se espera que esas medidas duren más tiempo.

Los expertos en presupuesto prevén que el techo de la deuda necesitará elevarse a mediados de octubre o noviembre. El Departamento del Tesoro, el auténtico árbitro en esta materia, solo se limita a decir que el techo deberá elevarse en algún momento después del Día del Trabajo (2 de septiembre).

¿Por qué hay que elevarlo? A lo largo de varios años ambos partidos en el Congreso han aprobado reducciones impositivas permanentes (menos ingresos) e incrementos al gasto (más egresos), a sabiendas de que agravarían el déficit.

Al obrar así aumentaron las necesidades futuras de financiación del país.

Lo que es peor, el envejecimiento de la población implica que habrá un mayor gasto en Medicare y la Seguridad Social con cada año que pasa.

Es por eso que aumentar el techo de la deuda no es una "licencia para gastar más", como algunos republicanos afirman. Y es por eso que el límite de la deuda siempre necesita incrementarse periódicamente. En las últimas dos décadas se ha elevado en 15 ocasiones.

Elevar el techo simplemente permite que el Tesoro siga pagando todas las obligaciones del país que el Congreso ya ha autorizado, ya se trate de pagar a un contratista federal, de un cheque del Seguro Social para una persona de la tercera edad, o de los intereses de la deuda pagados a un inversionista en bonos.

¿Qué sucede si no se aumenta el techo de la deuda? El Tío Sam todavía percibirá ingresos para pagar por los servicios y las dependencias gubernamentales. Pero no ingresará lo suficiente para pagarlo todo. Y cuanto más tiempo dure la crisis del techo de la deuda, más difícil será mantener en funcionamiento las operaciones del Gobierno.

"Después de dos semanas llegaría una parálisis absoluta", advierte el director de política económica en el Bipartisan Policy Center, Steve Bell.

Lo más problemático es cuando el país ya no pueda pagar todas sus facturas íntegra y oportunamente. El Tesoro entonces tendría que tomar decisiones jurídicamente cuestionables sobre a quién pagar y a quién no.

Aunque se les siga pagando a tiempo a los inversionistas en bonos, la situación del país podría percibirse como un default si no cumple con sus otras obligaciones legales.

Si la credibilidad y la solvencia de Estados Unidos se ponen en duda , podría ser desastroso para los mercados y las tasas de interés, lo que a la postre perjudicaría la economía nacional y el bienestar financiero de los estadounidenses.