Más competitividad sólo con reformas: IP

México mejorará hasta que haya datos duros del beneficio de cambios estructurales, dice el CEESP; el plan hacendario debe tener un sistema fiscal sencillo y equitativo, agrega el organismo.
mexico  (Foto: Getty)
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

Hasta que haya cifras duras del beneficio de las reformas estructurales y de los avances en materia del fortalecimiento del estado de Derecho, mejorará la opinión sobre el nivel competitivo de México, anticipó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo recordó que México bajó del sitio 53 al 55, de un total de 148 países, en el Índice de Competitividad Global 2013 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), luego de que en la publicación previa había ganado cinco lugares.

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Aunque se aseguraba que el país había iniciado un proceso de mejor desempeño que lo llevaría a subir más escaños conforme se vieran los avances en materia de análisis y aprobación de las reformas estructurales, evidentemente no fue el caso, afirmó el CEESP en su reporte semanal "Análisis económico ejecutivo".

El grupo de investigación del sector privado señaló que si bien hubo rubros que mejoraron su posición en la reciente evaluación del WEF, es evidente que el resultado neto fue negativo, pues México perdió dos posiciones en el ranking mundial de competitividad.

Apuntó que el retraso en la aprobación de las reformas estructurales y, sobre todo, la ausencia de políticas públicas para propiciar un entorno de desarrollo eficaz de empresas y personas, volvió a fortalecer esa incertidumbre en cuanto al futuro de los principales factores que inciden directamente en la competitividad del país.

Destacó que la evaluación del WEF colocó al país en el lugar 119 en materia de calidad del sistema educativo, nueve posiciones por debajo de la evaluación del año previo, cuando ya había recuperado siete lugares.

Según el CEESP, esto se debe a la mala calidad que padece el sistema educativo desde hace algunos años, lo que en parte puede explicarse por la constante renuencia del magisterio a ser evaluados y a conformar una plantilla docente mucho más preparada, en función de las nuevas necesidades de aprendizaje según el desarrollo mundial.

Además, por la impunidad que ha sido un factor clave en cualquier movimiento magisterial, toda vez que los maestros, afirmó, están plenamente convencidos de que no habrá represalia alguna tras cualquier movimiento de resistencia que lleven a cabo.

La preocupación de que esta situación no se resuelva en el corto plazo vuelve a poner a México en lugares muy bajos en materia de calidad del sistema educativo, expuso.

"Cómo poder evitar esto si vemos a una gran cantidad de niños sin clases por los movimientos magisteriales, y además las evaluaciones PISA ubican a nuestros alumnos en los lugares más bajos de conocimiento a nivel mundial", cuestionó.

Por otra parte, estimó que un aspecto fundamental en materia de competitividad, es contar con un sistema fiscal sencillo y equitativo, pero además que el gasto se ejerza lo más eficientemente posible.

Sólo la combinación de ambos factores podrá generar una verdadera reforma hacendaria que incentive la inversión y el crecimiento, subrayó el CEESP.

Indicó que aprobar una miscelánea fiscal como simple mecanismo recaudatorio, que afecta únicamente a los causantes cautivos, está muy lejos de un sistema tributario justo y equitativo, si no se hace nada a favor de reducir la informalidad.

Elevar impuestos y crear otros como mecanismo para incrementar la recaudación gubernamental, es simplemente el reflejo de la incapacidad de proponer políticas innovadoras que hagan cumplir el mandato Constitucional, abundó.

Todos los mexicanos están obligados a "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", recordó.

Evidentemente, agregó, seguimos con un sistema tributario complejo e ineficiente, lo cual se refleja en la percepción de que aspectos como la tasa impositiva en el país, así como el efecto de los impuestos como incentivos del trabajo restan competitividad a México.

Según el WEF, la ubicación de México en el ranking mundial en relación a estos dos factores son los lugares 119 y 102, respectivamente.

Comentó que el ejercicio del gasto es otro factor fundamental en materia de competitividad y pese a ello la nación está considera entre los países más ineficientes en la asignación de los recursos, dado el elevado número de programas altamente regresivos que existen.

Refirió que también en la evaluación del WEF, México se ubicó en el lugar 105 en materia de desviación de fondos públicos, con la pérdida de 17 posiciones, y en cuanto a calidad de la infraestructura se perdió un lugar al ubicarse en el escalón 66.

"Una reforma hacendaria integral que contemple al mismo tiempo un sistema tributario sencillo y equitativo y una asignación eficiente del gasto, es la mejor forma de mejorar la distribución del ingreso de las familias, a través de incentivar la inversión y el crecimiento", aseguró.

Sin embargo, mientras no haya leyes claras e instituciones que hagan valer el estado de Derecho, el efecto de cualquier reforma podría verse reducido por la presencia de factores como la ilegalidad, corrupción e impunidad, apuntó.

El organismo señaló que el estado de Derecho también es un pilar fundamental en materia de competitividad del país, y por ello es igualmente importante llevar a cabo los ajustes pertinentes para fortalecer todo el sistema legal y establecer claramente las reglas del juego.

De lo contrario, aseveró, México seguirá teniendo una mala imagen en este tema, que en buena medida es determinante de los flujos de inversión que se pueden canalizar al sector productivo.

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Indicó que en la evaluación del WEF, la opinión sobre aspectos como derechos de propiedad, confianza en las políticas públicas, regulación, transparencia y crimen organizado, se deterioró significativamente.

Ello se reflejó en la percepción que existe sobre la falta de efectividad de las acciones oficiales para fortalecer el marco legal y el estado de Derecho.

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