Seguro de desempleo olvida a informales
La propuesta de crear un seguro de desempleo, incluida en la iniciativa de reforma hacendaria del Gobierno federal, desconoce la realidad del mercado laboral mexicano, al dejar fuera a casi 30 millones de personas que trabajan sin prestaciones y, en algunos casos, recibiendo salarios inferiores a los permitidos por la Ley Federal del Trabajo, aseguraron expertos y legisladores.
"Este seguro asume que todo el empleo es de naturaleza formal, cuando los datos oficiales evidencian más de 28 millones de personas laborando sin prestaciones y en algunos casos recibiendo salarios inferiores a los de la Ley", dijo el asociado y líder de la Práctica de Consultoría en la firma de asesores laborales Sales Boyoli, Bernardo Martínez.
Dado el alto costo patronal de la carga social (aproximadamente 27% del salario) parecería además poco viable que el beneficio del seguro para desempleo incentive a los empleadores informales a regularizar los vínculos laborales, dijo.
La senadora por el PRD Dolores Padierna aseguró que el Gobierno no está destinando una partida presupuestal para financiar este seguro. La iniciativa solo se refiere a los empleados formales, que están afiliados al IMSS y al ISSSTE, y deja fuera a 30 millones de personas que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA).
Lo más grave del seguro es que se financia con el fondo de vivienda de los trabajadores, señaló.
"La aportación que dan los patrones al fondo de vivienda se reduce de 5% a 2%, y del 3% restante, 2% se va al fondo de seguro de desempleo y el 1% se lo queda el Gobierno federal para formar un fondo solidario, que se constituye quitándole a los trabajadores 1% de las cuotas de su fondo de vivienda", detalló.
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, precisó que todo trabajador formal que pierda su empleo podría acceder al menos a un salario mínimo o hasta 10 salarios mínimos de ingreso mensual, dependiendo de lo que tenga en su cuenta individual.
De acuerdo al proyecto federal, en caso de que no existan recursos suficientes para el pago de la presatación, el Estado cubrirá los pagos con apoyo del Presupuesto de la Federación.
"Con este seguro del desempleo que garantiza un ingreso por un periodo de seis meses, la persona y su familia podrá subsistir en tanto vuelve a ubicarse en un empleo", indicó recientemente el Jefe del SAT.
El seguro por desempleo se otorgaría durante un máximo de seis meses y podría ser hasta por 50% del último sueldo, con un máximo de de 10 salarios o un salario mínimo como piso. Además, se otorgaría de forma decreciente, ya que a partir del tercer mes será solamente un salario mínimo, a fin de inducir a la gente a volver a encontrar una fuente formal de empleo, seguir cotizando y aportando.
En un análisis del impacto laboral de la reforma hacendaria en el rubro del seguro de desempleo, el socio del despacho Sales Boyoli, Bernardo Martínez, destacó que si bien el propósito de un seguro para el desempleo es siempre plausible, en el caso mexicano se trata de una iniciativa con claroscuros que afrontará la existencia de algunos retos y obstáculos a considerarse en la aprobación e implementación de la mencionada legislación.
"Un posible efecto de este seguro, advertido por el análisis de nuestra firma, es el impacto que tendrá la implementación de un seguro para desempleo en las tasas de desocupación. El que en México no exista una red de seguridad para desempleados es un factor que ayuda a mantener tasas de desempleo más bajas en comparación con países desarrollados", destacó.
La senadora perredista resaltó que con esta iniciativa se deroga el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula que todos los trabajadores que pierdan su empleo tienen derecho a que se les regrese la totalidad de los depósitos de su Afore.
"Al derogar este artículo, prácticamente el Gobierno está hurtando el recurso de estos fondos de los trabajadores".
