Diputados ponen candados a cabilderos
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes los cambios a su reglamento para prohibir expresamente el soborno a legisladores, quienes tendrán prohibido recibir regalos o dádivas por parte de cabilderos.
"Las diputadas y los diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones de la Cámara de Diputados", refieren las modificaciones.
Con 457 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones quedó aprobado en lo general la modificación al reglamento interno.
"El objeto primordial de este dictamen es contribuir a un honesto desarrollo de nuestras actividades en respeto de la ley y de la ciudadanía. Es decir, se pondera garantizar a la sociedad que nuestras tareas estarán fuera de prácticas corruptas y por encima de intereses de grupos en particular", señaló el diputado del Partido Verde, Felipe Camarena, al presentar la iniciativa en el pleno. Los legisladores aprobaron también que diputados o servidores públicos que trabajan en San Lázaro no puedan realizar actividades de cabildeo hasta dos años después de haber cesado su trabajo, así como sus cónyuges y parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado.
En la Cámara Baja existen registrados 252 cabilderos, de los cuales sólo 27 son personas físicas y 225 son personas morales. Entre quienes cuentan con registro están la tabacalera Philip Morris, Comunicaciones Nextel de México, Grupo Modelo, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otras. La iniciativa aprobada por los diputados, a propuesta de Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, sostiene que garantizar que los diputados no acepten ninguna dádiva para influir en sus decisiones aumentará la confianza en quienes ejercen cargos públicos.
"No se puede negar que en la actualidad existe, por parte de la sociedad, desconfianza hacia el ejercicio de los cargos públicos y de representación popular", sostiene la argumentación.
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Mientras la Iglesia tiene un grado de confianza de 71 de 100 puntos, el Gobierno alcanza los 36 y el Congreso de la Unión apenas los 26 puntos. La infracción a las nuevas disposiciones se castigará en términos de las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o la legislación penal que corresponda.
La regulación establece en 20 el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en cada comisión legislativa y dos por cada persona moral.
Merylin Gómez Pozos, diputada por Movimiento Ciudadano y autora de la iniciativa, sostuvo que es evidente la desventaja que los ciudadanos de a pie tienen para llevar al Congreso sus demandas ante el poder de las grandes empresas.
"Entre los cabilderos finalmente acreditados destacan intereses sólo de grandes corporaciones y no del ciudadano común. Aun cuando existe la restricción al número de cabilderos por comisión, el Reglamento carece de un apartado que fije el límite de estos actores por el concepto de persona moral. Ante esta omisión es posible que un solo consorcio, empresa o transnacional, cuente con una gran cantidad de representantes dentro de esta cámara".
