Multas ‘blindan’ a los bancos de EU

Los acuerdos del Gobierno con firmas como SAC y JPMorgan las protegen ante demandas de particulares; EU no ve como víctimas a las personas afectadas por operaciones con información privilegiada.
sac  (Foto: Getty)
Stephen Gandel

La justicia sigue llegando con un poco menos de dolor para los ejecutivos de Wall Street. La evidencia más reciente de este fenómeno proviene de la acusación en contra del multimillonario de fondos de cobertura Steven Cohen por parte del Gobierno de EU. A principios de este mes, la firma de Cohen, SAC Capital, se declaró culpable de cargos de abuso de información privilegiada.

Los fiscales estadounidenses han llamado a esta firma "un negocio criminal", y la empresa pagará la mayor multa relacionada con el uso de información privilegiada en la historia.

Sin embargo, al mismo tiempo, el Gobierno está tratando de impedir que las personas que hayan sido afectadas por las operaciones con información privilegiada del fondo de cobertura utilicen la evidencia que la administración descubrió en contra de la empresa.

En una reciente audiencia sobre el acuerdo con la fiscalía, el Departamento de Justicia argumentó que las personas que perdieron dinero en las mismas dos acciones al mismo tiempo que el Departamento de Justicia dice que SAC se benefició de la información privilegiada no deben ser consideradas víctimas. Es más, el acuerdo de la fiscalía del Departamento de Justicia no incluye ninguna admisión de culpa por ninguna transacción en particular, sólo que rompió las reglas en general. La selección del jurado para un caso contra un exoperador de la firma acusado de abuso de información privilegiada comenzó la semana pasada.

Este caso es el último de una serie de ofensivas gubernamentales que le da el Gobierno algo que presumir, pero que aparentemente no hace mucho por nadie más. Por ejemplo, en septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en su acuerdo con JPMorgan Chase por el contratiempo transaccionario de la "Ballena de Londres" hizo que el banco admitiera que era culpable de, básicamente, carecer de algo que debería tener.

El banco no admitió haber defraudado a nadie. Asimismo, no reconoció que los altos ejecutivos sabían que las operaciones de riesgo estaban ocurriendo ni que se habían producido grandes pérdidas, que es algo que otros investigadores han alegado.

El resultado: no hubo casi nada en el acuerdo que ayudara a los accionistas de JPM que están demandando bajo el argumento de que fueron engañados. Lo mismo puede decirse sobre la declaración de culpabilidad que la SEC obtuvo el verano pasado del ejecutivo de fondos de cobertura Phil Falcone.

Caso Dimon

Una situación similar surgió con el acuerdo por 13,000 millones de dólares del Departamento de Justicia con JPM el martes. Una vez más, el lenguaje contenido en el acuerdo fue lo suficientemente vago como para hacer pensar que el banco de Jamie Dimon podrá afirmar que no hizo nada malo en demandas futuras sobre las mismas operaciones.

Parte del acuerdo está relacionado con Washington Mutual, que JPMorgan compró en 2008. La entidad acordó que un fideicomiso de la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés), establecido para manejar algunas pérdidas de WaMu, no era responsable de las pérdidas hipotecarias que JPMorgan heredó de WaMu.

El Gobierno, sin embargo, no impedirá que el banco siga reclamando ante la Corte que la FDIC, y no JPM, debe ser responsable de las pérdidas de otros inversores en los mismos bonos.

"Son demasiado lindos", me dijo hace poco Mary Schapiro, exjefa de la SEC, haciendo referencia a las declaraciones de culpabilidad que el Gobierno ha recibido, aunque Schapiro no estaba hablando específicamente de SAC.

Caso SAC 

En el caso de SAC, el Departamento de Justicia dice que la ley federal le prohíbe obligar a la firma a admitir haber agraviado a inversores individuales. Pero un juez parece discrepar, o al menos no está seguro. El juez pospuso el fallo sobre el mismo hasta marzo, a raíz de las objeciones de los abogados que representan a las personas que perdieron dinero en las compañías farmacéuticas Elan y Wyeth, las dos Acciones que se encuentran en el centro del caso de información privilegiada del Gobierno contra la empresa.

En cambio, el Departamento de Justicia en su documento para la Corte sostuvo que las personas que perdieron dinero no se consideran víctimas solo porque no fueron capaces de obtener las mismas ganancias ilegales. Sí, otros inversores habrían ganado si SAC no lo hubiera hecho. El mercado es un juego de suma cero. Pero esos otros beneficios a inversores, o la falta de pérdidas, habrían sido sólo por accidente. A diferencia de SAC, los inversores no tienen información privilegiada.

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Entonces, ¿quién es la víctima del negocio criminal de la firma? La respuesta del Gobierno: el mercado. Pero, ¿qué es el mercado? Es todos nosotros, comprando y vendiendo acciones, o los fondos de inversión o las administradoras de fondos de pensiones que actúan a nuestro nombre.

No estoy seguro de cómo es posible dañar al mercado sin dañar al resto de nosotros.

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