Reforma energética crea más reguladores
Si se aprueba la reforma energética, las empresas privadas no sólo podrán invertir en el sector, sino también operar en una industria considerada estratégica, lo que implicará que muchas atribuciones que antes tenían Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ahora sean normadas por nuevas agencias regulatorias.
En el dictamen que se prevé que se aprobó en el Senado este miércoles, se plantea la creación del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas), del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos(CNIH) y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ANSIPMA).
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la creación del CNIH, que operará como parte de la ya existente Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), es un acierto debido a que la información geológica que manejaría será patrimonio de la Nación y no potestad de Pemex.
Mientras que sobre la creación del Cenegas generará incentivos para detonar la inversión privada en el Sistema Nacional de Gasoductos, situación que hasta el momento es muy limitada.
Actualmente, el Sistema Nacional de Gasoductos opera cerca de su capacidad máxima debido a que la red fue diseñada básicamente para satisfacer el consumo de las plantas de ciclo combinado de la CFE con gas de los activos en el sureste.
"Esto impide llevar gas a los clientes industriales más alejados de los puntos de inyección. Hay varios cuellos de botella en el flujo del norte hacia el sur y de los centros productores del Golfo hacia el occidente", advirtió el Imco, lo que podría resolverse una vez que la iniciativa privada pueda entrar directamente a desollar los ductos.
Sobre la ANSIPMA, el Instituto consideró que este regulador ambiental tendrá la labor de fijar estándares para toda la industria en este ámbito.
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Además de la creación de nuevos órganos reguladores, la reforma también contempla el fortalecimiento de las entidades ya existentes, como la CNH y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuya labor será la de controlar los sistemas de distribución eléctrica, y de los ductos de gas, así como el otorgamiento de las diferentes modalidades de contratos
El Imco destacó que el dictamen fortalece a la CNH como órgano desconcentrado de la Sener, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria, pero que será insuficiente.
"No sería suficiente para asegurar que la CNH funcione con una visión de largo plazo, pues sigue dependiendo del Poder Ejecutivo o la Sener, cuya lógica está sujeta al ciclo político. Esta es una de las principales vulnerabilidades a un cambio en la configuración política en el país".
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Acorde con el dictamen que han discutido los legisladores, la Sener será la encargada del diseño de los contratos, mientras que Hacienda establecerá las condiciones fiscales de las licitaciones y de los contratos.
En tanto que la CNH estará facultada para realizar licitaciones, asignar ganadores, administrar los contratos, y supervisar los planes de desarrollo.
Mientras que la CRE regulará y otorgará permisos de generación de electricidad, además de fijar las tarifas de porteo para su transmisión y distribución,
El proyecto, que también deberá aprobar la Cámara de Diputados, contempla que el Estado mantenga el monopolio de la distribución y transmisión de la energía eléctrica, pero subraya que, como en el sector de hidrocarburos , podrá establecer contratos con privados.
"En este sentido, la generación y comercialización de energía eléctrica serán abiertas a la participación de particulares, en un entorno de competencia, quienes harán uso de la red de transmisión y de las redes de distribución para comercializar la energía eléctrica que produzcan".
Destaca que se requiere de una mayor inversión en el segmento eléctrico, pues la Comisión Federal de Energía (CFE) no cuenta con los recursos necesarios para realizar la expansión de la red, agrega.
Tras la aprobación, la reforma pasará a comisiones de diputados y luego al pleno de San Lázaro. Posteriormente tendrá que recibir el visto bueno de la mayoría de los 31 congresos estatales.
