Corte sugiere límites a geolocalización

La mayoría de los ministros apoyan la ley que permite a la PGR el rastreo de celulares; sin embargo, señalan que deben marcarse límites para no violar el derecho a la privacidad.
suprema corte  (Foto: Agencias)
Edgar Sigler /
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazaron para el martes la votación sobre la constitucionalidad de la llamada ley de geolocalización, pero algunos integrantes del pleno plantean que, de aprobarse, deben sentarse límites a la forma en la que se aplicará el rastreo de celulares por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). La mayoría de los magistrados se inclinan por aprobar el proyecto que permite a las autoridades federales localizar en tiempo real los móviles vinculados a delitos graves.

El ministro Fernando Franco, que se mostró a favor de avalar la ley, pidió que en la decisión que tome la Corte se detallen los alcances y límites con que usarán esta "herramienta" los ministerios públicos.

"Se debe reducir el grado de discrecionalidad que otorga la geolocalización con la que podría actuar la autoridad", dijo este lunes durante la discusión de este tema en el máximo tribunal.

Franco admitió que existe la posibilidad de violar el derecho a la privacidad, pues no se puede disociar la localización de un celular con el de una persona, como lo enfatizó el proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos.

La ley de geolocalización se refiere a las reformas que el Congreso hizo en 2012 al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en las que estableció que la PGR podrá, sin previa autorización de un juez, solicitar a compañías de telefonía celular que localicen aparatos en tiempo real.

Los casos en los que la autoridad podrá acudir a este recurso son cuando se trate de delincuencia organizada, delitos contra la salud (narcotráfico), secuestro, extorsión o amenazas.

Pero las autoridades requieren de la orden de un juez para intervenir las llamadas, catear el lugar donde se encuentre el aparato, o detener a la persona que lo tenga, con lo cual se pueden evitar arbitrariedades, según expresaron los ministros a favor del proyecto.

El ministro Arturo Zaldivar también se mostró a favor, a pesar de aceptar que existen "algunas afectaciones a la vida privada", por lo que hizo un llamado a voto por la interpretación de la norma.

La mayoría de los ministros expusieron que si bien la reforma aprobada hace casi dos años puede vulnerar el derecho a la privacidad, se debe permitir a los ministerios públicos usar esta herramienta de localización ante las condiciones de violencia que vive el país.

"La ley dota de una herramienta útil no sólo para la investigación de delitos sensibles para la ciudadanía, sino para el rescate de las víctimas", expresó el ministro Luis María Aguilar, quien se dijo a favor del proyecto.

Los ministros Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo y la ministra ponente Margarita Luna Ramos ya habían expresado su voto a favor el viernes pasado, a lo que hoy se sumaron Luis María Aguilar, Fernando Franco y Arturo Zaldívar.

Los tres que están en contra son José Ramón Cossío, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero. Mientras que el ministro presidente Juan N. Silva Meza se pronunciará hasta el martes.

La ministra Olga Sánchez Cordero dijo que la ley se contrapone con la reforma en telecomunicaciones, que promueve la protección de los usuarios de estos servicios contra la "injerencia arbitraria" del Gobierno.

"Las personas necesitan de garantías para evitar injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada", expresó la ministra Sánchez Cordero.

El Pleno del máximo tribunal retomará la discusión en su sesión de este martes.

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El tema llegó a la SCJN debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley de geolocalización, argumentando que afecta la privacidad de los ciudadanos.

De mantenerse esas posiciones, el recurso de la CNDH se vendría abajo porque para que la SCJN declare inconstitucional una ley se necesitan los votos de al menos ocho de los 11 ministros. En México existen alrededor de 103 millones de teléfonos celulares. La mayor parte del mercado (68%) es controlada por Telcel, seguido de Telefónica (19%), Iusacell (7%) y Nextel (4%).

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