Peña propone reglas contra monopolios
La iniciativa presidencial para una nueva Ley Federal de Competencia Económica incluye mayores facultades a la autoridad para ordenar la eliminación de barreras a la competencia y la libre concurrencia.
Además, propone regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos.
La propuesta, presentada este miércoles por la Secretaría de Economía, está divida en tres grandes apartados: Conductas Anticompetitivas, Procedimientos, y Organización y Funcionamiento, de acuerdo a un comunicado de la dependencia federal.
Sobre el primero, la propuesta prohíbe monopolios y prácticas monopólicas, así como las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyan, dañen o impidan la libre competencia en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios.
Ver: IP busca ser contrapeso en competencia.
La iniciativa incluye dos nuevos tipos de prácticas monopólicas relativas que sancionan la explotación abusiva de un insumo esencial por parte del agente económico dominante, aunque la secretaría no da más detalles.
Además, el documento retoma los conceptos de la ley vigente respecto de prácticas monopólicas absolutas y relativas, determinación de mercado relevante, de poder sustancial y concentraciones, menciona la Secretaría.
Sobre el tema de desincorporación, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó en conferencia de prensa que el órgano regulador tiene varios instrumentos para devolver a los mercados su “operabilidad” y su competencia.
Sin embargo, manifestó, la escisión de activos se aplicará cuando se hayan explotado todas las posibilidades y sea entonces la única medida que restablezca la competencia y la libre concurrencia.
“Lo hará en la proporción necesaria para regresar la operabilidad del mercado, es muy importante, en la dimensión necesaria para regresarle competitividad a los mercados”, manifestó.
Al respecto, el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, indicó que la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) debe ver cuál es la medida más eficaz para lograr una competencia efectiva.
“No necesariamente debe llegar a la desincorporación de activos de partes sociales o de acciones. La propia Constitución dice que se debe llegar únicamente cuando sea la medida que permita eliminar las barreras a la libre competencia o la concurrencia o el acceso a insumos esenciales para eliminar, en las proporciones necesarias los efectos anticompetitivos, o sea, sólo es cuando sea realmente indispensable”, argumentó.
Agregó que en materia sancionatoria no regulatoria deberá haber reincidencia en las prácticas monopólicas o en las concentraciones ilícitas para que se imponga la desincorporación.
En el apartado de Procedimientos, la iniciativa establece un esquema de división de funciones con pesos y contrapesos.
El Gobierno argumenta que así la autoridad que investiga no será la misma que resuelva, y que la autoridad que resuelva no será la misma que revise sus resoluciones. El objetivo es que estén sujetas a un control judicial por parte de juzgados de distrito y tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación especializados en la materia.
La iniciativa propone procedimientos más cortos al limitar la posibilidad de interposición de recursos.
Prevé fortalecer las capacidades sancionatorias del regulador al permitirle desincorporar activos en la proporción necesaria para restablecer las condiciones de competencia efectiva en los mercados.
También incluye herramientas y mecanismos que pretenden disminuir la discrecionalidad de la autoridad, brindar certidumbre jurídica y garantizar el debido proceso.
En el apartado de Organización y Funcionamiento de la iniciativa, el Gobierno indica que la ley es aplicable a todos los agentes que participan en la actividad económica, independientemente del sector, con las únicas excepciones que prevé la Constitución.
Establece además un mecanismo para definir las áreas de responsabilidad entre la CFCE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), e ncluye la integración del primer regulador y las atribuciones de sus funcionarios.
Ver: Comisión de Competencia ¿sin autonomía?
Propone además mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas que pretenden reducir “los riesgos de captura”, así como una autoridad responsable de la investigación correspondiente y dotada de autonomía técnica y de gestión.
También incorpora una Contraloría Interna que se encargará de vigilar el desempeño de los funcionarios del ente regulador.
Durante la presentación, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confirmó que el presidente Enrique Peña Nieto enviaría este miércoles la iniciativa a la Cámara de Diputados.
El Gobierno recordó que los consumidores mexicanos gastan alrededor de 40% más en mercados con problemas de competencia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, expuso que México ocupa el sitio 114 de 148 a nivel mundial en el rubro de “Efectividad de la Política de Competencia Económica”, contenido en el más reciente reporte sobre competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial.
El país está detrás de naciones como Panamá (25), India (29), Zambia (37), Brasil (40), China (55), El Salvador (59), Colombia (78) y Honduras (112).
