Ente antimonopolios estrena ‘armamento’

La Comisión Federal de Competencia Económica hará visitas sorpresas a empresas, sin anuncio previo; la Ley, que entrará en vigor el 7 de julio, contempla el arresto si no cooperan en la investigación.
argentina juez  (Foto: Getty)
Sara Cantera
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La nueva Ley Federal de Competencia Económica que entra en vigor el próximo 7 de julio permitirá que la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) tenga un nuevo ‘armamento’ para combatir malas prácticas empresariales.

La legislación aprobada recientemente contempla mayores sanciones y hasta órdenes de arresto cuando una persona o empresa obstaculicen investigaciones y verificaciones. Esto busca fortalecer las facultades del órgano regulador de la competencia, según un análisis de la consultora Baker & McKenzie.

El socio de Baker & McKenzie, Raymundo Enriquez, explicó que la nueva Ley contempla procedimientos novedosos y situaciones en donde cualquier día la CFCE  puede visitar una empresa de manera sorpresiva y revisar sus expedientes.

Además, ahora la Comisión no publicará en el Diario Oficial las investigaciones en curso, lo cual limitará la capacidad de reacción o defensa de los investigados.

“Antes, la Comisión publicaba en el Diario Oficial la investigación en curso en el mercado relevante y la conducta, y aunque no dijera nombres y apellidos, era más fácil anticipar la investigación. Ahora pueden llegar a hacer una visita de verificación sin haber hecho esa publicación y la empresa debe proporcionar cualquier medio o archivo además de permitir que interroguen a sus empleados en el momento”, explicó Enriquez.

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En Estados Unidos y el Reino Unido también existen verificaciones de este tipo, por lo que las empresas tendrán que invertir en la capacitación de sus empleados por si llegara a suceder.

La CFCE también tendrá facultades para presentar una denuncia o querella por probables conductas delictivas en materia de competencia económica, sin necesidad de esperar a que se emita una resolución en la etapa administrativa.

Lo anterior significa que aquéllas personas físicas involucradas en la comisión de prácticas monopólicas absolutas podrán enfrentarse a procedimientos penales inclusive antes de que la Comición emita una resolución sobre si existen o no violaciones a la nueva Ley.

La nueva Ley también contempla el arresto para aquéllas personas que no cooperen con las investigaciones de la CFCE, negándose a entregar información o impidiendo el desarrollo de una visita de verificación.

“Hubiera sido más sano que en alguno de los ordenamientos consecuentes, se pudiera establecer que (el arresto) sería en casos de excepción o de reincidencia y que antes hubiera una medida de apremio, luego una multa y que ya fuera una excepción el arresto”, agregó Enriquez.

Para realizar bien sus investigaciones, la CFCE podrá acceder a cualquier lugar, dispositivo de almacenamiento, dispositivo electrónico o cualquier otra fuente de evidencia, así como hacer copias de la información y asegurarla.

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La nueva Ley también elimina el recurso de reconsideración, por lo que ahora el único medio de impugnación en contra de las resoluciones es el amparo indirecto.

“Esta modificación tiene su lado positivo para las personas que fueron afectadas por una medida en términos anticompetitivos, antes presentaban los recursos de reconsideración durante el proceso y se alargaban los procedimientos”, reconoció el experto.

“La nueva Ley te permite concluir la investigación y después irte a un juicio de amparo pero con tribunales especializados que también garantizan que el juzgador tiene mayor experiencia y emitirá una resolución más apegada a derecho y a los principios de competencia”, indicó Enriquez.

Por lo tanto, se espera que las acciones para reclamar daños y perjuicios por violaciones a la nueva Ley, ya sea individual o colectivamente, tendrán mayores posibilidades de prosperar.

La nueva Ley también tipifica como delito en el Código Penal Federal, el intercambio de información entre competidores cuando esta acción tiene como objeto la fijación de precios, restricción del abasto, división de mercados, o coordinación en licitaciones, concursos, subastas o almonedas.

Las personas físicas que pudieran verse involucradas en este tipo de violaciones podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión, aún cuando el intercambio de información no se dé con la intención de violar la nueva Ley.

Además de estas sanciones, a las empresas les sigue preocupando la aplicación de nuevos conceptos como insumos esenciales, pues en la Ley no quedó especificado qué se considera como un insumo esencial; así como el tema de barreras a la competencia y libre concurrencia.

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