Senado inicia último debate energético

Los legisladores discutirán las normas sobre Presupuesto y Deuda Pública; de aprobarse la minuta, el Estado asumiría los pasivos de Pemex y CFE como deuda pública.
senado  (Foto: Agencias)
Mauricio Torres
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

Las leyes secundarias de la reforma energética buscan librar su último obstáculo este miércoles, con la discusión que abrió el Senado mexicano de las normas sobre Presupuesto y Deuda Pública, únicas de toda la legislación en la materia que aún necesitan el visto bueno definitivo.

La minuta ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, y si es avalada sin cambios por los senadores, será enviada al presidente Enrique Peña Nieto para que la promulgue.

De ser así, se sumaría a las otras cinco minutas ya procesadas por ambas cámaras: Hidrocarburos, Industria Eléctrica, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), órganos reguladores del sector e Ingresos sobre Hidrocarburos.

En cambio, si el estatuto recibe modificaciones, tendrá que regresar al recinto legislativo de San Lázaro para una nueva revisión.

La minuta contiene, entre otros puntos, la posibilidad de que el Estado pueda asumir como deuda pública los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, que ascienden a más de 1.6 billones de pesos.

Esta conversión estaría condicionada a que ambas empresas estatales negocien con sus sindicatos cambios en los contratos colectivos de trabajo -de manera que se establezcan otras condiciones de retiro para los nuevos empleados-, así como a que apliquen programas de austeridad en el gasto.

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), partidarios de la reforma energética y sus leyes secundarias, argumentan que esta medida ayudaría a Pemex y a la CFE a “sanear” sus finanzas y estar en mejores circunstancias para competir con compañías privadas.

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Para la izquierda, por el contrario, esta conversión en la deuda sería una carga injusta para el erario.

Toda la legislación secundaria procesada por el Congreso busca reglamentar la reforma constitucional en la materia promulgada en 2013. Se trata de una de las principales propuestas de Peña Nieto y plantea abrir el sector a la inversión privada nacional y extranjera.

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