El Gobierno de Peña ‘regaña’ al gobernador de Sonora
El Gobierno federal llamó este miércoles al gobierno de Sonora a que se conduzca dentro del ámbito de la ley, en respeto a sus atribuciones y responsabilidades, luego de que el gobernador, Guillermo Padrés, dijera que se expulsaría a delegados de organismos federales.
El estado afronta el desastre ecológico en el río Bacanuchi, afluente del rio Sonora, luego del derrame de sustancias tóxicas del pasado 6 de agosto, por el que se culpa a la minera Grupo México.
El Gobierno federal aclaró que la actuación de autoridades federales en ese estado se ha dado de manera coordinada, eficaz, oportuna y con estricto apego al marco jurídico.
El vocero del Gobierno, Eduardo Sánchez, recordó en conferencia de prensa que el nombramiento y la permanencia de delegados federales en dicho estado es facultad exclusiva del presidente de la República y no del gobernador.
El martes Guillermo Padrés informó la expulsión del Comité de Emergencias a delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de que calificaran de ilegal una presa construida en un rancho propiedad del mandatario.
Según el gobernador, los delegados han actuado de mala fe, y además del daño a su familia han causado problemas a Sonora al no hacer bien su trabajo, como contener el derrame tóxico.
La Conagua anunció este miércoles inspecciones sobre la presa para determinar si cuenta o no con permisos para el uso de aguas nacionales y si está o no dentro de la ley.
El titular de la comisión, David Korenfeld Federman, informó que la inspección se hará de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales, además de que se dará seguimiento a denuncias relacionadas con otros actores y personajes que tienen cuerpos de agua.
Respecto al desastre ecológico, la Profepa advirtió que en los próximos días se dará a conocer el monto de la reparación del daño tras el derrame, el cual podría rebasar “los cientos o miles de millones de pesos en cantidades que tendrá que hacerse responsable la minera (Grupo México) a corto, mediano y largo plazo”.
Con información de Notimex
