¿Qué tan transparentes son las compras del Gobierno?

México aún enfrenta algunos retos para que las compras públicas sean efectivas; un estudio indica que el Gobierno ha hecho importantes avances en su normatividad.
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Carmen Luna
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

En los países de América Latina las compras realizadas por parte del Gobierno representan entre el 5% y 15% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que ante la magnitud de recursos destinados es importante garantizar que los gobiernos adjudiquen contratos mediante procedimientos que aseguren el mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

Una de las características más negativas en la región y que influye en el diseño leg­islativo e institucional, es el problema de la corrupción y el nepotismo, reveló el Estudio sobre el combate a la colusión en compras públicas en América Latina realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

“En muchos países estos prob­lemas son vistos como los más serios y prioritarios a resolver. El hecho de que en los procedimientos de compras públicas las órdenes de compra sean normalmente por cuantías muy altas en relación a los bajos salarios de los servidores públicos, incrementa la posibilidad de que el funcionario quiera ganar el equivalente al salario de diez 10 o veinte 20 años en tan solo una operación”, señala el informe.

El caso de México

En México las licitaciones públicas son la norma general para la adquisición de bienes y servicios por parte de las dependencias y entidades públicas mediante la contratación, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, o ad­judicación directa.

De lado positivo en comparación con las mejores prácticas México obtuvo el porcentaje más alto frente a los países de la región, ya que cuenta la existencia en el marco normativo de disposiciones que reflejarían las mejores prácticas internacionales.

En este sentido el estudio menciona que México ha hecho importantes avances en su normatividad enfocados a luchar contra la colusión y la corrupción en los procedimientos de compras públicas.

Lo anterior porque la corrupción afecta al proceso de compra competitivo cuando el servidor público acepta sobornos o cualquier otra compensación a cambio de diseñar las bases de la licitación, los criterios de evaluación o alterar el resultado del proceso para favorecer a un proveedor en particular.

El CIDAC señala que en México el marco legal contiene varios elementos que favorecen la competencia entre oferentes, como el esta­blecimiento de procedimientos competitivos, ofertas subsecuentes de descuentos (subastas en reversa) o permitir las compras consolidadas de entidades públicas.

No obstante la discriminación a favor de productos nacionales o en beneficio de pequeñas y medianas empresas, son elementos que podrían restar competitividad a los procedimientos por lo que se destaca que desde el punto de vista de competencia, el sistema ideal, de conformidad con los lineamientos de la OCDE, sería recurrir a licitaciones internacionales como norma general para poder ampliar el número de empresas participantes.

“La participación de empresas internacionales puede, por un lado, introducir ofertas más competitivas y, por otro lado, si existe algún tipo de esquema de colusión na­cional, la presencia de una empresa ajena a ese acuerdo, podría romper esta tendencia e introducir más competencia en ese mercado”.

Los retos

De acuerdo con el estudio en México la legislación contiene disposiciones que buscan incrementar la transparencia en los procedimientos con el objetivo de acotar actos de corrupción con el portal CompraNet.

A su vez prevé mecanismos de rendición de cuentas y la posibilidad de presentar inconformidades.

Sin embargo, la falta de limitaciones en la divulgación de esa información (se publican los nombres de los proveedores), así como la obligación de publicar los programas anuales de adquisiciones, eventualmente puede favorecer acuerdos colusorios.

La ley permite la subcontratación, pero omite detalles importantes como los límites de porcentajes del valor del contrato o las declaraciones de responsabilidad de los subcontratistas, controles de trans­parencia y que limiten la colusión.

Al no establecer estos límites, la legislación deja la puerta abierta a que los oferentes establezcan esquemas de colusión en donde aquella empresa que es subcontratada a cambio de obtener la subcontratación se abstenga de presentar una oferta de licitación.

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Y a pesar de que el portal CompraNetreúne mucha información sobre el proceso de licitación, así como las características de las empresas para evitar el contacto (y por ende la posible colusión) de las empresas, el hecho de que la ley mantenga la posibilidad de convocar a juntas de aclaraciones es un riesgo considerable.

“Si bien las juntas buscan especificar características de la convocatoria, también crean la oportunidad y el contexto para que los distintos actores interesados en presentar propuestas se conozcan y puedan llegar a acuerdos no competitivos”, alertó el reporte.

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