La debilidad económica flexibilizará la reforma energética
La Secretaría de Hacienda se encargará de determinar las contraprestaciones que recibirá el Estado por las asignaciones que se realicen en los campos energéticos, pero si el entorno económico global se complica, podrá flexibilizar los términos de los contratos para hacerlos más atractivos a la industria privada, señalan los reglamentos para la aplicación de la reforma que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Si durante el proceso de licitación se observan modificaciones relevantes en el entorno económico global y en el mercado de los hidrocarburos que pudieran restringir la participación en el proceso de licitación, la Secretaría (Hacienda) podrá ajustar los términos a que se refieren los artículo 6, fracciones I y II y 9 de este Reglamento”, indica el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
El artículo refiere que la dependencia a cargo de Luis Videgaray establecerá los valores mínimos y, en su caso, máximos que podrán tomar las variables de adjudicación buscando siempre maximizar los ingresos que se obtengan por la explotación de hidrocarburos.
Para 2015, el consenso de los especialistas espera bajos precios del petróleo debido a la desaceleración económica de la Unión Europea y de Japón, así como por una sobreoferta del combustible.
“Los reglamentos de la reforma van en la misma línea que la Ley de Hidrocarburos. El Fondo Mexicano del Petróleo recibirá los recursos y de estos el equivalente a 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB) irán para Hacienda”, dijo Luis Miguel Labardini, asociado de la consultora especializada Marcos y Asociados.
Recursos centralizados
En la reglamentación también se especifica que las empresas productivas del Estado, como Pemex y CFE, no podrán participar con las empresas privadas mediante la figura de Asociaciones Público-Privadas (APP) de manera independiente, pues será necesario tener el permiso de Hacienda.
“Se quería evitar que los estados, principalmente Tabasco y Veracruz, tuvieran vía libre a los recursos de las actividades de exploración y extracción”, señaló una fuente relacionada con las negociaciones de la reforma que pidió no ser identificada.
“Las empresas productivas del Estado no podrán celebrar con particulares contratos de asociación público-privada para la realización de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”, especifica el reglamento.
Por su parte, la investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), Miriam Grunstein, dijo que “la exploración y extracción siguen siendo áreas estratégicas del Estado y las APP excluyen las estratégicas. Es algo jurídico. Se quiere dejar la imagen de que (estas actividades) siguen estando en control del Estado”.
Las entidades federativas solo podrán participar vía APP en actividades como construcción de gaseoductos, oleoductos, refinería y petroquímica .
Justificaciones para el déficit
Aun con la entrada de inversión que se espera por los proyectos de la reforma energética (la Secretaría de Energía prevé poco más de 50,000 millones de dólares para 2018), se diseñó una justificación para la contratación de deuda, según el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El documento señala que el déficit presupuestario, sin considerar el gasto de inversión de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias , deberá ser igual a cero, no obstante, Hacienda podrá justificar un déficit, por las siguientes razones:
- La previsión de una caída de los ingresos tributarios no petroleros que exceda el 2.5% real del monto aprobado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato anterior que resulte de una previsión de un débil desempeño de la economía y que se refleje en una estimación del PIB que lo sitúe por debajo del PIB potencial estimado.
- Cuando haya previsiones de una caída en el precio del petróleo mayor a 10% respecto al precio previsto en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, o de una caída transitoria de la plataforma de producción de petróleo en el país.
Hacienda incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos la estimación del balance presupuestario desagregado en Gobierno Federal, entidades de control directo y empresas productivas del Estado, consistente con la meta de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).
El director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada, ha advertido que con un mayor déficit, en 2018 la deuda contratada puede alcanzar el 50% del PIB.
En el tercer trimestre de este año, la deuda neta del Gobierno, bajo la definición amplia y medida como porcentaje del PIB (RFSP), se incrementó hasta 40.8% desde 38.9% del cierre de 2013, de acuerdo con un reporte de Banamex.
“La reglamentación no cambia nada sustantivo, es un proceso. Habrá que esperar a los próximos meses” dijo Grunstein.
