5 claves que limitarán el endeudamiento de estados mexicanos

El acelerado crecimiento de la deuda de los estados y municipios entre 2008 a 2014 tuvo que traducirse en el establecimiento de una ley que busque un manejo sostenible de las finanzas públicas y que contempla el aval del Gobierno Federal para que las entidades contraten deuda, así como sanciones para funcionarios públicos.

Al cierre de 2014, la deuda de estados y municipios representó 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) desde 1.6% de 2008. El 19 de agosto se publicó en la gaceta de la Cámara de senadores la iniciativa reglamentaria para  darle operatividad a la reforma constitucional de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.

La ley recuerda que la deuda que se contrate deberá destinarse a inversiones públicas productivas o en su caso a refinanciamiento o reestructura. También deberá ser autorizada por dos terceras partes del Congreso local respectivo.

Estos son cinco puntos de la iniciativa de ley secundaria , de acuerdo con especialistas:

1. Municipios deberán planear su presupuesto. Tendrán la obligación de realizar un proyecto de presupuesto de egresos, en el que el gasto deberá limitarse a lo presupuestado y la contratación de pasivos se limitará al techo de financiamiento que determine el sistema de alertas.

“Hay una falta de control para el ejercicio del presupuesto de egresos, conforme avanza el año hay un descontrol, se generan déficits y se crean círculos viciosos. Ahora tendrán que seguir los mismos lineamientos que a nivel federal”, comentó en entrevista el director de Finanzas Públicas para América Latina de Fitch Ratings, Humberto Panti.

Los municipios con población menor a 200,000 habitantes contarán con el apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas o su equivalente de su estado.

2. Dejarán de acudir al banco de cabecera. Estados y municipios estarán obligados a contratar deuda bajo las mejores condiciones de mercado. El director ejecutivo senior de deuda subnacional de HR Ratings, Ricardo Gallegos, comentó que la Secretaría de Hacienda tendrá que publicar los lineamientos en torno a este tema.

“El cálculo de tasa efectiva es un dato importante, es decir, no solo la tasa de interés sino todos los costos asociados , es un tema interesante para ver efectivamente cómo las instituciones financieras dan crédito y como resultado provocará un mercado más eficiente y competitivo”, dijo Gallegos.

“Lo que a veces observábamos es que se iba con el banco de cabecera, sin hacer un análisis y comparar la opción más barata”, comentó por su parte Humberto Panti.

3. Deudas a la vista de todos. Los entes públicos tendrán que registrar la totalidad de sus financiamientos en el registro público que estará a cargo de Hacienda, tanto obligaciones derivadas de contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) o créditos a corto plazo, que hasta ahora no se registran.

Hacienda podrá solicitar a las instituciones financieras vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de la deuda contratada y en caso de detectar diferencias deberán publicarse en el registro.

“El registro público necesita que se quite este secreto (el bancario) y es un paso positivo y además los estados y municipios son entidades públicas”, señaló la analista senior de Moody’s, María del Carmen Martínez-Richa.

4. Aval de la Federación. El Gobierno podrá dar la garantía federal a la deuda de estados y municipios para que estos consigan mejores condiciones financiera, para esto se excluye al DF, ya que su deuda ya tiene este aval. Las entidades tendrán que suscribir un convenio que contemple reglas específicas para obtener esta garantía.

“Esto puede  ayudar a disminuir el costo de la deuda, tener un mejor riesgo crediticio les conviene y a cambio impulsa que manejen las finanzas con más disciplina”, explicó Martínez-Richa

5. Sanciones. Servidores públicos y personas físicas o morales que cometan omisiones o incumplimientos de la ley o que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda de estados y municipios serán sancionados con lo previsto en términos del título cuarto de la Constitución mexicana.

Los especialistas coincidieron en que la reforma es un buen avance aunque aún falta ver como se aprobará y después, el paso más difícil que será la implementación.

“Son pasos positivos para el uso de los recursos públicos (…) Lo que vamos a vigilar son los montos, el techo de financiamiento posible”, comentó Gallegos.

“Pensamos que puede resolver problemáticas de estados y municipios y fotalece el marco institucional”, dijo por su parte el directivo de Fitch.