La corrupción aleja inversión extranjera en México: estudio

La falta de Estado de Derecho limita atraer mayores flujos de capital pese a reformas, dice reporte; 42% de multinacionales encuestadas experimentaron falta de transparencia en procesos regulatorios.
corrupción, directivos, tentados, pulso expansión 500  (Foto: iStock by Getty Images)
Carmen Luna
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Los escándalos de corrupción y la falta integral de Estado de Derecho son factores que limitan a México para atraer mayores flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) pese a la estabilidad de la economía y la puesta en marcha de las reformas estructurales, advierte un estudio conjunto del bufete mundial Hogan Lovells y The Economist Intelligence Unit.

"A pesar de la economía estable de México y los aspectos de modernización, incluyendo las reformas estructurales, casos conocidos de corrupción y la falta integral del Estado de Derecho siguen siendo de los mayores retos de México y América Latina. El Estado de Derecho tiene un impacto directo en la capacidad de México para atraer IED", de acuerdo con la investigación 'Riesgo y rendimiento. IED y el Estado de Derecho', presentada este miércoles.

Se calcula que anualmente 1 billón de dólares de inversión foránea directa circula en todo el mundo y estos flujos son fuente importante de capital, creación de empleos y de desarrollo económico para los países.

El estudio se basa en una encuesta realizada entre 301 ejecutivos senior alrededor del mundo.

De acuerdo con los encuestados un Estado de Derecho sólido es uno de los tres elementos más relevantes que se toman en cuenta para tomar una decisión de inversión, solo después de la facilidad para hacer negocios, el contexto político e incluso antes del contexto macroeconómico.

"México es uno de los tantos destinos de la IED y si bien es cierto que han habido años con ingresos récord, lo cierto es que este es un mercado sumamente competido. Si recibimos las inversiones que recibimos hoy en día a pesar de ciertas limitaciones como el tema de Estado de Derecho, imagínense lo que podríamos lograr si eliminaramos esas deficiencias", dijo a CNNExpansión el socio de Hogan Lovells, Juan Francisco Torres Landa.

En 2013 México recibió un récord de 35,188 millones de dólares (mdd) en IED y, de acuerdo con Torres Landa, si el país logra reducir el factor riesgo que implica la corrupción y la falta de un claro Estado de Derecho la inversión se puede aumentar en forma proporcional.

El problema más común relacionado con el Estado de Derecho es la falta de transparencia en los procesos regulatorios y de establecimiento de normas en el país anfitrión que fue experimentada por el 42% de las multinacionales encuestadas, de acuerdo con los resultados de la encuesta.

"Creo que en cuanto existe un marco jurídico y en cuanto existen instituciones sacamos calificaciones muy altas, en donde no es en el cumplimiento y la ejecución. Y el hecho de que en el caso de altos jerarcas políticos no se aplique, manda una señal que sí impacta las decisiones... El ejemplo que se da es muy malo", comentó Torres Landa sobre los casos del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En este sentido agregó que el sector privado tiene una corresponsabilidad ya que la corrupción la integra quien se deja corromper y quien corrompe, por lo que una empresa no puede quejarse de la corrupción cuando es partícipe de esta.

"No es un tema que podamos relegar. Hubo un enorme éxito como país en generar una serie de reformas que se antojaba imposibles de lograr (pero) el no tener un sistema anticorrupción bien instrumentado, un sistema de rendición de cuentas genera que el potencial de esas reformas se reduzca de una forma muy significativa", puntualizó Torres Landa.

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Entre las recomendaciones, el estudio sugiere la implementación de leyes más contundentes para garantizar la implementación de los derechos de los inversionistas, una mayor capacitación del Poder Judicial, mayor transparencia en la creación de normal legales, así como la adhesión a tratados bilaterales de protección a la inversión.

 

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