Perfiles: Conoce quiénes son los nuevos ministros de la SCJN

Los senadores aprobaron la designación de Norma Piña y Javier Laynez en el máximo tribunal; los miembros entrantes van a la Corte con experiencia en temas fiscales y justicia administrativa.
Sin Titulo  (Foto: Cuartoscuro/Archivo)
Roberto Cisneros y Arturo Ascención
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Javier Laynez y Norma Piña rindieron protesta este jueves para ocupar las dos vacantes que dejaron los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Te presentamos los perfiles de los nuevos ministros del máximo tribunal del país.

Javier Laynez

Javier Laynez llevará su expertise como abogado especializado en materia fiscal a la SCJN, que atiende temas de ese ámbito en las dos salas superiores.

El exprocurador Fiscal de la Federación, designado en 2008 por el entonces presidente Felipe Calderón y ratificado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, inició su trayectoria en dicha institución como abogado hacendario hasta llegar a encabezarlo.

En la administración pública, Laynez estuvo “del otro lado de la ventanilla” representando a la Federación en procesos judiciales relacionados con impuestos, contrabando y delitos financieros. Ahora, será juez en este tipo de litigios.

Previamente, el exfuncionario también se desempeñó como director de Legislación y Normatividad en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto (ahora Hacienda), de Normatividad en Secretaría de Educación Pública (SEP) y subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR). Asimismo, fungió como consejero Jurídico Adjunto de la Presidencia con Ernesto Zedillo y Vicente Fox de 1994 a 2005 y con Felipe Calderón de 2007 a 2008.

En estos cargos, Laynez participó en la redacción de reformas estructurales como la de derechos humanos, la creación de la Procuraduría Social para la Defensa de las Víctimas del Delito (actualmente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), sobre lavado de dinero, de Sistema Penal Acusatorio, entre otras modificaciones. Además, fungió como asesor del Ejecutivo en los cambios constitucionales en materia educativa (de 1993), energética, de transparencia y narcomenudeo.

En el ámbito penal, litigó en representación del gobierno en contra de Raúl Salinas para la repatriación a México de 66 millones de dólares asegurados en el extranjero considerados producto de fraude, los cuales fueron depositados en las arcas públicas en 2008 aunque el acusado fue absuelto del delito de enriquecimiento ilícito, el cual enfrentaba tras haber sido señalado de desviar recursos de la llamada “partida secreta” que manejó su hermano, el entonces presidente Carlos Salinas.

Debido a estos puestos en el gobierno y su respaldo a las reformas, senadores de izquierda cuestionaron la independencia respecto del Ejecutivo y ante eventuales controversias en contra de dichas modificaciones, ante lo cual Laynez respondió.

“Yo nunca recibí mi salario como servidor público para decir siempre: ‘sí señor, lo que usted ordene’. Y no creo que ninguno de mis superiores jerárquicos, considero, me haya ratificado, conservado o contratado para que únicamente hiciera eso”, dijo el viernes pasado al comparecer ante senadores.

En 2011, la postulación de Laynez como juez de la Corte Penal Internacional (CPI) —planteada por Calderón— fue criticada por la oposición luego de que su perfil fue considerado como “no calificado” por el panel independiente creado para dicha selección.

A fines de 2006, el abogado tuvo otro revés, en aquella ocasión por parte de la Corte a la que ahora se incorpora por un periodo de 15 años. Esto, luego de que su nominación a magistrado electoral —también a propuesta del expresidente— no obtuvo el apoyo suficiente para avanzar en el proceso de elaboración de las seis ternas de candidatos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Laynez —originario de Torreón, Coahuila— ha sido docente en instituciones como la Universidad Regiomontana (su alma mater), el Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ocupará la vacante que deja el expresidente de la Corte Juan N. Silva Meza, tras haber conseguido 81 votos (de 111 senadores presentes) en la elección celebrada este jueves.

Norma Lucía Piña Hernández

En 2012, el presidente Felipe Calderón la colocó en una terna para sumarse al grupo de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no resultó elegida. Pero tan solo tres años después, ya con Enrique Peña Nieto como mandatario, de nuevo la nominaron y ya es ministra del máximo tribunal del país.

Su designación, para entrar en lugar de la ministra Olga Sánchez Cordero —que se retiró tras 20 años de labor en la SCJN—, se dio este jueves en el pleno del Senado con 79 votos a favor, de un total de 111.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 1979 a 1984. En su experiencia profesional en el Poder Judicial de la Federación, están los cargos de secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la SCJN.

También los de magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; magistrada del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y magistrada del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, su cargo al ser nominada como ministra de la SCJN. Su nombramiento como magistrada de circuito ocurrió el 16 de agosto de 2000.

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Durante su comparecencia ante los senadores, previo a la votación, Piña Hernández expuso su visión sobre distintos temas. Respecto a la marihuana y las voces que piden regular su consumo en todo el país, dijo que debe contarse con más información para tener un “debate democrático”, a través de los representantes elegidos por la población.  

En cuanto a la eutanasia, planteó la discusión de que si una persona decide un bien morir, "¿es válido que el Estado le impida esa decisión? Creo que en eso está la cuestión fundamental". Piña Hernández también expresó su desacuerdo con los candados legales que busquen evitar o limitar las candidaturas independientes.

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