Japón aprueba presupuesto extra para ayudar a su economía
El Gabinete japonés aprobó este viernes un partida presupuestaria adicional de 27,000 millones de dólares para el actual año fiscal que termina en marzo, con el fin de revitalizar el crecimiento en la tercera economía más grande del mundo.
El estímulo de 3,3213 billones de yenes (27,120 millones de dólares) será destinado a medidas para respaldar a los ancianos de bajos ingresos con beneficios en efectivo valuados en 30,000 yenes por persona y a los agricultores afectados por el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por su sigla en inglés).
Este presupuesto extra se suma al desembolso inicial de 96.3 billones de yenes, lo que eleva la cifra total del gasto presupuestario general de este año fiscal a 99.6 billones de yenes, frente a 3.1 billones de yenes de gasto adicional en el presupuesto durante el año fiscal anterior.
El tema pone de manifiesto el desafío que enfrenta el primer ministro Shinzo Abe, quien debe encontrar el equilibrio correcto entre solucionar la mayor carga de deuda pública del mundo industrializado y revivir la economía de cara a una elección legislativa a mediados de 2016.
Japón evitó la recesión en el tercer trimestre por una revisión al alza en los gastos de capital e inventarios, pero cualquier repunte es considerado escaso ante la debilidad de la demanda local e internacional.
Para cumplir con la disciplina fiscal, el Gobierno no emitirá ningún bono adicional para financiar el estímulo. Las autoridades redujeron sus planes de emitir nuevos títulos en 444,700 millones de yenes, desde una estimación inicial de 36.9 billones de yenes para el actual año fiscal.
El Gobierno apelará a dinero no gastado del presupuesto del año previo y al ingreso fiscal, que ha superado lo pronosticado inicialmente en el presupuesto.
La medida será enviada al Parlamento para su aprobación a comienzos del 2016, junto con el borrador del presupuesto anual para el siguiente período fiscal que se inicia en abril. Con esto, el Gobierno dijo que lograría su meta desde hace cinco años de reducir a la mitad el déficit presupuestario primario excluyendo nuevas ventas de bonos y servicios de deuda.
