PRD y PAN piden prevenir filtración criminal en candidaturas
Las dirigencias nacionales de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron este martes ante las presidencias de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional expida un protocolo para prevenir, identificar y dar respuesta inmediata sobre la posible infiltración del crimen organizado en candidaturas.
Los líderes Ricardo Anaya y Agustín Basave, del PAN y del PRD, respectivamente, se reunieron con los presidentes del Senado, Roberto Gil Zuarth, y de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, para realizar la solicitud.
La petición de los partidos opositores busca evitar que el crimen organizado se filtre en las cámaras de los congresos federal y locales.
Lee: PRI, PAN, PRD... con casos de políticos vinculados al crimen
Dicha infiltración representa un riesgo a la seguridad nacional, en términos del artículo 5 de la legislación en la materia, expusieron los partidos políticos.
Los organismos políticos precisaron que la Ley de Seguridad Nacional establece en su Artículo 57, que la Comisión Bicameral tiene la facultad para solicitar informes concretos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como para emitir las recomendaciones que corresponde.
Las principales fuerzas políticas del país tienen en su historial diferentes casos de militantes o candidatos a los que se les ha señalado por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.
La situación más reciente es la de Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local en Sinaloa que llegó al cargo legislativo impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) en 2013, y quien es investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por utilizar documentos apócrifos para visitar al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, en la cárcel de Máxima Seguridad del Altiplano.
Otro caso sonado fue el del exalcalde de Iguala, Guerrero, que llegó a su cargo de la mano del PRD y fue recluido en el penal del Altiplano, luego del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014.
