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El alcalde de Cocula, detenido por delincuencia organizada

Eric Ramírez es acusado de fomentar delitos contra la salud, dijo la Comisión Nacional de Seguridad; en octubre de 2015 fue detenido por su probable vínculo con una organización delictiva de Guerrero.
mar 09 febrero 2016 09:17 PM
Eric Ramírez Crespo, alcalde de Cocula e integrante del PRD. (Foto: Tomada de Facebook)
Eric Ramírez Crespo, alcalde de Cocula e integrante del Part Eric Ramírez Crespo, alcalde de Cocula e integrante del PRD. ✓ (Foto: Tomada de Facebook)

Elementos de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cumplimentaron este martes una orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Cocula, Guerrero, Eric Ulises Ramírez Crespo, informó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de un comunicado.

El político del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue aprehendido por e l delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, en su modalidad de fomento, informaron las autoridades en el comunicado.

La orden de captura de Ramírez Crespo fue concedida por el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Iguala, Guerrero, el pasado 30 de enero del presente; esto, a consecuencia de un mandamiento judicial solicitado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

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La aprehensión del alcalde de Cocula fue cumplimentada sobre la carretera Iguala-Teloloapan, a la altura de la comunidad Loma de los Coyotes, del municipio de Iguala, refirió la comisión.

Eric Ramírez fue detenido el 29 de octubre de 2015 en Morelos; días después, el 3 de noviembre, el político fue arraigado por 40 días, en virtud de que la Seido estableció la probable vinculación del hombre con una organización delictiva que opera en Guerrero, y liberado.

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43 estudiantes normalistas desaparecieron el 26 de septiembre 2014, presuntamente a manos de policías municipales aliados con narcotraficantes.

Una versión de la Procuraduría General de la República reportó que los jóvenes murieron y sus cuerpos cremados en un basurero de Cocula, pero este informe fue refutado por un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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