Un juzgado admite un amparo contra el impuesto ecológico en Zacatecas

El juez no concedió la suspensión provisional del gravamen hasta que se realice una audiencia, según la Asociación de Ingenieros de Minas.
El  gobernador de Zacatecas remitió al Congreso local la Ley de Ingresos 2017 que incluía el impuesto ecológico, con el que pretende recaudar más de 1,230 mdp.
Impuesto ecológico  El gobernador de Zacatecas remitió al Congreso local la Ley de Ingresos 2017 que incluía el impuesto ecológico, con el que pretende recaudar más de 1,230 mdp.  (Foto: iStock by Getty Images)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Un juzgado admitió el amparo promovido por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgias y Geólogos de México, en contra del impuesto ecológico que entró en vigor en enero de este año.

La asociación explicó este jueves en un comunicado que el juez no concedió la suspensión provisional por lo que “la carga impositiva sigue vigente hasta que se realice una audiencia”.

En dicho encuentro se tendrá que acreditar el daño inminente que este gravamen representaría para los trabajadores mineros y a los que dependen del sector.

El pasado 15 de diciembre, Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, remitió al Congreso local la Ley de Ingresos 2017 que incluía el impuesto ecológico, con el que se pretende recaudar más de 1,230 millones de pesos (mdp), del cual el 97% pagaría la minería y la industria cervecera.

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El dictamen dice que las empresas deberán pagar un impuesto de 250 pesos por cada tonelada de emisiones de gases que generan. El cargo incluye emisión de gases a la atmósfera; contaminación de suelo, subsuelo y agua, así como el depósito y almacenamiento de residuos.

El sector minero rechazó la medida ya que considera que este impuesto tiene fines recaudatorios y no ambientales, con el fin de compensar el déficit presupuestal de 3,500 mdp y una deuda que asciende a más de 7,340 mdp heredada por la administración de Miguel Alonso Reyes.

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La Cámara Minera de México (Camimex) solicitó el sábado pasado al Congreso estatal que convoque una reunión con los sectores involucrados para analizar el decreto.

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