#LosPiratasDeBorge Segunda Parte: Cancún

La maquinaria institucional de despojos de bienes y dinero a particulares y empresas en Quintana Roo, ha barrido con el patrimonio tanto de pequeñas empresas como de industrias trasnacionales asentadas en el país.

Y esta vez golpeó a una de las globales más importantes establecidas en territorio mexicano: Nestlé, la empresa suiza del ramo de alimentos que solo en México factura 4 billones de pesos al año.

En mayo del 2016, ejecutivos de la firma se enteraron que eran víctimas de esta red, cuando intentaron hacer movimientos en una de sus cuentas bancarias y ésta se encontraba congelada.

En el caso de la firma suiza, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje 2 de Cancún, que preside Alexis Zavala, dictó un laudo laboral condenando a Nestlé para pagar 7 millones de pesos a los supuestos trabajadores que la demandaron.

El modus operandi es el mismo con el que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de esta entidad ha actuado desde hace varios años: inventan trabajadores que denuncian a una persona o empresa por despido injustificado y se fijan sueldos y prestaciones muy altas.

Los demandados no se enteran de que hay un proceso en su contra, debido a que en la mayor parte de los casos simulan las notificaciones y hasta que les embargan su patrimonio se enteran de que perdieron el proceso por “no haber acudido a defenderse”.

De la misma forma, Nestlé nunca tuvo conocimiento de la existencia de la demanda ni fue notificado al respecto, hasta que bloquearon una de sus cuentas bancarias y se retiró el dinero.

Expansión confirmó este caso con un representante de Nestlé, quien señaló que los supuestos demandantes no son ni fueron empleados de la trasnacional.

“Nestlé no tuvo conocimiento de la existencia de la demanda ni fue notificado al respecto. Tomó conocimiento del asunto en los primeros días de mayo de 2016 debido a un bloqueo a una cuenta bancaria de la empresa. Nestlé ha identificado que los demandantes no son ni fueron empleados de Nestlé. Ante esta situación se promovió un amparo y a la fecha la compañía se encuentra en espera de resolución”, señaló en una tarjeta informativa enviada a Expansión el 22 de julio.

De manera independiente, se pudo corroborar que el amparo indirecto se promovió bajo el número 674/2016 ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintan Roo, mismo que se encuentra en curso y al que se ha llamado a los supuestos trabajadores para que demuestren que sí laboraron en la compañía.

nullMayka Osorno Michel es una pequeña empresaria que llegó a Cancún en 2006 con la idea de abrir una sucursal de su negocio: una empresa de Recursos Humanos que también opera nóminas de otras compañías.

El mercado de Cancún es complicado, dice Mayka, porque operan grupos muy cerrados y existe un ambiente de poco respeto a la legalidad. Por ello prefirió abandonar el lugar. Una vez fuera de la ciudad, y de un día para otro, se enteró que le retiraron 2 millones 344,789 pesos de su cuenta, dinero que pertenecía a la nómina de otros clientes. El retiro se debió a una demanda laboral iniciada siete años antes y de la cual nunca recibió notificación alguna.

Al revisar el nombre de la trabajadora demandante se dio cuenta que sí fue contratada por ellos, pero su empleo duró sólo un mes y fue con un salario 10 veces menor al que se asienta en la demanda laboral.

A pesar de esto, Mayka interpuso un amparo y lo ganó, pero sus abogados no cobraron el cheque. Ella supone que esto se debe a toda una red de corrupción donde tiene que ver la presunta empleada, la Junta de Conciliación número 2 de Cancún, y probablemente sus antiguos abogados.

nullFrancisco Colunga es un abogado especialista en juicios laborales. Su despacho lo tiene en Cancún, Quintana Roo. Cuenta que las juntas laborales se utilizan como mecanismos para obtener lucros indebidos. Éstas tienen tanto poder que, si ellos quieren, literalmente pueden robar a los patrones con métodos legales con el pretexto de una presunta demanda laboral que en muchos de los casos es inventada.

Ricardo y su empresa de concreto llegaron a Cancún a finales del 2013, para proveer a una compañía más grande que construye edificios en el destino turístico. A él lo contrataron con el objetivo de realizar las estructuras de las construcciones.

Por poco más de un año, la empresa operó con 15 empleados en Quintana Roo a través de una pequeña planta que instalaron en Benito Juárez. Un año después, la empresa terminó su trabajo y regresó a la Ciudad de México donde están sus oficinas, pero en 2015 se percató que dos cuentas de inversión y dos de cheques de Banamex e Ixe estaban bloqueadas.

“Era viernes y no podíamos hacer mucho, lo único que pudimos averiguar es que era una instrucción de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 10 por una demanda que tenían contra nosotros ocho choferes por 5 millones de pesos. Estábamos muy extrañados porque hacía más de una año que habíamos regresado a la Ciudad”, señala Ricardo, quien prefiere que se resguarde su apellido y el nombre de su empresa.

De la misma forma que hicieron con otras organizaciones que han sido víctimas de esta red de despojo, el actuario supuestamente le notificó de la demanda laboral, pero en un predio desconocido, así que nunca se enteró.

“Esto es parte del juego que tiene el presidente de la Junta de Conciliación. Ésta es delincuencia organizada, porque para poder hacer estas cosas, se debe estar amañado con el actuario y todos los órganos que están arriba de todo esto”, expresa Ricardo, quien al final explica que los 5 millones que sustrajeron de sus cuentas, fueron entregados sólo a tres choferes de los ocho que demandaron.

A través de varios abogados, la empresa logró con un amparo frenar la sustracción de otro millón de pesos, es decir que de no ser por esta protección, habrían sustraído 6 millones de pesos de sus cuentas bancarias.

“Los bancos no hacen ninguna averiguación ni te avisan que tus cuentas están congeladas hasta que tratas de usarlas y te enteras que tu dinero ya fue entregado a gente que ni conoces, que no son tus trabajadores y que nunca has visto. En vez de hacer una investigación, ellos inmediatamente entregaron el dinero a los supuestos choferes”, señala.

El empresario destaca todas la irregularidades con las que las autoridades actúan, además de amañar las notificaciones, los expedientes se hacen perdedizos o los retiene los presidentes de las Juntas de Conciliación y arbitraje y los entregan hasta que el dinero está retirado de sus cuentas.

“Cuando te dejan ver la demanda te dicen: yo ya entregué el dinero a los trabajadores, tú caíste en desacato por no presentarte a los llamados que hicimos. La verdad es que desaparece el dinero de las cuentas y no vuelves a saber de él”, señala.

Al final, la empresa de Ricardo quebró porque no pudo seguir haciendo operaciones mercantiles ni cobrar a los clientes que le debían.

“La afectación fue tan grande que mi empresa quebró. No pude cobrar porque si cobraba yo a los clientes, el dinero me lo iban a robar, me iban a vaciar por medio de la Junta de Conciliación. No fue sólo lo que me robaron, me paralizaron la empresa y tuve que constituir otra, venderle los activos, renegociar con todos los clientes las cuentas por cobrar”.

Después de obtener el amparo, Ricardo decidió interponer una denuncia penal en contra de los funcionarios de la Junta Local de Conciliación, no obstante al ver que le salía muy caro y le quitaba mucho tiempo el atender el juicio, se desistió.

“Me desistí porque me quitaba tiempo y me costaba más el proceso que lo que iba a recuperar, pero lo que sucede en Quintana Roo es delincuencia organizada de alto nivel, lo que me pasó a mí, ahora sé que se lo hicieron mucha gente. Los delincuentes no pueden actuar de manera autónoma, es imposible. Es tan evidente el robo y el despojo que tiene que estar enterados de los que pasa, incluso hasta en la Ciudad de México”.