Amparos fiscales desfalcan a Hacienda
A finales de abril, justo al iniciar la crisis sanitaria que afectó rápidamente al sector restaurantero, un amparo fue la vacuna para Alsea, la operadora que controla las franquicias Domino’s Pizza, Burger King, Chili’s y Starbucks, entre otras.
El amparo, otorgado por un tribunal de Tamaulipas, permitiría a este grupo de restaurantes de comida rápida acceder a la devolución de unos 370 millones de pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La resolución judicial llegó como un salvavidas para Alsea, ya que las ventas del grupo venían a la baja y además sufrirían extra por el cierre temporal de restaurantes decretado por las autoridades del DF para contener la epidemia de la influenza AH1N1.
Las grandes empresas han encontrado en el amparo fiscal un valioso recurso para reducir su pago de impuestos y compensar sus resultados; sin embargo, esto es un fuerte dolor de cabeza y genera pérdidas millonarias en recaudación para el gobierno.
La Cámara de Diputados –con el aval de la Secretaría de Hacienda– ha intentado impulsar una reforma a la Ley de Amparo, pero ésta fue frenada en el Senado. A decir de expertos fiscales, la iniciativa adolece de varios defectos.
Lluvia de amparos
En junio de 2003, un negocio de pizzas llamado Operadora Dopitam, en Tamaulipas, ganó un juicio de amparo en contra del artículo 2-A de la Ley del IVA, que establecía la tasa de 15% a las ventas en negocios de comida rápida. Dopitam se convirtió en la única empresa del país que obtuvo un recurso de este tipo contra ese impuesto.
En 2005, Alsea compró Dopitam y la renombró como Operadora de Franquicias Alsea. Así pudo extender la tasa cero de IVA a las 899 tiendas que tenía en 2007 en el país.
Las ventas de Alsea sumaron 1,082 millones de pesos en el tercer trimestre de 2005, un incremento de casi 17% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Hacienda y la Procuraduría Fiscal. Esto, gracias a que a partir de ese trimestre se aplicó la tasa cero de IVA.
Dos años después, el Congreso reformó la Ley del IVA, lo que dejó sin efecto el amparo de Alsea. Sus afiliados debieron pagar otra vez el 15% del IVA, aunque acudieron de nuevo a los tribunales para exigir las devoluciones del impuesto que no les habían sido entregadas por Hacienda.
Éste es sólo uno de los casos que regularmente enfrenta el gobierno federal. Cada año, una gran cantidad de empresas busca ampararse contra todo tipo de impuestos.
Hacienda y la Procuraduría Fiscal señalan que en los tres últimos ejercicios fiscales (incluyendo el actual) el monto involucrado en juicios de amparo –y que, por ende, está en riesgo para fines de recaudación– suma 346,000 millones de pesos.
En varias ocasiones, Hacienda ha tenido que devolver enormes cantidades de IVA a grandes empresas; tal es el caso de Jumex (2,000 millones de pesos) y Jugos del Valle (1,300 millones) en 2001 y de Transportación Ferroviaria Mexicana/Kansas City Southern (2,100 millones) en 2004.
“El problema con el sistema de impugnación de las leyes fiscales es que Hacienda tiene que atender cada uno de esos juicios. Si una demanda se presenta en Tapachula, la Subprocuraduría Fiscal tiene que ir a litigar allá ese asunto y, si perdemos el asunto, pues interponer el recurso de revisión allá”, explica Óscar Molina, subprocurador fiscal de amparos.
“En la Ley del Impuesto al Activo (Impac) tuvimos 15,000 demandas de amparo, y tuvimos que litigarlos en primera instancia prácticamente en toda la República”, añade.
Varios de estos amparos fueron otorgados y hoy coinciden con un alud de demandas de amparo relacionadas con el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). “Tenemos que rendir los informes en el IETU e interponer los recursos de revisión de las sentencias en contra del Impac”, dice Molina.
En marzo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Amparo, que a juicio de Hacienda parecía ideal, a fin de agilizar y reducir los juicios de amparo.
La reforma contempla que los amparos sean resueltos ante la Suprema Corte de Justicia y que sus resoluciones tengan efectos generales: que sean válidas para todos los contribuyentes, no sólo para quienes promovieron los juicios.
También prevé juicios colectivos, como ocurrió con los amparos contra la Ley del ISSSTE y contra el IETU.
Expertos fiscales ven como positivo que se den efectos generales a la reforma, sin embargo, consideran como “cuestionables” otros aspectos de la misma.
Herbert Bettinger, socio director del área legal de Ernst & Young, opina que la reforma limitaría el recurso de amparo. Dice que sería muy costoso para el contribuyente que promueva un amparo, pues tendría que exhibir pagos y garantías mientras dure el juicio, lo que le ocasionaría serias pérdidas. En caso de perder, podría perder su empresa.
Carlos Cárdenas, socio director de la práctica de impuestos de la misma firma, afirma que el problema no es el amparo fiscal sino las deficiencias en la forma de legislar en esa materia, pues año con año se cocinan reformas fiscales a última hora y con mentalidad recaudatoria.
Por ahora, las empresas tienen un respiro. Los coordinadores parlamentarios del Senado congelaron la reforma. Se analizará en la próxima Legislatura, en septiembre.