Urgen acciones colectivas

Denise Dresser alerta sobre la falta de derechos que tienen los mexicanos como consumidores; la politóloga opina que las acciones colectivas bien organizadas son incentivos contra los abusos.
Denise Dresser  (Foto: Especial)
Denise Dresser

Ser consumidor en México hoy es vivir sin voz, sin alternativa, sin protección, sin derechos. Es ser un hombre invisible o una mujer sin rostro. Es ser una persona que paga –mes tras mes– tarifas telefónicas más altas que en casi cualquier parte del mundo. Es ser un estudiante que paga –mes tras mes– una cuenta de internet superior a la de sus contrapartes en Estados Unidos. Es dirigir una pequeña o mediana empresa que paga –mes con mes– servicios de telecomunicaciones que elevan sus gastos de operación y reducen sus ganancias.

Allí están: miles de personas con comisiones por servicios financieros que no logran entender, con cuentas de electricidad que se disparan sin motivo claro, con cobros inusitados que nadie puede explicar. Parados en la cola de los bancos o de la Compañía de Luz y Fuerza o de Teléfonos de México. Allí varados, desprotegidos y sin opciones.

En México, los ciudadanos no cuentan con instrumentos para hacer valer sus derechos como consumidores, no tienen cómo defenderse ante empresas que proveen malos servicios o abusan de sus clientes. En varios países, entre ellos, Colombia, Brasil, Uruguay, Costa Rica, España, Canadá y EU, reconocen el derecho de sus ciudadanos a organizarse colectivamente a través de los llamados class action. Aquí se frena esa posibilidad.

Hace más de un año, un grupo de maestros del ITAM, asociaciones de consumidores, ciudadanos preocupados, y algunos legisladores sensibles empezaron a tratar el tema. Organizaron un grupo de trabajo en el que participaron representantes de las principales empresas de México, con la esperanza de llegar a un acuerdo satisfactorio para que el país pueda emular las mejores prácticas a nivel internacional. Pero de pronto se dio el albazo: la Cámara de Diputados aprueba con 295 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, una reforma fallida que constituye una regresión.

En lugar de permitir que los ciudadanos se organicen, la iniciativa aprobada al vapor coloca la capacidad de iniciar acciones colectivas exclusivamente en manos de la Profeco, la Profepa y la Condusef. En vez de permitir que los estados y el Distrito Federal puedan legislar sobre el tema, el Congreso le otorga esa facultad exclusivamente al gobierno federal. En lugar de crear contrapesos ciudadanos, el gobierno coloca el gallinero en manos de los zorros.

El gobierno sigue siendo juez y parte: presta servicios, fija tarifas y da concesiones de servicios públicos, y por otro lado mantiene procuradurías con pocos dientes y muchos conflictos de interés. La reforma aprobada preserva un statu quo que funciona muy bien para el gobierno y para la cúpula empresarial, pero funciona muy mal para los consumidores.

Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial cabildeó hasta conseguir el resultado que quería. Por ello, Hacienda hace algo similar, teme que las acciones colectivas lleven a los ciudadanos a organizarse para dejar de pagar impuestos. Empresarios y funcionarios han construido un hombre de paja para después echarlo a la hoguera.

Es cierto que los class action tienen mala reputación por los excesos que han producido en EU. Es cierto que una sociedad muy litigante ha llevado a resultados contraproducentes que elevan los gastos de operación de las empresas y benefician a abogados rapaces. Pero el mal uso de un instrumento no debe ser motivo para descalificar al instrumento en sí.

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Bien diseñadas, bien reguladas y bien instrumentadas, las ‘acciones colectivas’ pueden producir círculos virtuosos de empresas preocupadas por innovar, competir, producir mejores productos a precios más baratos. No son algo que los empresarios deberían temer sino algo que deberían promover. Porque generarían condiciones para una mejor cultura de negocios y satisfacción al cliente. Porque serían el mejor disuasivo ante los abusos de monopolios públicos y privados que estrangulan el crecimiento. México necesita ser más competitivo, más productivo, más rápido, más inteligente que sus competidores. Y las acciones colectivas son una forma de generar incentivos para que eso ocurra.

 

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