Legisladores, a prueba

Jorge Romero León llama al Congreso a armar un presupuesto que atienda las emergencias económicas; el ex director de Fundar dice que el reto de la legislatura es compensar y distribuir los recursos.
diputados  (Foto: Notimex)
Jorge Romero León

La LXI Legislatura, integrada el 1º de septiembre con la renovación de la Cámara de Diputados, enfrenta el panorama más complicado en la historia reciente.

En lo inmediato, la Cámara debe atender el paquete económico 2010, que en la actual recesión requerirá un esfuerzo serio de prospectiva, planeación, discusión de prioridades de gasto y alternativas de recaudación. Un ejercicio que ninguna legislatura ha realizado con este detalle desde 1998. Pero ello no es todo.

Además de la urgente tarea de asumir una corresponsabilidad en la conducción de la política económica, y apuntalar la capacidad para ejercer un control presupuestario eficaz, el Congreso debe avanzar en la consolidación de un entramado institucional para la rendición de cuentas que hoy se encuentra a medio construir.

Y ahí radica el mayor problema: todo está a medias. Con la premisa de lograr lo que es posible y abandonar lo deseable, nuestros legisladores evaden su responsabilidad.

El compromiso es mayor. Sin una perspectiva de mediano plazo, que complete las estrategias inmediatas con instituciones que incentiven resultados y sancionen a los funcionarios responsables, seguiremos ‘saliendo del paso’ y sin rumbo.

Ésa es la diferencia entre México y otras economías en condiciones similares: el potencial de desarrollo sobre la base de una certeza institucional y legal, con perspectiva de futuro.

Y no se requiere reinventar la rueda. Basta apuntalar las leyes y las instituciones sensibles a la crisis y a las condiciones de desarrollo institucional, capaces de coordinar a las autoridades responsables de la regulación de la política pública, incentivar el concurso del sector privado, e impulsar el crecimiento.

Sin nuevas reglas, y sin el entramado institucional del que depende su aplicación, desaprovechamos los recursos disponibles y afectamos las perspectivas de desarrollo.

El primer paso es el presupuesto 2010, cuya discusión requiere atender lo urgente y también establecer nuevos mecanismos y reglas para el mediano plazo.

El saldo de la recesión internacional y el shock interno tiene un costo aparente y uno implícito. Al boquete de 300,000 millones de pesos, debe sumarse el costo de crecer menos de lo que podríamos en el mediano plazo, y el impacto que ha tenido la crisis en la población más vulnerable.

Por si fuera poco, se suman las lecciones que arroja una administración pública incapaz de contrarrestar la recesión con el arsenal de recursos y estrategias disponibles.

La solución no es redistribuir los recursos para infraestructura y subsidios contra la pobreza a los estados, como pretende la fracción parlamentaria del PRI, porque ahí hay menos mecanismos de información y control para garantizar que los recursos se ejercen eficazmente, y no existen mecanismos para llamar a cuentas a los responsables.

Transferir el ejercicio a los estados es una estrategia de corto plazo que tendría drásticas consecuencias para el futuro. La tarea es más compleja, e implica ejercer los recursos disponibles con oportunidad y eficacia, y discernir cómo compensar a los sectores más afectados por la pobreza.

Además, realizar los ajustes necesarios en las dependencias federales y estatales encargadas de la política económica, y desarrollar mecanismos de control que permitan llamar a cuentas a los responsables de la mala planeación, coordinación y ejecución, incluido el Congreso.

En otras palabras, para salir del gran bache en el que estamos es necesario gobernar para crecer. Y no se requiere menos que una reformulación del papel que debe jugar el Congreso, que incluye la creación de instituciones eficaces para regular, controlar, evaluar y reformar políticas públicas pertinentes para impulsar un crecimiento con equidad.

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Y el término es gobernar, no legislar. El Poder Legislativo no puede limitarse a legislar. Tiene funciones de control y contrapeso claves para el desarrollo institucional y el buen gobierno, que han sido desaprovechadas o mal entendidas. Doce años después de la primera legislatura independiente del Ejecutivo, hay que formalizar estas responsabilidades.

El autor es experto en temas presupuestales y ex director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC.


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