Eduardo Pérez Motta pide elevar multas

Estimados diputados: Asumen ustedes su responsabilidad como legisladores en un momento especialmente difícil en lo económico para México. Parte del problema nos vino de fuera, a través de la recesión mundial. Pero buena parte de las causas hay que buscarlas en casa, en los rezagos, las distorsiones y los privilegios que siguen impidiendo el funcionamiento eficiente de nuestra economía. Después de casi 30 años de hablar de ella (y, frecuentemente, quejarnos de sus resultados), seguimos sin vivir en una economía de mercado plena, en donde el Estado garantiza un campo de juego parejo.

¿Cómo enfrentar este problema? Una parte crucial de la respuesta consiste en promover la competencia en los mercados: cuando hay competencia, los consumidores pagan menores precios por los bienes y servicios, las empresas tienen incentivos para aumentar su eficiencia -y con ella la competitividad de la economía-, y los recursos públicos se usan de la manera más eficiente.

El instrumento fundamental para la protección del proceso de competencia es un marco legal que establezca las reglas del juego para los agentes económicos y que prevea sanciones suficientes para disuadir la violación de estas reglas.

La Ley Federal de Competencia Económica, inspirada en las mejores prácticas internacionales, es un instrumento eficaz para definir las reglas y perseguir las conductas ilegales, pero tiene una carencia importante: las sanciones máximas que prevé son claramente insuficientes para contrarrestar las ganancias ilegales derivadas de una práctica monopólica.

Por ello, la acción más importante para fortalecer la política de competencia es establecer mayores sanciones, que tengan un efecto disuasivo real: multas comparables a la práctica internacional (10% de las ventas totales) y sanciones penales para casos de colusión.

Por supuesto que esto afecta a algunos de los grupos de interés más poderosos del país, y por lo tanto implica costos políticos. La Comisión Federal de Competencia lo sabe por experiencia. Pero ya no hay tiempo para seguir aplazando las decisiones difíciles.

Legislar a favor de mayores sanciones por violar la Ley de Competencia agregaría la pieza central que falta a la política de competencia, en beneficio de los consumidores y del crecimiento económico en estos tiempos complejos. Sería una señal clara para los ciudadanos de que el Congreso defiende el interés público por encima de los intereses particulares, por poderosos que sean.

Eduardo Pérez Motta

Presidente de la Comisión Federal de Competencia