El gobierno de Calderón, a contrarreloj

Al presidente le queda poco tiempo para las reformas, alerta el sociólogo político Alfonso Zárate; su desafío es aliarse con el PRI, que ya busca preparar el terreno para regresar a Los Pinos.
calderon-mexico-elecciones-AP.jpg  (Foto: AP)
Alfonso Zárate

Llegados a la mitad del túnel, la LXI Legislatura del Congreso de la Unión tradujo una nueva correlación de fuerzas, desfavorable en la Cámara de Diputados al Presidente de la República.

En medio de uno de los momentos más difíciles por los que ha atravesado el país en los últimos lustros, el Presidente Calderón parecía haber optado por la ruta del cambio a fondo. Así lo dejó ver el 2 de septiembre en una pieza oratoria –el Mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno– al que no le faltó prácticamente nada. Nada, salvo que se tradujera en hechos, en propuestas e iniciativas, en operación política y golpe de timón.

En los días que siguieron fue evidente la incapacidad del gobierno federal de traducir los propósitos de enmienda en un proyecto de gobierno que ofreciera los cómo, que presentara un conjunto de propuestas que le dieran viabilidad política al ‘decálogo’ planteado ese 2 de septiembre.

El ajuste en el gabinete presidencial confirmó la medianía del equipo que lo acompaña, el paquete presupuestal para 2010 no sólo convocó a muy diversos actores en su contra, sino que presentó flancos muy cuestionables (aumentar impuestos en plena crisis), la presentación del paquete y las comparecencias, ante el Legislativo, de algunos de sus colaboradores más cercanos expresaron la ausencia de operación política y, a un tiempo, la inocultable crisis interna que vive Acción Nacional –poco o casi nada hizo la bancada blanquiazul frente a la rudeza con la que se trató a Agustín Carstens y Fernando Gómez Mont–. Todo ello perfila la percepción de la soledad del Presidente, de su pérdida creciente de apoyos y de los mínimos esfuerzos por recuperarlos.

Es a partir de este contexto que se pueden proyectar ciertas tendencias de lo que nos espera para esta segunda mitad del sexenio. Para empezar, habría que decir que estamos ante una menguada mitad de sexenio, es decir, se trata de una mitad más corta que la primera, habida cuenta que los tiempos de la sucesión reducen el calendario político y el poder del Ejecutivo.

El Presidente Calderón dispone de dos años o quizás año y medio para poner en marcha programas y acciones de gobierno.

En las condiciones actuales, Calderón no dispone de demasiadas opciones ni de tiempo ni de aliados. ¿Qué podemos esperar, entonces, para esta segunda mitad del sexenio?

Por la concurrencia de múltiples crisis y el agravamiento del deterioro de las condiciones de vida de muchos mexicanos, administrar la inercia difícilmente puede ser una opción: no lo es porque alimenta los peores escenarios (de descomposición e ingobernabilidad), anticipa severos desarreglos… el piloto automático no sirve, pues, para remontar la zona de turbulencias por la que atraviesa desde hace tiempo el país.

Descontada esta vía, el Presidente Calderón parece obligado a explorar la ruta del cambio. La velocidad y la hondura son el enigma de la temporada.

Pareciera que son dos ritmos distintos en los que se mueve el Ejecutivo: el de sus discursos, en los que llama a acelerar el paso y concretar cambios de fondo, y el de sus acciones y decisiones de gobierno, donde domina más bien cierta lentitud y, sobre todo, poco cálculo y eficacia políticas.

Si bien obligada, la ruta del cambio no es por ello más transitable y franca. Sería ingenuo suponer que ante la gravedad de la crisis todos los actores políticos, sociales y productivos plegarán sus banderas y seguirán en automático las directrices del Presidente de la República.

Así no funciona la política, tampoco la convivencia en un sistema democrático definido por la pluralidad, mucho menos viniendo de un gobierno de minoría (143 diputados) que no puede exigir, reclamar, unanimidad o consenso ‘patriótico’ sin enviar señales inequívocas de disposición al debate, apertura a la crítica y reconocimiento a la oposición.

Pese a colosales necesidades del país y ante la ingente demanda de reformas de gran calado, el Presidente Calderón tendrá apenas el tiempo y los recursos suficientes para promover tres o cuatro iniciativas de reforma, sin garantía de éxito.

La reforma laboral es una asignatura estratégica para recuperar la competitividad de la economía nacional. La modernización del mundo productivo-laboral parece tan urgente como compleja porque no sólo supone enmendar un capítulo hasta ahora indemne de la Constitución mexicana –ni siquiera el ‘gran Salinas’ se atrevió–, el artículo 123, sino enfrentar al poder de los sindicatos (petroleros, electricistas, maestros…), es decir, abrir un eventual flanco de alta conflictividad.

La reforma al sector de telecomunicaciones, no menos urgente ni menos compleja que la anterior porque la tarea –hercúlea– de introducir nuevas reglas de competencia en un sector dominado por jugadores dominantes –por no decir poderes fácticos– luce un reto mayúsculo para cualquier gobierno.

La ‘nueva generación de reformas’ en el sector energético que convierta lo que hasta ahora es un enclave de abusos, corrupción y pésimas administraciones, en un sector competitivo, plantea, igualmente, enormes interrogantes acerca del foco, sentido y profundidad de las reformas, y lo mismo acerca de los riesgos y costos que supone colocar en la agenda de debate un tema como éste, sobre todo a la luz de la experiencia reciente de la reforma petrolera.

Acaso la más viable quizá puede ser la reforma política, que se haga cargo de las contrahechuras de la última reforma electoral e introduzca mayor racionalidad al sistema político, eficacia gubernativa y le dote de incentivos para la colaboración entre fuerzas políticas.

No menos importante y más viable que las anteriores parece la reforma al régimen regulatorio gubernamental, asignatura en la que el gobierno federal puede avanzar tan rápido y tan profundo como esté dispuesto y tenga la capacidad de hacerlo.

Parece cuesta arriba y lo está. Se trata de reformas urgentes pero de alta complejidad. Reformas que no sólo estarían en el interés del gobierno federal sino en los cálculos de quien se siente más cerca que nunca de regresar a Los Pinos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La mesa parece puesta para su regreso, pero ello supone que asuman ciertas responsabilidades desde ahora. Parte de lo que haga o deje de hacerel Presidente Calderón tendrá consecuencias significativas para la siguiente administración.

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Por pura conveniencia, por simple cálculo y si en efecto se siente tan cerca de recuperar la Presidencia de la República, el PRI deberá empezar a preocuparse por conjurar por el país que hereda Felipe Calderón.

De allí que el PRI aparezca como un eventual aliado casi natural del Presidente Calderón, lo cual no supone subordinación. Sus 237 diputados y su mayoría –258 si se suman los 21 que le aportaría su comparsa: el Partido Verde– colocan al tricolor en una posición de fuerza, en condiciones muy favorables para la negociación y el rédito político, pero también de responsabilidad por el rumbo del país.

El autor es maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science. Actualmente es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC.
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