Jorge Juraidini, legislador empresarial

La agenda de los negocios es la prioridad para el diputado por el PRI y ex directivo de FEMSA; forma parte de un grupo cuya labor es transmitir una visión de los empresarios al Congreso.
Juraidini-diputado-esp  (Foto: Duilio Rodríguez)
Ricardo J. Galarza

Si Jorge Juraidini pudiera anotar en su tarjeta de presentación una extensión a su actual actividad como diputado en la LX1 Legislatura sería la de: ‘director de Relación con Empresas’. Y es que el diputado federal priista, ex director de Relaciones Gubernamentales de FEMSA, ha asumido, con la bendición de colegas y contactos, la posición de negociador en jefe del Congreso con los empresarios. Muestra de su activismo es la propuesta que presentó hace unas semanas, a nombre de los diputados priistas, de obligar a cotizar en Bolsa a los grupos bancarios internacionales con operaciones en México.

El liderazgo de Juraidini en el ala de los ‘legisladores empresarios’ se viene perfilando desde que se conoció su candidatura. En lugar de ocupar un puesto en la lista de candidatos al Congreso por la vía plurinominal, el ex cabildero en jefe de FEMSA se dedicó a pedir el voto directo de los electores en el Distrito III de Puebla, con asiento en el municipio de Teziutlán. En momentos de su campaña, presentes aún en YouTube, Juraidini se definió como un luchador por los derechos y beneficios de las clases populares.

Ya como diputado federal, afirma en entrevista que su misión es “llevar la visión del empresariado al Congreso”.

Una de sus últimas batallas como adalid de FEMSA fue el pleito con Miguel Ángel Toscano, presidente de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). En 2008, un juez determinó que Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma violaba un convenio de autorregulación publicitaria para cervezas, suscrito en 2004. A la subsidiaria de FEMSA se le acusó de “emplear frases imperativas que obligan al consumo de sus productos de forma inmoderada”.

En este caso, Juraidini operó para conseguir amparos que permitieran la salida al aire de las campañas de la cervecera, cuenta una fuente involucrada. Ello motivó a la Cofepris a desistir de firmar, en septiembre de 2008, el Programa de Alimentación y Bebidas Infantil (PABI), con el que diversas empresas se comprometieron a ceñirse a esquemas de autorregulación publicitaria.

Pocos conocen los vericuetos de las relaciones político-empresariales como Juraidini, quien no sólo ha sido cabildero oficial de FEMSA (entre 1997 y 2009), sino que ha sido diputado federal suplente en dos ocasiones, siempre con el PRI.

Además del voto de los electores de Teziutlán, un municipio con altos niveles de pobreza, Juraidini cuenta con el voto del sector privado. Según un reporte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre el vínculo diputados-empresarios en la actual legislatura, a Juraidini se le ve como el gozne más importante en esta relación.

Así lo ve también Raúl Riquelme, director de Relaciones Institucionales de Grupo Alfa: “Hay que apoyarlo. Tenemos la posibilidad de tener ese vínculo entre la empresa y el Legislativo. Jorge es un gran negociador, un tipo con una capacidad de enlace y de coparticipación que no es común encontrar en los legisladores”.

La bancada empresarial
Que haya legisladores defendiendo intereses empresariales no es nada nuevo. Según Matilde Luna, académica de la UNAM, entre los 80 y los 90, como resultado del proceso de nacionalización y luego privatización de la banca, comenzó a despuntar esta relación. Se conformaron dos grupos visibles: el ala “liberal tecnócrata” (con la élite empresarial que convergía en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos de México, la Bolsa Mexicana de Valores y otros organismos financieros) y la corriente “liberal conservadora” (que aglutinaba al interés tradicional de los empresarios, como Coparmex y Canacintra ).

Según Luna, “un modo en que los empresarios ejercen presión sobre los legisladores es por medio de castigos y premios a su desempeño. Por ejemplo, les daban distinciones como el Premio Águila Canacintra al Mérito Legislativo, que esta organización entrega desde 2004 a los legisladores que han tenido el mejor desempeño”.

La LX1 Legislatura no está exenta de la llamada ‘bancada empresarial’. Sólo que, a diferencia de las anteriores, en ésta no sólo el PRI y el PAN se dividen las lealtades de unos 24 diputados, sino que se reparten también el Partido Verde.

El CCE identifica a 24 diputados ‘afines’ al sector privado, incluyendo a Manuel de Esesarte Pesqueira (PRI), dueño de la desarrolladora Cactus; Gastón Luken (PAN), empresario de Baja California de la industria panificadora, y Melchor Sánchez de la Fuente (PRI), propietario de Medios de Monclova.

Fogonero de las relaciones político-empresariales, Riquelme afirma que siempre ha existido una brecha importante entre las necesidades del sector privado y el entendimiento de los legisladores, por lo que considera fundamentales los nuevos arribos en la Cámara de Diputados.

El CCE identifica a legisladores ligados a los sectores refresquero, inmobiliario, mediático, ganadero y, por supuesto, la llamada ‘telebancada’ del Partido Verde, hace especial hincapié en aquellos que guardan estrechos lazos con las cámaras empresariales. Así, menciona por la Coparmex, a José Luis Velasco Lino (PRI) y a Pedro Peralta Rivas (PAN), ex presidente de Coparmex en Colima. Por la Canaco, menciona al veracruzano Ricardo Ahued Bardahuil y al chihuahuense Maurilio Ochoa, ambos priístas. Y por la Canacintra, al diputado por Chihuahua Héctor Murguía Lardizábal (PRI).

Una historia competitiva
Voceros de FEMSA reconocieron la labor desempeñada por Jorge Juraidini para su grupo y destacaron que fueron benéficas sus relaciones con los gobiernos de aquellos países en los que inició operaciones a partir de 2003: Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Guatemala.

En México, Juraidini formó parte del esfuerzo de lobby para contener cada año el Impuesto Empresarial para Producción y Servicio (IEPS), un gravamen exclusivo que se aplica a las cervezas, los tabacos y las bebidas alcohólicas en general y que desde 1998 se ha mantenido en 25%.

En 2007 también combatió la intención de un impuesto de 5% a los refrescos, que no fructificó. Y año con año le tocaron todas las batallas de cabildeo en el Congreso en materia de impuesto sobre la renta, leyes de ingreso y miscelánea fiscal, entre otras.

Ya como legislador, Juraidini se ha propuesto impulsar en la Cámara Baja desde bursatilizar los bancos hasta proponer una ley de cabildeo, pasando por la creación de una suerte de caucus de legisladores que representen a diferentes sectores de la economía. “Si queremos dar el debate en materia automotriz, en materia de bebidas, en materia del acero y de otras industrias importantes, tiene que haber gente (legisladores) representativa y que lleve la voz de esos sectores al Congreso”, asegura.

Otro propósito, dice, “es luchar a brazo partido por promover la competitividad”, la que preconiza fervientemente como factor esencial en la modernización de la economía. Juraidini rivalizó precisamente con la Comisión Federal de Competencia (CFC) en el caso de 2005 en que ésta investigó a Coca-Cola FEMSA y luego la multó (157 millones de pesos) por prácticas monopólicas en distribución y comercialización.

Las autoridades también investigaron de oficio a Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, a raíz de una denuncia presentada por SAB-Miller, por las exclusividades para desplazar a sus competidores. En este caso, FEMSA también fue declarada responsable y multada.

En la CFC, una fuente que pidió el anonimato no ve con buenos ojos la existencia de un sector en la Cámara de Diputados tan ligada a los empresarios. “Iría en contra de la esencia de la Comisión la cual busca reglas de juego parejas”.

Jorge Juraidini tiene su propia visión sobre qué falta en esta materia. “Hay que revisar la Ley de Competencia”, sostiene. Entre otras cosas, se propone revalorar el papel de la CFC y redefinir por completo su marco de funciones. “No puede ser juez y parte. No puede ser que sea la misma CFC la que te investigue, la que te condene y ante la que tengas que apelar”.

En esto, Juraidini tiene sus defensores. “Es un tipo positivo para el Congreso; ojalá tuviéramos varios (como él) allí para impulsar las reformas que se vienen”, dice Manuel Molano, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La bancada del PRI (donde también están Benjamín Clariond y Óscar Javier Lara, cercanos a IMSA y Banamex) parece decidida a seguir a Juraidini en su lucha por la competitividad.

De hecho, en un documento de campaña, en el que se propone “sentar las bases para la competitividad presente y futura de México”, el tricolor manifiesta “coincidir con los organismos empresariales” y promete llevarlo a cabo, puntualmente, desde una transformación, o “nuevo giro”, de la Comisión de Economía. Ahora Juraidini es su secretario.

Sin embargo, Molano ve difícil que el legislador reciba el apoyo en bloque del sector privado en ese esfuerzo. “Es que el empresariado no se pone de acuerdo –asegura– sobre si quiere más proteccionismo y seguir dependiendo de las prebendas del Estado, o una apertura real de la economía”.

Molano se refiere a la división existente entre los organismos empresariales: aquellos que pertenecen a la vieja guardia, como la Canacintra, la Concamin y el Consejo Nacional Agropecuario, que parecen preferir un statu quo; y la Coparmex y el CCE, con una postura más de avanzada y aperturista.

Habrá que ver cómo se mueve Juraidini para conciliar. Molano reitera que el diputado poblano es la bisagra que se necesita.

“Es un tipo que sabe pactar y que tiene un norte ideológico muy claro en términos de competitividad, y eso hoy en día nos hace mucha falta, tanto entre la clase política como entre nuestros propios empresarios”, añade.

Lo cierto es que las líneas entre el conflicto de interés de un cabildero de hueso colorado y un legislador son muy tenues. No se llega al célebre “un político pobre es un pobre político”, pero siempre queda la duda.

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