Las lecciones que deja la deuda externa

Es incomprensible la confidencialidad del gobierno en los créditos, dice el director de Fundar; el Fondo Monetario Internacional ha otorgado créditos millonarios a la administración de Calderón.
deuda  (Foto: Jupiter Images)
Miguel Pulido

El mundo de las finanzas públicas suele estar plagado de manías, fobias y filias. También se alimenta de mitos y misterios. Las primeras suelen ser expresiones de las agendas de los gobiernos en turno, de planteamientos y posiciones políticas o de la formación técnica de los analistas.

También son resultado de posiciones electoreras, del cálculo político y declaraciones panfletarias con alguna aspiración ideológica. Los segundos –los mitos y los misterios– suelen ser, en cambio, resultado de la falta de información o del manejo perverso de la información gubernamental.

De entre los asuntos presupuestarios que toman tintes de mitología pocos tienen tanto potencial como el endeudamiento público. Y la categoría favorita es la deuda que se contrata y la relación que se establece con instituciones financieras internacionales, léase el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  El BM y el FMI fueron en la década pasada mesías de la modernización, de las reformas estructurales, de los cambios de política económica y de múltiples experiencias de desregulación.

Después cayeron de la gracia de algunos gobiernos y se convirtieron en antagonistas y enemigos de movimientos globales y hoy son algo así como una categoría polémica, pero aún tienen gran influencia en la definición de las políticas económicas que implementan los países que reciben sus fondos. Se trata de instituciones poderosas.

El quehacer y el decir de sus expertos tiene implicaciones en la forma en la que se integra el presupuesto, los niveles de deuda y el déficit fiscal, por citar ejemplos. Se entiende que cierto secreto es propio de las operaciones bancarias y de las relaciones internacionales con organismos multilaterales.

Lo que no es comprensible es que los bancos y el Gobierno mexicano den rienda suelta al uso excesivo de las categorías de confidencialidad para esconder información que permita conocer el contexto, las condiciones y los requisitos que acompañan la aprobación de créditos.

Todo esto viene a discusión si consideramos que tan sólo desde enero de 2008 y hasta diciembre de 2009 (en 23 meses), el BM ha otorgado a México 14 créditos por 3,750 millones de dólares (MDD) –entre ellos, 1,500 MDD para Oportunidades y 540 MDD para la atención de la influenza AH1N1–.

El caso del BID también destaca por la relevancia de los programas financiados, el perfil de la cooperación técnica o el monto de los créditos. En septiembre de 2008 se autorizó un crédito por 750 MDD para Procampo. Ese mismo año, en mayo, Oportunidades recibió una autorización de 600 MDD.

En los últimos tres años, los créditos contratados con los bancos se han incrementado considerablemente. Las modalidades de las operaciones y los proyectos autorizados recorren casi todas las posibilidades, desde cooperación técnica (no reembolsable), líneas de crédito condicionales a proyectos de inversión, préstamos al sector privado, préstamos para políticas de desarrollo (polémicas por estar asociadas a reformas estructurales), créditos para proyectos de inversión, etcétera. A pesar de ello, es nula la información que divulga el gobierno sobre este financiamiento del gasto.

El carácter público del asunto no sólo deriva de la obvia afirmación de que los endeudamientos terminan afectando siempre al contribuyente, sino del hecho que el dinero obtenido de créditos ante instituciones financieras internacionales será gastado en programas y políticas públicas, que no son ajenas a discusiones sobre pertinencia, análisis de resultado y a la evaluación y crítica públicas.

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Sin embargo, la pasividad para incluir en el presupuesto información relevante sobre los ingresos obtenidos por el endeudamiento internacional, la omisión de estos hechos en la comunicación del estatus financiero y operativo de los programas financiados con estos montos, así como la férrea resistencia de las dependencias federales a entregar, vía la Ley de Transparencia, cualquier información derivada de su relación con los bancos, hace parecer que el gobierno federal tiene cierta fascinación por alimentar uno que otro mito y misterio, al menos en el ámbito de las finanzas públicas.

El autor es director adjunto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Comentarios: opinion@expansion.com.mx

 

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