¿Para qué quieren dinero los políticos?
Ante la perspectiva de una nueva reforma fiscal , vale la pena que nos preguntemos qué se hará con los recursos adicionales que obtendrá el gobierno en caso de que ésta se apruebe. Especialmente si consideramos que en los últimos nueve años el gasto público ha crecido de manera significativa a una tasa promedio anual de 6.9%. En otras palabras, el gasto de 2010 es casi 1.4 veces mayor que el de 2001.
Esto viene a colación porque, según recientes notas periodísticas, hemos iniciado 2010 con una discusión sobre la pertinencia de realizar una nueva reforma fiscal . Al parecer, los cambios recientemente aprobados al ISR y al IVA no serán suficientes para incrementar de manera satisfactoria los recursos del sector público. En 2009, los ingresos tributarios fueron menores en 120,000 millones de pesos a lo estimado por Hacienda, hecho que propició un aumento de impuestos. O al menos eso es lo que nos ha repetido constantemente el gobierno federal en los últimos meses: “Las reservas petroleras se están acabando”, “la base gravable es muy chica...”.
En un país con tantas necesidades como el nuestro, donde 54.8 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza , decir que “necesitamos más recursos” suena lógico y congruente. Sin embargo, la reflexión debe ser mucho más profunda: no se trata únicamente de querer más, sino de obtener más para impactar positivamente la vida de más personas.
Conviene advertir que el argumento no es en contra del incremento en el gasto. Lo que nos interesa es hacer una pausa y preguntarnos, con evidencias de estos incrementos a la mano, para qué se usó ese gasto.
Para identificar de qué manera han priorizado nuestros gobiernos, es útil ubicarnos en el periodo 2003 a 2008, cuando el sector público se benefició de los cuantiosos recursos de la renta petrolera. En esos años ingresaron a las arcas nacionales 1 millón 615,000 millones de pesos. Usted leyó bien: 1.6 billones de pesos. Un monto que equivale a casi cuatro veces el presupuesto de Pemex para 2010 o ¡a 20 veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social!
Fue entonces cuando gracias a estos recursos se logró que el gasto se incrementara de manera sustancial. Lo cierto es que entre 2006 y 2008, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación, la pobreza patrimonial (aquellas personas que no tienen recursos para satisfacer sus necesidades de educación, salud, alimentación, vivienda, vestido y transporte) aumentó de 42.6 a 47.4%. Irónicamente, la burocracia también.
Además, de 2001 a 2008, el gasto corriente se incrementó 1.48 veces. Esto significa que 7 de cada 10 pesos de los recursos excedentes fueron destinados a gasto corriente según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Por decirlo de alguna manera, ayer tuvimos lo que estamos deseando para mañana. No obstante, de acuerdo con el documento Áreas de Opacidad y de Riesgo en el Estado Federal Mexicano de la Auditoria Superior de la Federación, hubo un manejo discrecional en la asignación de estos recursos, lo que provocó una grave ineficiencia en el gasto. El reporte señala que en 2004, 25% de los ingresos excedentes del gobierno fueron utilizados para mejorar el Balance Presupuestario (el incremento en el gasto se compensa con estos recursos excedentes para mantener el nivel de déficit autorizado por la Cámara) y que, además, Hacienda nunca contó con un registro de su aplicación para poder evaluar su adecuado manejo. Además de la falta de transparencia, es notoria la falta de priorización.
La historia muestra que nuestras autoridades no han hecho un uso racional de los recursos. No han logrado traducir los excedentes petroleros en mejoras para la población en situación de pobreza, ni han sido capaces de priorizar el gasto. Si van a pedir más dinero a través de una nueva reforma fiscal, deberíamos preguntarles ¿cómo se lo van a gastar?
*La autora es coordinadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
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