Telecomunicaciones: derrota para todos

A la monotonía a la que estamos acostumbrados por las alarmantes noticias sobre la inseguridad, se ha añadido, en los últimos meses, otra noticia que empieza a ser también repetitiva: el alarmante y agresivo lenguaje entre los gigantes de las telecomunicaciones.

Televisa y TV Azteca por un lado, junto a otras empresas de telefonía móvil y el resto de las cableras del país, todas ellas integradas en el denominado Tucotel (Todos unidos contra Telmex, léase Slim); en la otra esquina: América Móvil (Telcel) y Telmex.

Hace algunos años, Carlos Slim participó en el consejo de administración de Televisa.

Inbursa (el brazo financiero de Slim) otorgó algunos créditos a la empresa de Emilio Azcárraga para el financiamiento de sus operaciones, y hasta hubo una alianza estratégica temporal del dueño de Telmex en Cablevisión, a principios de los 90.

Pero las relaciones en los negocios no son eternas, y a medida que iba creciendo el emporio de Slim y la convergencia fue siendo una realidad, sus intereses se distanciaron, convirtiéndose en rivales y, ahora, en enemigos.

Denuncias múltiples, descalificaciones públicas, retiros masivos de publicidad. ¿Es resultado natural de la lucha por el mercado? ¿Hay que modificar el marco regulatorio actual para aumentar la competencia?.

El mercado de la telefonía -fija y móvil-, en su mayoría, está en manos de dos agentes económicos (Telmex-Telcel y Telefónica Movistar), que juntos acumulan 92% del mercado en telefonía móvil y cerca de 80% en telefonía fija.

Dicen los críticos que se trata de un mercado altamente concentrado, con precios exorbitantes, y tarifas prohibitivas de interconexión, que impiden la entrada de nuevos operadores.

Aunque se trata de un mercado concentrado, si aplicamos los conceptos de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), vemos, junto a este factor, otro que debería resaltarse: la existencia de, al menos, otros cuatro competidores.

Si los obstáculos de acceso al mercado disminuyen, el poder de mercado se reduce correlativamente. Y a este respecto, existe libre entrada para todos los agentes económicos que desean acceder a la telefonía móvil.

La LFCE define el poder dominante como la posibilidad de aumentar precios unilateralmente o desplazar competidores, sin que éstos puedan actuar en consecuencia.

Si Telcel incrementa precios, los usuarios tienen opciones, los competidores se juntan. Esto no pasa en la televisión abierta o en la restringida.

Las tarifas de interconexión han bajado 50% en los últimos 5 años, y disminuirán, de manera gradual, 100% adicional en los siguientes cinco (tomando en cuenta la disminución por redondeo), aunque algunos competidores hablan todavía de tarifas ‘exorbitantes', sin tomar en cuenta las inversiones requeridas.

Además, ya hay un marco regulatorio que prevé la solución a los conflictos entre operadores por diferencias en las tarifas de interconexión.

La guerra por la interconexión, auspiciada por Tucotel, puede ser una manera de distraer la atención hacia el efecto que pretenden realmente impedir: lograr que Telmex pueda dar servicios de televisión, abierta o restringida.

De hecho, las autoridades reguladoras han puesto en bandeja de plata el que Nextel/Televisa (esta última al final abandonó la contienda) puedan dar servicios de telefonía móvil, a través del espectro de las licitaciones 20 y 21; y como se sabe, se anunció una alianza estratégica en la que Televisa compra a Iusacell por 1,600 millones de pesos.

Los otrora enemigos irreconciliables ahora se alían.

Donde no existe competencia de ninguna clase, es en la televisión: Televisa y TV Azteca se reparten el mercado, sin temer la entrada de nuevos competidores; incrementan tarifas de publicidad en ocasiones cerca de 20% por año, sin que los anunciantes tengan otras opciones.

Es cierto que la guerra por los nuevos mercados es un efecto natural de la competencia, y que la guerra de litigios también ha sido la regla, y no la excepción, pero, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, el objetivo de la misma es lograr una sana competencia, y es evidente que una lucha sin cuartel en el sector no beneficia a nadie, tampoco a los consumidores, sí impide una auténtica política pública de mediano y largo plazos.

Las autoridades reguladoras debería tender puentes entre los competidores, y sentarlos a firmar la pipa de la paz, y su actuación ha brillado por su ausencia, como ha sido la regla, y no la excepción.

*El autor es maestro y doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM (Morelos) y abogado asociado a Del Pozo Abogados.