La profundidad de la recesión que afecta a México ha venido a modificar estructuralmente los términos del proceso político del país. La brusca caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de este año rebasó las expectativas más pesimistas que se habían hecho -dentro y fuera del gobierno- sobre la gravedad de la crisis económica.
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La proyección oficial había anticipado una caída de menos de 4%, muy distante a la de 10.5% que finalmente registró el INEGI. Como consecuencia, la estimación del PIB para el año completo de 1995 ha tenido que ser revisada a la baja, anticipándose ya una caída de por lo menos 5 o 6% en la producción de bienes y servicios.
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Pero el efecto político de estos datos no ha sido evaluado aún, cuando en realidad resulta especialmente problemático en la actual coyuntura. Las divisiones dentro de la clase dirigente priísta, la incapacidad del gobierno para auspiciar un acuerdo entre los partidos y la movilización social alrededor del país se alimentan todos del deterioro que sufre la economía, por lo que es natural esperar una agravación de los conflictos en el futuro cercano.
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De hecho, las perspectivas más bien pobres de una recuperación pronta del país auguran un clima económico poco alentador para los siguientes años. Lo que significa que el gobierno tendrá un margen de maniobra político permanentemente reducido durante toda la primera mitad del sexenio: hasta 1997. Y en ese año, si no antes, enfrentará una situación especialmente compleja en anticipación a una de las elecciones más críticas de la historia reciente: cuando se renueve la Cámara de Diputados y parte de la de Senadores.
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También en 1997 en el Distrito Federal se elegirá por primera vez al jefe de gobierno de la ciudad de México, lo que hará del proceso electoral de ese año el evento definitorio de la administración del presidente Ernesto Zedillo. A partir de los resultados de las elecciones paralelas del Congreso federal y de la capital del país se conocerá la nueva relación de fuerzas entre los tres partidos principales, entre los partidos y el gobierno, y entre los aspirantes individuales a la presidencia de la República en el año 2000.
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Se tratará de una elección crítica, en donde las fuerzas del país se reacomodarán estratégicamente. Y en cualquier caso, durante la segunda mitad del sexenio, el sistema político operará bajo las nuevas condiciones impuestas por los resultados de ambas elecciones paralelas (la del Congreso y la del Distrito Federal). Un presidente "fuerte" tendrá, por lo tanto, que incorporar el nuevo balance de fuerzas en su gobierno, mientras que un presidente “débil" tendrá que subordinarse al equilibrio resultante.
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En otras palabras, debido a la convergencia de los problemas tanto políticos como económicos que el actual gobierno ha sufrido desde diciembre pasado, y a la escasa probabilidad de que en el corto plazo el presidente Zedillo pueda disfrutar de una economía boyante o, alternativamente, pueda asumir el control del proceso político, su sexenio se puede dividir desde ahora en dos. La primera mitad: antes de 1997 y las elecciones que definirán la relación efectiva de fuerzas en la política. La segunda: caracterizada por una acelerada carrera por la sucesión presidencial del 2000.
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Con una economía deteriorada es muy probable también que el presidente Zedillo se vea obligado a mantenerse al margen de ambos procesos críticos -el de 1997 y el del 2000-. O, como a él mismo le gusta señalar, a "una sana distancia" de ellos. En la práctica esto sólo complica la situación que, además, es ya de por sí bastante grave por lo apretado del calendario electoral y la profundidad de la crisis económica. La única solución factible (y necesaria) ante este panorama es, pues, una reforma política global que anticipe la contienda del año 2000 e, incluso, la de 1997. El tiempo apremia.
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El autor se desempeña como profesor investigador en el Centro de Estudio Histórico de El Colegio de México.