En un entorno caracterizado por la anemia de la clase política y el desinterés ciudadano en los comicios (hoy son el desempleo y la crisis temas mayores, que en muchos casos alcanzan el nivel de angustia), se perfila el escenario del año próximo: 15 procesos en 14 entidades federativas y en 10 de ellas –que representan casi 42% del territorio nacional– se elegirá gobernador.
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Temporada electoral que estará marcada por la recuperación del PRI en las pasadas elecciones federales y definirá las posiciones en el tablero de la sucesión presidencial. Las disputas regionales del año entrante se caracterizarán por un elemento novedoso: la intención de los gobernadores de convertirse en grandes electores. Sobre todo en el tricolor, donde la ausencia del jefe real –el Presidente de la república– se ha traducido en una suerte de feudalización donde los ejecutivos locales han buscado (no siempre con éxito, como ocurrió en San Luis Potosí) imponer a su sucesor. Esta tentación comienza a registrarse entre los gobernadores perredistas: en Zacatecas, Ricardo Monreal maniobra para constituir su propio cacicazgo; en Tlaxcala Alfonso Sánchez Anaya impulsa las aspiraciones de su esposa.
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Para los priístas, el triunfo dependerá de tres factores: la eficiencia de su maquinaria electoral, la capacidad para presentar un candidato atractivo al electorado y el manejo inteligente del proceso interno. Si prevalecen la imposición y el desaseo, habrá damnificados y fracturas.
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Si Miguel Alemán se empecina en imponer como candidato a Tomás Ruiz y no se resuelve de manera civilizada la disputa entre Fidel Herrera y Miguel Ángel Yúnez, una alianza PAN-Convergencia podría ganar la gubernatura.
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En Oaxaca, José Murat está moviendo todos los hilos para imponer como candidato del PRI al senador Ulises Ruiz, cuestionado y cuestionable operador electoral. También allí Convergencia y Acción Nacional podrían darle la vuelta a la elección.
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En el Estado de México, Arturo Montiel despliega un gasto excesivo en su promoción y la de su esposa –una calca de la pareja presidencial– con recursos públicos. La compra de legisladores de oposición ha permitido al Ejecutivo mexiquense contar con un Congreso a modo, que justifique esta desmesura.
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Todo parece apuntar a que después de las elecciones de 2004 el PRI seguirá dominando la escena nacional. Sin embargo, esto no le garantiza regresar a Los Pinos en 2006. Para ello, antes deberá seleccionar a su candidato presidencial sin vulnerar la frágil unidad del partido; encontrar aspirantes sin demasiada cola que les pisen y contrarrestar la lógica del voto útil.
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* El autor es director de Grupo Consultor Interdisciplinario.