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Se supone que en unas semanas habrá de renovarse la denominada Alianza para el Crecimiento Económico entre gobierno, organismos patronales y sindicatos. Es evidente que no se verá, por una cuestión de prioridades macroeconómicas, un incremento real al minisalario decretado por este “visionario” comité, que con sus distintos nombres ha tenido la grave tarea de decirle a los millones de trabajadores mexicanos cuál ha de ser el precio de su trabajo por los siguientes 12 meses.

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Pero en realidad, en México el salario no es visto por estos -notables como un precio al trabajo, sino como el elemento más útil, por maleable, para cuadrar los números de la política económica. Así ha ocurrido desde que se terminaron los recursos tras la embriaguez petrolera lópezportillista. Desde entonces, las facturas de las crisis recurrentes se han pasado a las nóminas de los asalariados, acompañadas de una incisiva retórica que sólo sabe decir: “Ahora sí, la recuperación ha iniciado”.

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En tanto, generaciones completas de mexicanos se han quedado a la deriva, sin un sitio en el salón de clases y sin un puesto de trabajo digno. Quienes lo tienen, navegan en la subsistencia estirando al máximo sus $50 pesos diarios –dado que, alegan las autoridades, ya casi nadie gana un solo salario mínimo–. ¿Cómo es que ahora esas mismas élites que deciden el microsalario se sorprenden por los altos índices delictivos y el espectacular crecimiento de la economía informal? Es evidente que tampoco $50 pesos son suficientes para que subsistan los cinco miembros que en promedio conforman la familia mexicana.

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Es inaudito que a estas alturas, cuando en los ambientes oficiales y privados no se habla de otra cosa que de las bondades de una economía inmersa en la globalización, se limiten a explotar como ventaja competitiva las diferencias salariales abismales con respecto a los socios comerciales más próximos. No hay que olvidar que siempre habrá algún país asiático, latinoamericano o africano capaz de vender su mano de obra a peor precio.

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Así es como las autoridades mexicanas han pospuesto su obligación de diseñar y llevar a cabo un programa económico que incluya entre sus prioridades las muchas y variadas necesidades de los asalariados. La incongruencia de la política salarial pactada se ha revertido en contra del gobierno (pérdida de votos), de los empresarios (inexistencia de demanda interna) y de la sociedad en su conjunto (violencia en las calles).

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Y ya que por ahora es imposible, en aras de garantizar una estabilidad macroeconómica, plantear un alza drástica del minisalario para que los trabajadores más desfavorecidos recuperen parte del 70% del poder de compra que han perdido en los últimos 10 años, el gobierno haría bien en ofrecer un verdadero plan de desarrollo sustentable para la población.

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Del mismo modo, muchas empresas mexicanas deberían empezar a tomar en serio los programas efectivos de capacitación para sus trabajadores: sólo así fomentarán la productividad y el talento de sus empleados y dejarán de apostar por un mercado interno que cuanto mucho se limita, siendo optimistas, a 20 millones de mexicanos en un país en el que –si los censos son correctos– habitan más de 90 millones.

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