3. Campesinos sin campo
La polarización económica de México no sólo está presente en las zonas rurales, sino que tal vez sea ahí donde encuentre su más cruda expresión. Por un lado hay un sector eficiente, productivo y competitivo a escala internacional y por otro uno sumido en un gran rezago, en la extrema pobreza y, según algunos, totalmente desprotegido a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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Con la apertura comercial y la adopción de una política de libre mercado, el gobierno retiró subsidios a la mayoría de los proyectos agropecuarios. En la década de los 50 la inversión pública era de 25% del PIB, mientras que para 2001 fue de apenas 1.2%. El colapso de este factor y la falta de una política de inclusión y capacitación que permita incorporar a los campesinos al desarrollo rural han tenido como resultado, entre otras cosas, una pérdida importante de competitividad y una considerable disminución de las exportaciones agrícolas, sobre todo de granos –de 9.8% del PIB en 1980 a 2.8% en 2001–, en tanto que las importaciones, particularmente las procedentes de Estados Unidos, van en ascenso y se calcula que han originado una dependencia alimentaria de aproximadamente 45%.
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A decir de Heladio Ramírez, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el TLCAN ha afectado gravemente al campo mexicano, en especial a productos como maíz , arroz, sorgo, trigo, azúcar, algodón, café y piña, cuyos productores "viven hoy sus momentos más críticos". Pero si bien la apertura comercial ha lesionado a los agricultores más pobres, ha beneficiado en cambio a ese otro sector pujante y competitivo que día a día gana más mercado en la unión americana, Canadá e incluso Oriente.
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Con una contribución de 90% al PIB del campo, las agroindustrias y las empresas dedicadas a la comercialización y distribución de productos agropecuarios son actualmente la base en la que descansa el desarrollo del agro nacional. Jesús Vizcarra, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), no está tan seguro del impacto negativo del TLCAN y asegura que gracias a éste se "han detonado algunas exportaciones nacionales, sobre todo de productos hortifrutícolas".
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Aunque con visiones distintas, ambos líderes coinciden en que los productores mexicanos enfrentan grandes desventajas competitivas con respecto a sus símiles de otras partes del mundo, pues sus gobiernos otorgan subsidios que en México no existen. El líder del CNA propone impulsar una política agropecuaria trilateral entre los países miembros del TLCAN, como sucede en Europa.
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Los más afectados son los agricultores con menos recursos. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo únicamente 19% de los trabajadores agrarios son asalariados y 72% de las mujeres que participan en estas actividades no reciben remuneración.
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Desde el inicio del gobierno de Vicente Fox, el discurso hacia el campo tiene dos constantes: capacitación continua y acceso a tecnología, sin duda áreas fundamentales para alcanzar un desarrollo sustentable en el sector. Pero los programas correspondientes tendrán que recuperar la confianza de los productores.
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Gustavo Almaguer, director de Investigación de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), advierte que la mayoría de los campesinos se rehusa a incorporar nuevas tecnologías, sobre todo ante los lamentables resultados obtenidos en otros sexenios, cuando adoptaban las técnicas impulsadas por el gobierno.
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Parte importante de los esfuerzos en la materia están encabezados por organizaciones filantrópicas y educativas, entre ellas la Fundación Kellog, que en conjunto con investigadores de la UACH tiene programas de desarrollo rural en diversos estados de la república. Sus objetivos son mejorar el nivel educativo y de salud de los campesinos e introducir proyectos productivos. Los casos exitosos ya se cuentan por decenas, aunque falta mucho por hacer, puesto que, según datos de Argelia Salinas –especialista en economía agraria– 50% de los productores tiene tierras improductivas.
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La canalización de recursos del gobierno es ineficiente y burocrática, lo que causa retrasos, falta de vigilancia y que el respaldo llegue muy fraccionado. Una docena de dependencias gubernamentales –siete secretarías y cinco organismos– se encargan de repartir la ayuda.
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José Reyes, rector de la UACH, opina que la política para el campo mexicano debe dar igual importancia a la agricultura comercial y competitiva que a la familiar o de traspatio, pues esta última hace que los productores sean menos vulnerables a las variaciones del mercado y evita su migración a ciudades.
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En algunos medios se comenta que el Programa Sectorial 2001-2006, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), tiene ese sentido conciliador, pero habrá que esperar resultados, pues en numerosas ocasiones proyectos de este tipo se han quedado como un catálogo de buenas intenciones, difíciles de instrumentar y más aún de medir.
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Si la política que adopte el actual gobierno frente al campo pasa por alto las grandes diferencias del sector agropecuario y no logra ser incluyente, las protestas sociales podrían constituirse en un verdadero dolor de cabeza para la administración de Fox. En Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Sinaloa y Veracruz las consignas ya se escuchan fuerte y las movilizaciones campesinas van en aumento.
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