&#34Optimizar el reciclado de residuos&#

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A contracorriente. Así transcurren las primeras semanas de Cristina Cortinas de Nava como directora de Residuos, Materiales y Riesgo en el Instituto Nacional de Ecología (INE).

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Esta área, considerada la más conflictiva de las dependencias ambientales, arrastra un pesado lastre: varios intentos fallidos de instalar Centros Integrales para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (Cimaris). Para colmo, a los pocos días de tomar posesión, estalló un conflicto en torno a la empresa Confinamiento y Tratamiento de Residuos Industriales (Cytrar), una de las dos únicas compañías procesadoras de desechos tóxicos que actualmente operan en México. Alianza Cívica de Sonora la acusó de seguir aceptando escorias de plomo a pesar de que se le prohibió. La polémica llegó a un punto crítico con el bloqueo de las instalaciones y la intervención de la policía.

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Ante lo que parecía la puntilla al programa oficial para los desechos tóxicos, varios organismos empresariales acusaron a las autoridades de dejarse influir por grupos políticos, lo cual generaba un clima de incertidumbre que ya había ahuyentado a una decena de inversionistas deseosos de construir y operar Cimaris.

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La entrevista con Cortinas ocurrió cuando apenas terminaba su bautizo de fuego. De entrada negó que los inversionistas se estén retirando de México. “Hasta hoy, todas las empresas que se han registrado siguen interesadas.”

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Por mucho tiempo se dijo que sólo recibía un tratamiento adecuado 12% de los ocho millones de toneladas de desechos peligrosos que cada año genera la industria. A últimas fechas se afirmó que la proporción había aumentado. ¿Hay forma de definir con exactitud el porcentaje?
Estimamos el volumen, por un lado, con los datos de las empresas que manifiestan su generación de desechos. Ellas están obligadas a informar periódicamente cómo evoluciona su producción de residuos, si los tratan dentro de la empresa o a dónde los transportan.

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Esa información la podíamos cruzar con la de los transportistas de desechos peligrosos. Ellos también se dan de alta con nosotros y nos tienen que reportar con regularidad qué residuos transportan, en qué volumen, origen y destino de sus trayectos. Después tenemos a las empresas de servicios, que informan cuántos residuos reciben, de dónde y para qué.

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Que hayamos hecho ese análisis de la información, es otra cosa. Hasta ahora, los datos nos llegaban en papel, poníamos un sello de recibido y el documento iba a parar a un cajón. De repente nos dimos cuenta de que teníamos 10,000 manifiestos y no sabíamos qué decían. De ahí que hayamos emprendido un trabajo intenso de captura y de análisis. Por eso ahora queremos ser muy cautelosos y no dar cifras.

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Comenzamos a reunirnos con los delegados para mostrarles la información con que contamos de cada entidad (industrias registradas, volumen que generan, infraestructura instalada). En cuanto lo vieron dijeron que eso no correspondía con la realidad.

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¿De cuántas industrias se conoce el destino de sus desechos tóxicos?
Teníamos registradas alrededor de 4,000, pero en dos meses ya llegamos a 6,500. Estamos previendo que la cifra va a subir al doble. En cuanto al volumen, ocho millones de toneladas al año, era cierto, ¡pero con el subregistro! Cuando recopilemos todos los datos seguramente tendremos unos 12 millones de toneladas anuales. Y eso nada más de quienes nos reportan. No es creíble que en Yucatán estén registradas 659 empresas generadoras y en Nuevo León sólo 227.

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¿Hay forma de garantizar la veracidad de los datos?
Vamos a ponerlos en formatos electrónicos. Antes era el oscurantismo. Ahora, la idea es que las grandes y medianas empresas entreguen los datos en diskette a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente, que ya tiene su computadora y su módem; así, automáticamente nos mandarán los datos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al INE Ahora ambas dependencias son socias. La Profepa verificará que nos están diciendo la verdad, porque evidentemente muchos van a subregistrar su generación. Con este mecanismo desarrollaremos un esquema de verificación –al azar, por supuesto, porque no tenemos inspectores como para visitar cada empresa–. La idea es empezar a mandar señales, como diciendo: “Por ahora tú no me informaste bien. No te voy a sancionar, nada más te voy a amonestar. Pero cuidado, la próxima vez que te vea un subregistro te pongo una sanción.”

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¿Cómo pretenden convencer a las empresas para que adopten la política oficial?
Les vamos a simplificar los trámites. Sólo les haremos preguntas que sean instrumentos de inducción: si utilizan o reciclan los lubricantes usados o los envían a donde son empleados como combustibles alternos. Así, rápidamente podremos ver si avanza la política que estamos promoviendo, de minimizar la generación de desechos. Y podremos ir viendo cómo evoluciona esto, si los desperdicios se conducen hacia determinadas vías.

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Además, con el apoyo de la Agencia GTZ (asociación alemana para la colaboración técnica) y la Comisión Metropolitana, se elaboraron seis manuales sobre minimización de residuos. Con ellos, la empresa puede hacer un autodiagnóstico para ver en qué parte de su proceso productivo genera residuos y qué puede hacer con ellos. Los giros que ya cuentan con estos manuales son los de metalmecánica, galvanoplastia, textil, imprenta, química básica y fundición.

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¿Por qué esos seis?
Son buenos generadores de residuos peligrosos y abundan las empresas de esos giros. Pero se sigue trabajando para elaborar nuevos manuales. Nosotros hicimos dos, uno para la curtiduría y otro para medicamentos caducos. Están disponibles gratuitamente por correo electrónico. También queremos promover que las universidades los usen para entrenar a sus estudiantes, quienes más tarde podrían hacer su servicio social en las empresas, aplicándolos.

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¿Se cerrará la pinza con acciones coercitivas?
La verificación no se suspenderá. Al contrario, le decimos a la Profepa: “Más activos, que se vea que estamos trabajando juntos.” Pero a la vez manejaremos los incentivos. Que no se vea nada más el mensaje negativo. Incluso buscaremos pequeños fondos disponibles para algunas actividades de minimización. Por ejemplo, Funtec (Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa) tiene un capital formado con dinero de Canacintra y de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC, para dar apoyos de $30,000 dólares a pequeñas empresas que quieran prevenir la contaminación. Les sugerimos que apliquen su manual y recurran a ese fondo, si para reducir la generación de residuos requieren una modernización tecnológica.

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Queremos que se formen redes. Ya creamos una en manejo ambiental de residuos en la zona metropolitana; la integramos nosotros, la industria, la academia, grupos civiles y asociaciones profesionales. Vamos a formar núcleos técnicos de esta red en cada entidad, para que brinden asesoría y capacitación a las empresas. Luego pondremos al alcance de las industrias directorios de quién transporta, recicla u ofrece servicios.

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Este año, nuestro propósito es impulsar una campaña de motivación a las empresas para que manifiesten su generación de residuos y para que se acerquen a instancias que las ayuden a mejorar su desempeño. Van a ahorrar dinero, porque están tirando materia prima con valor económico.

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¿No es dramático esto? Aguascalientes: 98 empresas que producen 140,000 toneladas de desperdicios. ¿Y qué tienen de infraestructura? Una empresa de recolección y transporte, y otra de reciclaje. Punto. ¿Qué hacen con lo que no llega a estas dos compañías? Ahora que hay tanta susceptibilidad por la violación de la soberanía, porque mandamos residuos de un estado a otro, ¿pues qué quieren, si no hay infraestructura? En cambio, el DF y el Estado de México son los que más tienen para reciclado y tratamiento. Presentar así los datos incentivaría la inversión, los empresarios podrían atacar mercados que no están competidos. Esto sirve incluso a la ciudadanía, para entender que es normal que se compartan las estructuras entre entidades, que no es imposición sino que todos nos estamos apoyando, con un enfoque regional; lo injusto sería llevar residuos del sur hasta el norte.

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En su programa, el INE dice que “inducirá la integración de nuevas cadenas productivas” con los desechos. ¿De qué manera?
Por un lado, convenciendo a la empresa para que saque los residuos de sus patios. Eso implica transportarlos, reciclarlos, tratarlos o confinarlos, esa es una cadena productiva. Por otro lado, estamos promoviendo una optimización del reciclado de residuos y descubriendo nuevas posibilidades y mercados. Por ejemplo, sabemos que podemos usar los lubricantes usados como combustible alterno. Hicimos un convenio con las cámaras cementeras para que ellos los usen y nos dicen que sí, pero que no les llega lo suficiente (y eso que es el principal desecho líquido que estamos generando). Por eso necesitamos un programa activo que diga quiénes son los generadores, dónde están e incentivarlos.

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El reuso y el reciclaje de desechos tóxicos son aún incipientes en México. ¿Cómo los fomentarán?
Este año realizaremos una serie de talleres para analizar cada tipo de residuo: generación anual, capacidad instalada de reciclado, la cantidad real que se recicla y luego identificar los obstáculos. Un caso concreto: si México, por ser un país petrolero, produce lubricantes, una vez gastados quizá no convenga reciclarlos para volverlos a usar, porque el precio no resultaría competitivo, sino emplearlos como combustible alterno. Tampoco hay que decir que el reciclado es la panacea, que es posible reciclar todo. Si no hay un mercado, no va a ser rentable.

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A veces los precios fluctúan. En el caso del zinc, estamos reciclando residuos que importamos; los subproductos obtenidos se exportan. Pero México también produce ese metal. Entonces, tenemos que revisar si será negocio reciclar el zinc nacional.

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Queremos promover un programa de reciclado de llantas. Tiene ventajas porque, al igual que con las baterías, el sitio donde adquirimos el reemplazo opera como centro de acopio. Ya hay una planta que transforma las llantas, previa separación del material metálico; se están usando para elaborar carpeta asfáltica y como combustible alterno en las cementeras.

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¿Qué volumen de desechos peligrosos se importa para reciclaje o reuso?
Lo más que importamos son las escorias metálicas que contienen zinc. Se calcula que son 90,000 toneladas al año, de las cuales se retorna 35% como material secundario. También llantas de camiones, para recubrirlas y exportarlas. Básicamente es eso. La gente está muy preocupada de que nos convirtamos en el basurero de otros países, pero la verdad es que nada se puede importar sin nuestra autorización. Si consideramos que no tenemos la infraestructura o no nos conviene reciclar aquí, no lo autorizamos. Ahora, como ya somos el sexto país productor de baterías de automóviles y exportamos a todo el continente, nos han pedido que se retornen la baterías una vez usadas, porque es la regla del juego.

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¿Existen mecanismos para detectar importaciones ilícitas de desechos?
Sólo nos podemos dar cuenta cuando alguien denuncia o cuando le ocurre un accidente al transporte que los lleva. No hay de otra. Yo quiero hacer algo que practican en Estados Unidos: educan a las comunidades fronterizas. Los vecinos son los que reportan movimientos sospechosos de residuos. Hace varios años, vieron que algo chorreaba de una “troca” estacionada frente a un hangar; avisaron a la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, que acudió a inspeccionar y resultó que eran bifenilos policlorados que venían a México.

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Son 3,000 kilómetros de frontera. Si logramos crear esa conciencia en los ciudadanos... Mecanismos adicionales, pues no, porque no podemos tener inspectores en cada garita. Éstas mantienen contacto con la Profepa, a la que recurren en caso de tener sospechas sobre algún cargamento.

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¿Opera actualmente un sistema que permita rastrear los desechos peligrosos?
Ya estamos empezando a capturar la información de transportistas, generadores y empresas de servicios. Pronto lo vamos a tener disponible.

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¿Hay forma de saber adónde van a parar las 44 toneladas diarias que las maquiladoras no regresan a Estados Unidos?
Sabemos que 85% de la industria maquiladora cumple con regresar sus residuos. Algunos tal vez los tienen almacenados en sus propias instalaciones o en sus patios, otros los envían a confinamientos locales y queda entre 10 y 12% cuyo destino desconocemos. Algunas maquiladoras nos han comentado que importan solventes y les resulta costosísimo regresar los tambos vacíos. Estamos revisando la normatividad para ver cómo podemos ayudarles.

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Datos del propio INE refieren que 60% de las maquiladoras no están regresando sus desechos.
Volvemos al problema de las cifras, que estamos tratando de corregir con nuestros delegados. Antes se emitía una guía ecológica para el retorno de los desechos; era un trámite engorroso y tardado. Había desfasamiento en tiempos, imprecisión en los datos. Ahora, convenimos sustituir la guía por un aviso de retorno. Así, las empresas rápidamente pueden hacer su envío, nos dicen la cifra real que están movilizando, lo cual se controla en Hacienda. Ahora sólo sabemos del retorno y desconocemos si se trata de 10, 20 o 60% de lo que se importó.

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Con motivo del conflicto en Hermosillo, el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible informó que una decena de empresas interesadas en construir Cimaris ya se retiraron. ¿Es así?
Por lo pronto, todas las que están relacionadas con nosotros no se han retirado. Yo hablé con las organizaciones civiles de Hermosillo, la empresa y los gobiernos estatal y municipal, para acordar algo que desentrampe este asunto: hacer una inspección y que todo mundo esté tranquilo, crear un comité de vigilancia que verifique el cumplimiento de la normatividad. Tuvimos un avance histórico, logramos 11 acuerdos que próximamente se darán a conocer.

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Los inversionistas, mientras tanto, tienen expertos en comunicación de riesgos trabajando con los organismos civiles y los gobiernos de las entidades donde se quieren instalar, preparando el terreno. Nosotros les ofrecimos sumarnos a ese esfuerzo, hablando con las autoridades. Vamos a promover que cada entidad establezca su programa de gestión de residuos donde incluya qué infraestructura falta y está dispuesta a aceptar. Eso va a estar en Internet, así cualquier empresa sabrá qué estado le conviene.

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No podemos tener más casos como Guadalcázar (San Luis Potosí), porque el mensaje que estamos mandando es que nuestro país no respeta las decisiones legales, lo cual va a desincentivar la inversión y se mantendrá el vacío actual.

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Es cierto, nos golpeó durísimo el conflicto en Cytrar. Algunas empresas han dicho: “O se resuelve esto y nos dan claridad en este año o ya no seguimos adelante. Tenemos dos años negociando y no avanzamos.” Por eso le dije a la gente de Sonora: “Lo que aquí suceda va a afectar al resto del territorio nacional.”

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Si resolvemos el problema de Cytrar, el mensaje para la sociedad va a ser claro: esto puede manejarse civilizadamente.

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