La amenaza de ir a la cárcel se ha convertido en un temor permanente para el matrimonio Tinajero Álvarez, pese a que legalmente no pueden ser sujetos a una pena corporal por deudas en sus tarjetas de crédito. A la vez que sus ingresos se redujeron desde cerca de N$12,000 nuevos pesos el año pasado, a N$800 nuevos pesos actualmente, ahora conocen el otro lado de la moneda de los plásticos, que nada tiene que ver con viajes, compras y demás placeres.
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Ambos fueron despedidos, ella de una concesionaria Volkswagen, en diciembre; él de una fábrica de muebles de aluminio, en febrero. Desde entonces, han entrado en una dinámica dramática que, muchas veces, piensan que no tiene salida. De los despachos contratados por algunos de sus nueve acreedores -cuentan con siete tarjetas a nombre de ella y dos de él -, las llamadas comenzaron a producirse cada tercer día. Primero fueron amables invitaciones para pagar, después cambiaron el tono y empezaron a hablar de códigos, jueces, cárcel y embargos, amenazas que a la señora Álvarez la hacen angustiarse, entre otras cosas, por su hijo más pequeño, de 10 meses.
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Como la mayoría de los deudores en tarjetas, ambos están de acuerdo en pagar, pero "lo justo". Como pruebas de dicha disposición, mencionan que a lo largo de los años nunca habían tenido problemas de retraso en sus pagos y que además, ella aceptó en marzo una renegociación con Bancomer, cuando los problemas derivados de la suspensión de sus pagos mínimos apenas comenzaba. El trato consistía en congelar su adeudo de N$6,000 nuevos pesos durante seis meses, en los cuales se establecería una cuota fija mensual de N$300 nuevos pesos (5%) que, de cumplirse puntualmente, significaría reducir en 10% el saldo congelado, pero que de no ser así, implicaría la cancelación definitiva del crédito. En ese tiempo la tarjeta estaría congelada y los créditos cerrados. Luego de tres meses de estar cumpliendo con esta modalidad, el saldo de la señora Álvarez se había reducido en apenas N$50 nuevos pesos. Lo suspendió.
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En total, el matrimonio adeuda entre N$30,000 y N$35,000 nuevos pesos, y la cantidad seria mayor si no hubiese sido porque sus liquidaciones las destinaron a pagar.
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De la amabilidad, los despachos pasaron a la presión abierta: o pagaban o el embargo sería inminente, contra sus bienes y por un monto tres veces mayor de lo adeudado. Por ejemplo, el despacho Ferra García Betanzos y Asociados pide el pago total de la deuda. Pero los ingresos familiares de sólo N$800 nuevos pesos, informa la señora Álvarez, provienen de la suma de lo que gana su esposo en trabajos por su cuenta, el salario mínimo de su hijo de 18 años y lo que sale de la venta de antojitos en la casa donde viven, propiedad del padre de ella. Aún así, dice, están dispuestos a dedicar la mitad de los ingresos a pagar, pero para eso tendría que haber un acuerdo que, por ahora, se ve más lejano de lo que aparenta ser un proceso legal.