&#34Tenemos un estado corrupto&#34 <br>P

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La mañana del martes 30 de septiembre, en histórica sesión en la Cámara de Diputados, las palabras del diputado Pablo Gómez incomodaron a más de un priísta. “Las cosas han cambiado; estamos iniciando, por fin, la anhelada época de la lucha parlamentaria”, expresó el perredista después de que el bloque opositor le impuso al PRI –por 259 votos a favor y 234 en contra– la distribución de las 61 comisiones legislativas.

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Gómez se ha distinguido desde hace años por no quitar el dedo de un importante renglón: la necesidad de transparentar la utilización de recursos por los hombres del poder en México. Autor del libro Los gastos secretos del presidente. Caja negra del presupuesto nacional (Grijalbo, 1996), el también vicecoordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) conversó con Expansión un día después de esa jornada legislativa.

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El libro de Gómez gira en torno a los ramos 23 (“Provisiones salariales y económicas”) y 26 (“Superación de la pobreza”) del Presupuesto de Egresos de la Federación. En el 23 se aloja la llamada partida secreta desde el 1º de enero de 1985, cuando Miguel de la Madrid era jefe del Ejecutivo y Carlos Salinas de Gortari secretario de Programación y Presupuesto. El actual clima parlamentario hace pensar que, ahora sí, se discutirá abiertamente el Presupuesto y, por ende, los ramos que se utilizan de manera discrecional.

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Agitado, cigarrillo en mano y de respuestas al botepronto, Gómez es enfático al subrayar: “El Presidente no debe disponer absolutamente de ningún centavo que no esté presupuestado y que no se compruebe.”

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Usted hace un señalamiento fuerte en las primeras páginas de su libro: “El presidente de México –escribe– es un individuo inmensamente poderoso también por el tamaño de la chequera que trae en el bolsillo.” ¿Ese sería, a su modo de ver, un buen punto de partida para que la ciudadanía entendiera lo que supone que el primer mandatario disponga de una partida secreta?
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Esa es la tesis política central del libro. El Presidente es muy poderoso por una serie de causas de orden político, ideológico, de estructura del Estado y por diversas atribuciones legales, pero también por el tamaño de su chequera.

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En su libro hace un repaso histórico en donde muestra cómo desde tiempos de Venustiano Carranza se concibe una partida secreta, y señala cómo al paso de los diversos periodos presidenciales se va modificando la manera de entenderla, influida por el presidencialismo que se ha vivido en el país.
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Yo creo que se ha agrandado la capacidad de uso discrecional de fondos públicos por parte del Presidente y de los secretarios de Estado. Considero, por ejemplo, que el periodo de la renovación moral –el de Miguel de la Madrid– es, también, el de la organización de la corrupción. Pero después, con Carlos Salinas de Gortari, se prosigue la obra de organizarla. Ninguno de los dos lucha realmente contra ella. Lo que hace Salinas es organizarla con el sistema de los bonos, con todos los gastos discrecionales, que aumentan; con la partida secreta, que no existía como tal hasta la época de De la Madrid. El renovador moral de la sociedad manda aprobar en la Cámara una partida secreta, lo cual es una contradicción.

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Ayer un diputado del PRI –un señor de apellido Aceves–, dijo que eso de la partida secreta era una técnica presupuestal aceptada en todos los países del mundo. No creo que a estas alturas en ningún país se pueda hablar de partidas secretas. Los fondos reservados que existen en varios países del mundo no son secretos, están sujetos a la fiscalización de los órganos encargados de ello.

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Usted ha dicho que la partida secreta ya es, hasta cierto punto, - peccata minuta, porque existen otros ramos por los que se utilizan recursos de manera discrecional...
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Siempre los hubo. Lo que sucede es que la partida secreta ha venido disminuyendo conforme se han estado haciendo denuncias. Por ejemplo, Salinas la llevó a $1,200 millones de pesos, después bajó a $600 millones. En este momento se encuentra en $200 millones de pesos, que ya cualquiera podría decir que es lo de menos. Pero el hecho es que es secreta. Su carácter secreto es, precisamente, lo que la hace cuestionable. ¿Para qué se usa ese dinero? ¿Para qué quiere el Presidente una partida secreta? Ese es el punto.

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Se conocen los datos del presupuesto y los datos de lo que se ejerció de él, ¿diría usted, entonces, que el meollo del asunto es que no sabemos qué fue lo que se hizo con ese dinero?
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Sí. Por ejemplo, hay $3,500 millones de pesos que el Presidente reparte entre los gobernadores y no se sabe cuánto le toca a cada uno. Eso no lo dice la Cuenta Pública. ¿Entonces qué hacemos? ¿Cómo lo averiguamos? Ese nada más es un programa, pero hay otros, también bastante fuertes, y no se sabe qué se hizo con ese dinero. Entonces no hay una partida secreta, hay muchas partidas que son secretas, porque no se está dando ninguna información sobre el uso de esos recursos. Es más, el Presidente, a partir del ramo 23, otorga una serie de sobresueldos que no sabemos a quién se los está dando, no sabemos quiénes son los que están recibiendo ese dinero, ni por qué. Hoy lo único que sabemos en la Cuenta Pública es que hay un dinero que se le está dando al Ejército para pagarle a las fuerzas armadas que están en Chiapas.

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Es decir, la falta de información...
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...es la base del gasto discrecional. No se pueden fiscalizar los recursos porque la Cuenta Pública no da información suficiente. La Contaduría Mayor de Hacienda, que es un organismo de la Cámara de Diputados, se ha convertido, desde hace muchos años, en la “Lavandería Mayor de Hacienda”. No tenemos un órgano fiscalizador. Por cierto, no podemos quitar al Contador Mayor de Hacienda hasta que termine su periodo de ocho años, que será en diciembre del año que entra, y a ese Contador Mayor de Hacienda lo nombró el gobierno. La Cámara de Diputados nombraba al que el gobierno decidía, y a éste, en especial, lo nombró Zedillo cuando era secretario de Programación y Presupuesto.

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El hecho de que el destino de estos recursos no sea transparente hace que éste sea un campo fértil para la especulación. Ni usted ni yo sabemos realmente a dónde se pudo haber ido ese dinero.
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Yo creo que es un campo muy fértil para la robadera que hay en el gobierno, simplemente. Una de las tesis que hay en el libro es esta: en todos los estados hay corrupción. Lo dice el secretario de la Contraloría General de la Federación. Lo dijo ayer con cierto cinismo. En efecto, es un hecho que, de vez en vez, hay actos de corrupción que se persiguen en muchos países. Ahora bien, esa no es la característica de México; aquí tenemos un Estado corrupto, que es otra cosa totalmente diferente. Tenemos que hacer una refundación del Estado para quitarle ese carácter corrupto. No es cosa de cirugía menor, no es como sacar una muela. Lo que tenemos que hacer es una refundación, por eso es tan difícil.

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A partir de los datos que usted cita puede verse una correlación entre años electorales y mayores recursos ejercidos.
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Sí, existe algún elemento que nos está indicando que el Presidente gastaba más dinero desde el ramo 23 en los años que había elecciones federales en México. Tenía que repartir más dinero directamente desde la gran caja negra del presupuesto que es el ramo 23.

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Usted señala que todo esto podría destinarse a apoyar a gobiernos estatales, pero también a apoyar al partido oficial.
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Evidentemente que las campañas electorales eran patrocinadas y financiadas directamente por el Presidente, nadie más lo hacía. La campaña del actual Presidente fue financiada por el anterior Presidente. El PRI no es una organización que tenga finanzas propias. Ahora ha cambiado algo, porque se han autorizado montos muy altos de financiamiento de los partidos y al PRI le ha tocado una cantidad muy grande de recursos. Pero de todas maneras no le alcanza. El PRI necesita comprar votos, y para hacerlo necesita usar el presupuesto. El gasto operativo lo paga el partido, pero la compra del voto la paga directamente el Estado.

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Usted hace otra anotación fuerte al sugerir que esta partida secreta puede ser usada “para entregar dinero a cuenta de favores o premios de desempeño por actividades políticas” y para “la creación de un fondo personal o familiar del Presidente”.
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Bueno, eso no lo saco de la Cuenta Pública. Lo saco, por ejemplo, de “la colina del perro”. Lo saco de los dineros que tiene Raúl Salinas de Gortari. Lo saco de los dineros que tiene el propio Carlos Salinas de Gortari. Nadie sabe cuánto tiene, pero se ve que el señor vive a todo dar; puede vivir en el extranjero, por ejemplo. Lo saco de las fortunas personales de muchos gobernantes tipo Hank González y otros más. Lo saco de que de algún modo tenemos que explicarnos cómo se han hecho fortunas, algunas conocidas y otras más ocultas, pero que efectivamente existen, no son invento de nadie. ¿De dónde sacan el dinero? De ahí tiene que salir. El dinero no se hace solo. Salió de algún lado. El presupuesto es una gran bolsa que con la estructura que tenemos da para que los hombres del poder puedan tener esas fortunas.

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La composición actual de la Cámara y el hecho, por ejemplo, de que la presidencia de la Comisión de Programación y Presupuesto haya recaído en un miembro de la oposición, ¿pueden hacer pensar que ha llegado el momento de discutir abiertamente estos asuntos?
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Vamos a hacer dos cosas. Vamos a discutir abiertamente el presupuesto y a analizar el proyecto que presenta el Presidente. Por primera vez se va a hacer esto. Y luego vamos a tratar de fortalecer la estructura fiscalizadora, la Contaduría Mayor de Hacienda. La Cámara tiene posibilidades de nombrar al contador. En principio hay un acuerdo entre los grupos parlamentarios que en su conjunto podrían formar mayoría en la Cámara, para poder trabajar en esta dirección. Ya exactamente cómo, lo tendremos que discutir en los próximos meses, pero de entrada existe la voluntad de abordar este tema. Esto ya es un avance muy grande, porque el PRI siempre se ha negado a hacerlo. El tema es tabú en la Cámara. Al presupuesto, aquí en la Cámara, nunca se le cambia ni una coma, mucho menos un peso. Tenemos que revisar el papel de la Contaduría Mayor de Hacienda. Tiene 1,300 ó 1,400 empleados, hace algunas auditorías; de vez en cuando hace ciertos señalamientos, pero nunca ha servido para mayor cosa.

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A partir de lo que usted conoce de la experiencia internacional en la materia, ¿debe o no existir una partida secreta?
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El Presidente no debe disponer absolutamente de ningún centavo que no esté presupuestado y que no se compruebe. Creo que las partidas que en un momento dado pudieran ser reservadas, también deben ser fiscalizadas. No debe haber un solo peso que no sea fiscalizado. Yo no creo que Carranza haya pensado que la partida secreta no debería ser fiscalizada, sino que no debería decirse en qué se iba a usar al momento de contraerla. Al momento de justificarla él redacta una parte de la Constitución en donde dice que se deben justificar todos los gastos, todos. Él usó la partida secreta para dos cosas principalmente: para una policía secreta que se hizo en la secretaría de Gobernación y para un aparato de censura y de investigación sobre las películas estadounidenses que se exhibían en el país, algunas de las cuales contenían propaganda en contra del gobierno mexicano.

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En su libro también se refiere al fenómeno del “bonismo”, que ya se deja sentir en el sexenio de De la Madrid y que se acentúa en el de Salinas.
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El “bonismo” es la organización de los sobresueldos. Estos existen desde hace mucho tiempo, pero los secretarios de Estado los decidían y era una situación muy desorganizada, en la que a cierta gente se le daba y a otra no. Entonces Salinas dice: yo aquí voy a repartir los sobresueldos; además, los altos funcionarios ganan poco, algunos ya se quieren ir a la iniciativa privada, entonces necesitamos darles dinero adicional. Esa forma de hacerlo –no elevando los sueldos, sino dándoles el bono– es una manera de indicarle a los funcionarios que se trata de una prebenda, de un trato especial, y que a cambio de él se requiere una sumisión de orden político a quien está dando el bono, que es el Presidente. Entonces se produjo este fenómeno al que yo le llamo el “bonismo”, que también es una estructura de orden político. No debemos verlo solamente como una forma de gastar dinero en sueldos, sino como un condicionamiento de orden político. El actual Presidente defiende la política de bonos. Cuando se fue Salinas repartió más de $700 millones de dólares entre los altos funcionarios y eso está en la Cuenta Pública, aunque no sepamos cuánto le dio a cada quien.

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¿Tiene ideas sobre cómo debería de funcionar el órgano fiscalizador de estos recursos?
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Debe ser un órgano del cual la Cámara pueda obtener apoyo, sobre todo conocimiento; hacerle caso a los diputados cuando quieran conocer más determinados gastos. También debería ser independiente, no sólo del gobierno, sino también de los partidos, con el propósito de que estos no lo usen ni para lavar las corruptelas en el gobierno, ni para combatir al gobierno desde la oposición. Tiene que ser un órgano con servicio civil de carrera, con individuos que sean nombrados como fiscales, que no pertenezcan a ningún partido, que no hagan política en favor de determinado partido y que tampoco estén a las órdenes del presidente de la República o del secretario de Hacienda. Pero, además, habría que pensar que este órgano pudiera tener capacidad de acción para hacer averiguaciones y para acusar directamente: ahora sólo el Ministerio Público lo puede hacer, pero no está especializado en estas cuestiones. La Procuraduría General de la República con trabajos hace algunas cosas. Entonces habría que pensar que a lo mejor estamos llegando al momento en el cual hay que quitarle al Ministerio Público el monopolio de la acción penal y darle a algunos órganos, como éste, esa capacidad.

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Desliza usted en su libro la idea del juicio político. ¿Cree que en algún momento podría ser conducente llamar a cuentas a algún funcionario por el mal manejo de recursos?
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Sí, debe ser una cosa regular. El juicio político es una institución permanente, pero ahí me refiero no a la justificación de los gastos, sino a otro elemento: a que el presupuesto debe ser obedecido. Si un secretario de Estado no hace lo que el presupuesto le manda hacer, entonces puede ser sometido a juicio político en el Congreso. La Cámara de Diputados opera como órgano de acusación y la de Senadores como órgano de sentencia, y ésta es la destitución del cargo y la inhabilitación, independientemente de que si resultan delitos del orden común ya los tribunales se tendrán que encargar de ello, ya es otra esfera de competencia. Pero en el caso del juicio político sí debe asentarse esta institución para que los secretarios de Estado sepan que si no obedecen las instrucciones del presupuesto pueden ser destituidos. El Presidente, entre paréntesis, no es sujeto de juicio político. No puede ser destituido por el Congreso, por eso existe la institución del referendo. Toda orden del Presidente debe estar firmada por el secretario del despacho correspondiente, porque en un momento dado si la orden viola la Constitución o alguna ley federal, entonces el Congreso se va contra el secretario de Estado, porque no puede hacerlo contra el Presidente.

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Desde hace tiempo, cuando se habla de la incipiente democracia mexicana, es común escuchar referencias a la falta de procedimientos de rendición de cuentas –se recurre mucho al término anglosajón de la falta de accountability–. ¿Estos elementos de los que hemos hablado son fundamentales para andar el camino de la democracia?
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Sí, sin accountability no puede haber democracia. El gobierno está usando el dinero del pueblo para reproducir su fuerza política. El gobierno puede ser tan partidista como quiera, el presidente de la República puede ser el presidente de un partido, ese no es el problema. El problema es que al ser el jefe de un partido en México utiliza los recursos públicos, porque no hay la famosa accountability, no hay la fiscalización, como le llamaríamos en castellano.

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¿Tiene alguna noción de lo que piensa el presidente Zedillo sobre estos aspectos? ¿Lo ve dispuesto a que se discutan?
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Bueno, él tiene un proyecto de órgano fiscalizador –Auditoría Superior de la Federación– que tiene varios defectos, y uno de ellos es que él quiere nombrar a los fiscales con aprobación de la Cámara, pero al final de cuentas nombrados por él, y no ha querido negociar esto. Si él se dispone ahora a negociar su proyecto, lo hacemos con la actual composición de la Cámara. Ahora bien, eso supone un cambio en la Constitución. Habría que hacerle varias modificaciones al proyecto del Presidente que nosotros desearíamos, algunas de las cuales las planteo en el libro justamente, y si se abre el gobierno las podemos llevar a la Constitución; para modificarla no sólo se necesita una mayoría en una de las cámaras, se necesitan dos tercios en las dos cámaras. No está sencillo el asunto. Tiene que haber consenso. Ojalá Zedillo se abra a una seria negociación sobre el tema, pero lo veo lento, miedoso...

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