4. Agua: Ni una gota
Cada mañana Margarita Leyva, de 45 años, levanta el polvoriento plástico que cubre uno de sus tres oxidados tambos para agua y saca una poca con que preparar el café de sus cuatro hijos. En su casa de Tlatelatenco, Chimalhuacán (en las orillas de la capital), el líquido "se cuida como oro". Cada semana una pipa le surte sus botes de 200 litros a cambio de $50 pesos por cada uno.
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Como ella, hay otros 12 millones de mexicanos que aún no cuentan con agua potable. Aunque Leyva paga $250 pesos por m3, las autoridades calculan que, en promedio, cada persona de ese grupo eroga $25 pesos por m3 (y consume siete al mes). De cualquier manera, ambas cifras son mucho mayores que el rango de $12 a $23 pesos por m3 que desembolsa una industria o al de entre $2 y $6 pesos que se cobran a una casa habitación, de acuerdo con estudios de la Comisión Nacional del Agua (CNA).
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La desigualdad en las tarifas es apenas la punta del iceberg del problema de agua en el país. Existen 38 ciudades en riesgo de sufrir falta de abasto, ubicadas en el centro y norte de la república, donde se concentra 77% de la población y se genera 86% del PIB nacional. Adicionalmente, se requiere renovar 50% de la infraestructura instalada en la red de distribución y elevar a 56% el tratamiento de aguas residuales (que actualmente sólo es de 25%), tanto para darles un segundo uso, como para evitar la contaminación de los pocos mantos acuíferos limpios que quedan en el territorio.
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Por si fuera poco, de cada 1,000 litros que se extraen del subsuelo o de las fuentes superficiales de agua, se pierden por fugas más de la mitad, especialmente en las áreas rurales. La imposibilidad de repararlas se deriva de la baja recaudación (de cada 10 litros que se consumen, sólo se pagan tres) que suma $14,000 millones de pesos, en tanto que los costos de operación y extracción –sin incluir nuevas inversiones ni mantenimiento– ascienden a más de $17,000 millones. Bajo estas condiciones, es urgente atender el problema.
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Los focos rojos
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Del volumen total de agua disponible en la república, cada mexicano consume al año 4,900 m3, cantidad mucho menor a los 10,000 m3 de cada estadounidense o los 100,000 m3 de Canadá. En la medida en que crezca la población –explica Ramiro Rodríguez, del Instituto de Geología de la UNAM– la porción de agua por habitante será más baja.
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El mayor problema, asegura Francisco Tello –gerente de la Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento de México (EASM)–, es que las fuentes acuíferas están en el sureste del país y llevarlas a los núcleos demográficos del centro y el norte se convierte cada día en algo técnicamente más complejo y costoso.
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Entre las ciudades en riesgo de desabasto a mediano plazo, la CNA identifica a Saltillo, Tijuana, Hermosillo, León, Ciudad Juárez, Chihuahua y las zonas metropolitanas del DF, Guadalajara y Monterrey como las áreas donde la situación es de mayor conflicto.
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En casi todas ellas confluyen, además, otros problemas: la infraestructura de las respectivas áreas centrales ya rebasó su vida útil; la sedimentación del suelo –causada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos locales– ha propiciado hundimientos que afectan buena parte de las construcciones urbanas; además, de cada 10 litros de líquido que llegan a las urbes, ocho regresan a las alcantarillas en forma de agua residual y sólo 23% de ésta puede ser utilizada de nuevo mediante el saneamiento, con lo que se corre el riesgo de que el agua no tratada contamine los mantos freáticos sanos.
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El impacto de esta situación en la actividad empresarial "puede llegar a ser considerable, porque ahuyentaría inversiones productivas", estima Rodríguez. Las compañías, aunque hacen sus estudios de factibilidad para instalarse en cierta zona, sólo disponen de los datos municipales o estatales que generalmente garantizan el abasto.
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En el agro –que consume 78% del agua disponible en el país– las cosas no son mejores. La baja tecnificación de los cultivos y el escaso mantenimiento de la infraestructura redundan en pérdidas de líquido de entre 45 y 60%. Mientras tanto, en las zonas agrícolas modernizadas con sistemas de riego el aprovechamiento es de 69% y hay un mayor porcentaje de pago por el total de agua utilizada.
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La magnitud del desperdicio es de tal envergadura que Tello asegura que "si el sector agrícola recuperara 10% de sus pérdidas, con eso lograríamos suministrar el agua necesaria para las zonas urbanas".
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La política
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Jesús Campos, de la Unidad de Agua Potable y Saneamiento de la CNA, reconoce que las limitaciones técnicas y geográficas no son el único obstáculo para resolver los problemas; tradicionalmente "el agua se ha manejado con un carácter más político que de servicio".
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En 1980 el gobierno federal entregó a los municipios la responsabilidad de hacerse cargo de la operación y distribución del líquido en sus localidades. Hacia los 90 algunas jurisdicciones ya presentaban rezagos en su administración. Rodríguez sostiene que la búsqueda de votos, mediante la promesa de tarifas bajas en el consumo de agua, provocó precios por debajo del costo real (cobros de $1.40 pesos contra un importe promedio de $5 pesos), lo que se sumó a la baja recaudación.
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Al subsidiar la operación regional, el presupuesto no era suficiente para hacer nuevas inversiones o dar mantenimiento a las instalaciones existentes. También hay ordenamientos legales, como la Ley General de Salud y el artículo 115 constitucional, que "entorpecen" el cobro adecuado del servicio, pues prohiben que se deje de suministrar el líquido a los hogares. En realidad, prosigue Tello, "sólo se logró afectar a los que menos tienen y subsidiar a quienes cuentan con el servicio en su domicilio."
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La renovación de poderes en los municipios cada tres años generó falta de continuidad en los programas hidráulicos locales. De hecho, comenta Campos, los encargados de la CNA y los operadores de agua en todo el país permanecen en su puesto, en promedio, 1.8 años, dando lugar a un círculo vicioso.
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Ciudades como Aguascalientes, Cancún y –en fechas recientes– Saltillo, solucionaron parte del problema político al concesionar por 15 o 20 años a empresas privadas la operación, distribución y cobro del servicio. Con esta estrategia –señala el ejecutivo de la CNA– dieron secuencia a los programas, aseguraron la inversión y el establecimiento de tarifas reales. Otras localidades, como la ciudad de México, también han empleado este recurso en los renglones de saneamiento y cobro.
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El gobierno vigila y regula el funcionamiento de las firmas concesionarias, así como el establecimiento de tarifas que correspondan a los costos reales. Según Tello es un buen negocio, pues la utilidad es directamente proporcional a la reducción de pérdidas en la red de distribución.
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El gobierno federal trata de fomentar este tipo de alianzas entre sector privado y público mediante apoyos de hasta 49% en las inversiones en saneamiento de aguas residuales y hasta 30% en operación y construcción de infraestructura para potabilizar. Sin embargo, el ejecutivo de la EASM considera que la privatización no es el único remedio, pues existen organismos operadores municipales de alta eficiencia –como el de Monterrey y algunos otros del norte del país– que no tienen por qué pasar a manos privadas.
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Otra solución –sugiere– sería incrementar en los próximos cinco años el saneamiento por lo menos a 56%. De esa forma el agua de primer uso quedaría para consumo humano y a la tratada se le podrían dar empleo industrial o de otro tipo, disminuiría el deterioro del medio ambiente y al mismo tiempo se mejoraría la calidad del servicio. El único problema es que se requeriría invertir al menos $25,000 millones de pesos cada año para lograrlo y con las tarifas actuales no hay posibilidades de hacerlo.
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Manuel Frías, investigador de la institución académica México Tercer Milenio, propone reordenar la distribución de los asentamientos humanos e industriales del país en torno a zonas que cuentan con recursos hidráulicos de buena calidad. Con el fin de lograrlo sería necesario dotar a cada una de infraestructura, energía, servicios y sistemas de comunicación suficientes para atraer a las empresas y a la población.
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Varias de estas metas están incluidas en el Programa Nacional Hidráulico 2000-2006. En cinco años, el país deberá contar con 65% de tratamiento de agua, cobertura de agua potable para 89% de la población (96% urbano, 70% rural) y servicios de alcantarillado en 76% del territorio.
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El problema es que el cumplimiento de este plan depende de la participación coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales. De no ser así, las condiciones hidráulicas del país en 2025, según estudios de la CNA, podrían ser desastrosas. ¿Tendrá el actual gobierno la capacidad de conducir y convencer a los diferentes responsables?
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