7. Inseguridad. Peligro: secuestros

Casi todos los crímenes que se cometen en el país se quedan sin castigo... El gobierno promete ter
Yolanda Ruiz

Después de que ocho moradores de Bosques de la Herradura –una colonia residencial de clase alta en el Estado de México– fueron secuestrados a las puertas de su casa en sólo tres semanas, los vecinos decidieron dar solución al problema. Desplegaron una pancarta gigante a la entrada de la zona alertando a visitantes y residentes: "Peligro, área de secuestros exprés" y, dada la indiferencia de las autoridades, un centenar de familias de tres calles de esta colonia resolvieron desembolsar cada una $430 pesos al mes para pagar un servicio de seguridad privada.

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Este es sólo un ejemplo de las muy variadas reacciones de la ciudadanía, que ya se muestra harta de la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

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El robo es el gran rey de los delitos; ligados a él siguen los secuestros y los asaltos. Aparte figuran el tráfico de drogas, armas y órganos, así como el contrabando de mercancías, piratería y otros. Según datos oficiales, se cometen 14.6 crímenes por cada 1,000 habitantes, y la impunidad es el pan de cada día en 92% de ellos.

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Para combatir la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un presupuesto de $7,000 millones de pesos este año. Alejandro Gertz, titular de la dependencia, advierte que el consumo de drogas se ha convertido en un fenómeno acelerador de los actos ilícitos, se queja de la herencia de la anterior administración y demanda un marco legislativo que proteja a la víctima y combata la corrupción y la impunidad, los "mayores obstáculos a la seguridad".

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Por el momento, ha denunciado a tres ex funcionarios poco éticos y se enorgullece sobre todo de los resultados de la Policía Federal Preventiva que vigila las carreteras. Asegura que durante el año pasado los delitos en estas vías disminuyeron 30%, aunque en el resto del país todo va "de mal en peor". En el ámbito federal, que compete a Gertz, la delincuencia bajó 12% en 2001, pero los crímenes de orden local aumentaron 10%. Ese es –dice– el gran problema para imponer una estrategia nacional de seguridad: las policías locales y la mayoría de sus miembros activos, que no están bajo su competencia. Sólo 10,000 de los 350,000 guardianes públicos del país operan bajo sus órdenes y así –enfatiza– no hay manera de controlar el delito a escala nacional.

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Gertz sostiene que el marco legal en México "es totalmente inadecuado para la realidad delictiva que vivimos", y observa que el sistema de seguridad y justicia sólo ha funcionado para quienes tienen poder económico o político, pero no al ciudadano común. Su proyecto destaca la creación de un solo código penal para todo el país, la puesta en marcha de una policía nacional y la creación de una estructura con información de todos los gobiernos.

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Miguel Arroyo, miembro de México Unido Contra la Delincuencia, declara que sólo 4% de los actos ilícitos cometidos es castigado y que lo peor de la inseguridad en el país es que las autoridades actúan en connivencia con los delincuentes.

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El secuestro, exprés y de larga estancia, se ha convertido en una lacra en la república mexicana. Es el tercer país del mundo –después de Colombia y Brasil– en número de plagios y las cifras aumentan cada año. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha puesto el grito en el cielo ante esta realidad. Además, ha elaborado sus propias estadísticas, de acuerdo con las cuales de enero a octubre de 2001 ocurrieron 443 secuestros, a los que se suman 750 de tipo exprés, contabilizados hasta diciembre del año pasado. La Comisión de Seguridad Pública de este organismo pide la creación de una fiscalía federal especial para el rapto y aplaude la iniciativa de la participación del ejército en su prevención.

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José Antonio Ortega, miembro de esta comisión, asegura que "los terroristas de México son los secuestradores, ya que operan con gran impunidad y protección, por eso cuesta mucho trabajo combatir este crimen". Todos los empresarios se quejan de la falta de garantías y de las consecuencias que tiene en la inversión. La Cámara Americana de Comercio en México ha sido muy clara: "Si las condiciones de inseguridad en el país continúan deteriorándose en los próximos meses, las firmas estadounidenses podrían disminuir sus operaciones hasta en 40%."

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La Procuraduría General de la República advierte que cada día se cometen en el país dos secuestros, la mayoría en el Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Morelos.

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Ante la desconfianza y la avalancha de cifras "negras", el presidente Vicente Fox convocó en enero a conformar una alianza contra la delincuencia y estableció 2002 como el año de la seguridad. "Vamos a especializar la tarea delito por delito." Por eso, adelantó que habrá una diferenciación de corporaciones policíacas federales y estatales.

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Con los Reyes Magos, el mandatario vino cargado de promesas. Aseguró que este año acabará la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Según él, la lucha contra la delincuencia ha fracasado en México porque las instituciones encargadas de la misma operan de forma independiente. "Vamos a garantizar esa tranquilidad que busca cada familia en el país y vamos a trabajar de costa a costa y de norte a sur, en cada rincón del país, para que se dé esta seguridad", insistió el pasado cinco de enero en su programa radiofónico.

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El panorama en esta materia es desolador. Los criminales están cada vez más organizados y son más violentos; la gente desconfía de policías, judiciales y ministerios públicos. Mientras se publican los datos oficiales de 2001, hay que echar un vistazo a los de 2000. Ese año se cometieron 14’037,000 delitos, pero sólo se denunciaron 1’338,000. Es decir, sólo 95 de cada 1,000 delitos cometidos, según una encuesta elaborada por la Presidencia de la República. Las entidades más peligrosas son Distrito Federal, Morelos, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Guerrero. Pero la esperanza nunca se pierde.

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