Un buen día los consumidores mexicanos se encontraron con la posibilidad de elegir compañía telefónica, más tarde los trabajadores se vieron solicitados por bancos e instituciones para elegir una administradora para sus fondos de retiro, antes los ahorradores y los solicitantes de crédito descubrieron que las tasas de interés no eran iguales en cualquier banco y que se valía escoger y comparar.
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Los grandilocuentes dicen que el pasado 6 de julio México entró a la “normalidad democrática”, que se dio uno de los pasos cruciales en la misteriosa “transición a la democracia”. Puede ser. En términos más terrenales, las elecciones del 6 de julio marcaron otra etapa en el avance paulatino de México hacia un mercado político con competidores reales.
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Dicho de otra forma, ya casi han desaparecido todas las posibles distorsiones entre la oferta y la demanda políticas. Ni siquiera los más pesimistas pueden atribuir los triunfos o las derrotas en los comicios a factores ajenos a la voluntad de los electores (fraudes de todo tipo, inequidades informativas, monopolios forzosos, etcétera).
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La competencia tiene sus bemoles. En primer lugar, la libertad de elegir no garantiza que se elija mejor. Tal vez esa compañía telefónica que seductoramente anuncia Salma Hayek no sea la mejor, tal vez sí, sólo el tiempo y los resultados lo dirán. En segundo lugar, quien decide entre varias opciones asume, quiera o no, las consecuencias de sus actos.
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Por supuesto, los monopolios y las dictaduras, cualquier género de absolutismo, tampoco garantizan lo mejor, pero dejan al individuo el pobre consuelo del fatalismo: “ni modo, así nos tocó, así lo quisieron los que mandan, a mí no me preguntaron...”
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Así las cosas, una de las grandes paradojas del pasado 6 de julio fue que algunos de los beneficiarios finales de la libre competencia política fueron sujetos que aborrecen la competencia en la economía y que ven peligros terribles en la libertad de los trabajadores para escoger su Afore, o en la libertad de los usuarios para elegir compañía telefónica, o en la competencia de tasas de interés entre los bancos.
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El asunto es que, a querer o no, los ganadores de todo tipo en los comicios del 6 de julio han entrado al sistema de libre competencia. En el mercado político ya no se les juzgará como candidatos sino como funcionarios, legisladores, gobernadores, jefes de gobierno de la capital del país.
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Si uno “metió la pata” y escogió determinado banco sólo por la atractiva sonrisa de la “ejecutiva de -cuenta” y nunca hizo una mera comparación de las tasas de interés y los servicios bancarios que ofrecían los distintos competidores, la próxima vez lo pensará con más cuidado al momento de elegir. Algo similar pasa, toda proporción guardada, en el ámbito electoral. También aquí hay decepciones, confirmaciones, arrepentimientos, dudas...
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Los electores ya tendremos oportunidad, sin duda, de verificar si nos dieron “gato por liebre” o retroceso en lugar de cambio. Por su parte, los competidores en la arena política tendrán que mejorar y renovar sus ofertas. Sospecho que en el año 2000 pediremos a los candidatos algo más que una fotogénica sonrisa y una aureola de víctimas.
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Le propongo al lector un ejercicio interesante. Compare los costos (comisiones) de las Afores y el número de afiliados que han logrado. Comprobará que el mercado no es perfecto, que los consumidores no han elegido sólo por motivos racionales, que ha influido una buena publicidad, una mayor promoción y hasta presiones indebidas en un mercado libre (digamos, la “sugerencia” conminatoria de la empresa o del sindicato para elegir tal Afore), pero conforme pase el tiempo el mercado se irá perfeccionando y las decisiones tenderán a la racionalidad.
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Sólo el tiempo nos dirá si como electores acertamos o metimos la pata el 6 de julio. El tiempo y el desempeño de los ganadores. La competencia apenas empezó y, si algunos de los triunfadores del 6 de julio aspira a seguir en el mercado más allá del año 2000 tiene que ofrecer resultados, no promesas.
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El autor es colaborador de TV Azteca y de EL Economista